La Casa Gris y el punto de quiebre en Estados Unidos

Salvador García Soto

Desde la Casa Blanca tomaron la decisión de “apretar” a la administración de López Obrador y exigirle cuentas

En los últimos 15 días la relación entre México y Estados Unidos entró en un punto de quiebre, en el que Washington pasó del diálogo “amable y constructivo” que había tenido con la administración del presidente López Obrador, a tomar acciones concretas y a mandar mensajes que claramente expresan la “preocupación y molestia” que existe en la Casa Blanca por el nulo avance del gobierno mexicano en temas que se definieron en octubre de 2021 durante la visita del secretario de Estado, Antony Blinken, y el de Seguridad, Alejandro Mayorkas, para instaurar el “Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad” en la relación bilateral.
 
El combate y contención al narcotráfico, la migración ilegal, el contrabando ilegal en las aduanas mexicanas y los temas de derechos humanos y estado de derecho, que quedaron definidos en ese encuentro entre los gabinetes de seguridad de Estados Unidos y México, con la participación personal del presidente mexicano, fueron desde entonces prioridades que la administración Biden exigió atender, sobre todo en la seguridad transfronteriza y en las afectaciones que la política de seguridad y combate al tráfico de drogas letales, como el fentanilo, provocan en los Estados Unidos.
 
Y todo indica que, cuatro meses después de aquellos acuerdos, desde la Casa Blanca empezaron a ejercer presión por la falta de acciones eficaces del gobierno mexicano, lo que ya comenzó a afectar y a tensar la relación bilateral. Primero, la cancelación de las importaciones de aguacate a Estados Unidos, justo unos días antes del Super Bowl, a partir de una queja de amenazas a un inspector estadounidense en Michoacán, fue un aviso de que la descomposición causada por el crimen organizado en el occidente mexicano, zona de influencia de Nemesio Oseguera “El Mencho” y su CJNG, estaba siendo registrada desde Washington, ante la apatía e inacción del gobierno de López Obrador.
 
No fue casualidad que justo cuatro días antes de que se decretara el veto al aguacate michoacano en Estados Unidos, el 10 de febrero, el Ejército mexicano entrara finalmente a Aguililla y desmantelara, después de meses de desesperadas peticiones de auxilio de los pobladores de esa zona, el bloque territorial que el CJNG había instalado en ese y varios municipios aledaños, que convirtieron en el territorio a donde presuntamente fue “El Mencho” a recuperarse o a vivir el estado crítico de una enfermedad que lo aquejaba. La liberación de los militares de esa zona sitiada, coincidió con el mensaje desde Washington al bloquear al aguacate mexicano justo en las fechas de mayor consumo de los estadunidenses.
 
Pero antes de eso hubo dos momentos clave que detonaron la decisión de Washington de poner en la mira al gobierno de López Obrador y a su falta de cumplimiento de los acuerdos en materia de seguridad. El primero ocurrió tras la revelación de la Casa Gris que habitó en Houston, Texas, el hijo mayor del presidente mexicano, el 27 de enero pasado, que fue un golpe claramente dirigido al círculo familiar del presidente y a exhibir la falsedad del discurso anticorrupción de este gobierno. El origen del expediente que documentó las relaciones de un posible conflicto de interés por parte de José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams, con la empresa texana Baker Hughes, tenía que ver también con investigaciones realizadas por agencias estadunidenses que ya habían realizado un seguimiento al estilo de vida del primogénito del mandatario mexicano.
 
Y apenas unos días después de que se publicara ese reportaje y justo cuando empezaron las reacciones emocionales y soberbias del presidente López Obrador, que lejos de dar una explicación o transparentar la actividad y los ingresos de su hijo en Estados Unidos, optó por emprender una cacería brutal e ilegal contra los autores de esa investigación periodística, ocurrió otro hecho que tuvo lugar en el mismo condado de Conroe, Texas, en donde se ubica la mansión utilizada por la familia López-Adams: el expresidente Donald Trump, principal enemigo político de la administración Biden, se presentó en esa localidad texana para lanzar un duro discurso en contra del presidente Biden, al que acusó de estar defendiendo a Ucrania, mientras no defiende su frontera sur, por donde siguen entrando “drogas, migrantes, criminales y cárteles mexicanos”.
 
La unión de esos dos hechos hizo que desde la Casa Blanca tomaran la decisión de “apretar” a la administración de López Obrador y exigirle cuentas sobre los acuerdos que él mismo aceptó y firmó en Palacio Nacional el pasado mes de octubre durante la visita de la delegación de halcones encabezada por Blinken y Mayorkas. Y en eso, la radicalización del presidente mexicano, ante las revelaciones periodísticas sobre la vida de su hijo, y sus ataques abiertos a periodistas con la exhibición de ingresos y datos fiscales como una forma de venganza contra los que difundieron el reportaje de la Casa Gris, le abrió otro frente no sólo con Washington, sino con organizaciones de periodistas en otros países, y por supuesto con la propia prensa mexicana que protestó por la violencia presidencial hacia el periodismo.
 
Las recientes declaraciones del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en las que calificó nuevamente el asesinato de periodistas y miembros de la sociedad civil en México como un problema tremendo, fueron el aviso de que el inquilino de Palacio Nacional estaba en la mira de Washington.  "(Es) una mancha para los que trabajamos en defensa y apoyo a #LibertadDePrensa", escribió Nichols en su cuenta de Twitter. "Necesitamos demandar rendición de cuentas y acciones para proteger a estos importantes miembros de la sociedad".

Apenas el miércoles pasado, durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Nichols fue cuestionado sobre el tema por el senador republicano por Texas, Ted Cruz. "Creemos que el asesinato de periodistas y el asesinato de miembros de la sociedad civil (mexicana) es un problema tremendo y una mancha para todos nosotros", respondió. "Necesitamos tomar medidas para proteger a esos miembros importantes de la sociedad mexicana. Es crucial para nosotros redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los políticos, periodistas, miembros de la sociedad civil. Es vital y hablamos de eso con nuestros colegas mexicanos todo el tiempo", dijo el subsecretario de Estado norteamericano.
 
La presión de Washington también se sintió en Palacio Nacional, cuando el propio presidente reclamó el miércoles que el Gobierno de Estados Unidos “siga financiando a organizaciones que me atacan”, en alusión a Mexicanos contra la Corrupción y su participación en los reportajes que documentan el posible tráfico de influencias y conflictos de interés de sus hijos
 
Paradójicamente, mientras acusaba “injerencismo y violación a la soberanía” por esos financiamientos a críticos de su gobierno que otorga la USAID, el presidente mexicano viajó a la frontera norte, a Tijuana, desde donde inició una gira para “supervisar los avances” en las Aduanas mexicanas, en donde la corrupción no ha disminuido a pesar de su plan para darle al Ejército mexicano el control de las garitas aduanales, cuya corrupción y contrabando ilegal, lo mismo de armas, que de mercancías, gasolinas y por supuesto drogas como el fentanilo, fueron uno de los principales temas de los acuerdos firmados en octubre dentro del “Diálogo de Alto Nivel en Seguridad”.
 
Las aduanas mexicanas siguen siendo uno de los temas que más preocupan en Estados Unidos, en donde tienen perfectamente documentado los tipos de contrabando ilegal que suceden en el sistema aduanal mexicano y saben que por ahí, no sólo se filtran los precursores químicos provenientes de China que se utilizan para fabricar en laboratorios de México y de la frontera el fentanilo, la droga que está matando a los estadounidenses; en el país vecino registraron un brutal incremento en la muerte por sobredosis de este opioide sintético, que mató a 100 mil estadunidenses entre abril de 2020 y mayo de 2021.
 
Pero también saben las autoridades estadunidenses que la corrupción de las aduanas mexicanas ha sido una fuente de financiamiento ilegal para el partido Morena, que recibió apoyos del empresario asesinado en noviembre pasado, Sergio Carmona, quien a partir de los recursos que obtuvo del tráfico ilegal de combustibles y otras mercancías, realizó aportaciones millonarias a las campañas de los candidatos del partido lopezobradorista en los comicios de junio de 2021. Por eso no fue casualidad que López Obrador fuera estos días a supervisar las aduanas, en las que ni la presencia de los militares han podido acabar con la corrupción millonaria y la evasión fiscal que afecta tanto a México como a Estados Unidos.
 
Eso es quizá lo más fuerte para López Obrador: que la peor crisis política y de imagen que ha enfrentado su gobierno en los tres años que lleva en el poder, generada a partir de un reportaje periodístico que documentaba un posible conflicto de interés, y ahondada por el manejo errático, soberbio y emocional que le dio su gobierno, ya no sólo le está afectando internamente, con la caída que inicia en las encuestas de popularidad y un creciente clima de tensión y presión por su guerra contra los medios de comunicación; ahora la crisis se le extendió al presidente mexicano hasta el otro lado del Río Bravo, en donde tienen puesta en la mira a su administración.
 
Y si en los meses por venir el gobierno mexicano no reporta y documenta avances concretos en sus compromisos y acuerdos de seguridad con Estados Unidos, cualquier tema de la relación bilateral, desde los aguacates, hasta la defensa de los periodistas y la libertad de prensa, la migración ilegal o la seguridad de las fronteras comunes por el tema del fentanilo y el narcotráfico, será un pretexto para escalar la presión desde Washington al gobierno de López Obrador, lo mismo declarando “terroristas” a los cárteles de la droga, que argumentando un clima de violaciones graves a los derechos humanos y las libertades. ¿Cómo saldrá de esta doble crisis, la interna y la externa, el presidente? Habrá que verlo.
 

NOTAS INDISCRETAS… 

La caída del “diamante negro” de la candidatura de MC al gobierno de Quintana Roo tiene dos lecturas: la primera, que Dante Delgado sopesó los riesgos y el desgaste a su marca, con la postulación de Roberto Palazuelos, por encima del pragmatismo de que el popular y controvertido actor y empresario le pudiera haber dado una gubernatura más a su partido. Esa es la que ven dentro de MC en donde interpretan que su dirigente atendió los reclamos airados de dirigentes, diputados y senadores del partido que consideraban “inviable” e “incongruente” la postulación de Palazuelos. Pero fuera hay otra interpretación y esa proviene del círculo cercano del candidato defenestrado, en donde aseguran que MC utilizó a Palazuelos para llegar a una “jugosa negociación” con el gobernador Carlos Joaquín González, a su vez aliado del Niño Verde, Jorge Emilio González, para “limpiarle completamente el camino” a la candidata verde-morenista Mara Lezama. Sea cual sea la realidad, el hecho es que Dante invitó a cenar a Palazuelos el jueves por la tarde y cuando éste llegó procedente de Cancún y se sentó con el líder nacional de MC, escuchó la preocupación de la dirigencia por un “daño a la marca” y decidió, ahí mismo, bajarse él mismo de la candidatura, antes de que lo bajaran, según narró el propio empresario. Lo que no dijo Palazuelos es que Dante Delgado le ofreció una diputación local a cambio de que se quedara y apoyara la candidatura del morenista José Luis Pech algo a lo que se negó el diamante negro. Veremos de aquí al día de registro de candidatos cómo queda MC y su pérdida de competitividad en Quintana Roo… Los dados mandan Escalera Doble. Semana de altibajos. 
 

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