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La cabeza de Cabeza de Vaca en la mira

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14/09/2019
03:21
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Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, cometerá un error político fatal si no dimensiona el tamaño del problema que tiene encima con el grave caso de las ejecuciones extrajudiciales y el montaje que policías de su gobierno habrían realizado en contra de ocho personas a las que, según denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y testimonios de familiares y vecinos, los agentes estatales secuestraron, torturaron, asesinaron y luego sembraron sus cadáveres para hacerlos pasar como víctimas mortales de un supuesto enfrentamiento a tiros con su misma policía el 5 de septiembre pasado.

No sólo porque el tema ya está en la mira nacional e internacional y es objeto de una investigación federal, tanto de la Fiscalía General de la República, ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por otra indagatoria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino porque con este caso, el mandatario panista que hoy lidera el Grupo de Gobernadores de Acción Nacional se juega la credibilidad y la estabilidad de su gobierno que de por sí mantiene una muy tensa relación con la Federación y en esta coyuntura, sus adversarios y enemigos, tanto de la 4T como incluso de su propio partido, tendrían una oportunidad inmejorable para hacerle daño a su administración y a cualquier proyecto político futuro que tuviera en mente.

El primer síntoma de que Cabeza de Vaca no ha dimensionado que su propia cabeza pende de un hilo si no va al fondo de este asunto y se deslinda completa y creíblemente de un crimen brutal contra civiles que —inocentes o presuntos delincuentes o incluso de ambos— no debieron ser ejecutados y utilizados para simular un enfrentamiento por las fuerzas de seguridad de su gobierno, es que el gobernador se limitó a solicitar “una investigación a fondo” del asunto a su procurador estatal, Irving Barrios Mojica, que a pesar de que goce de su confianza, no es precisamente un fiscal con las mejores cartas de credibilidad y eficiencia, además de que por el vínculo político directo que mantiene con él, difícilmente podría presentar una conclusión imparcial y objetiva en un caso tan delicado que involucra al mismo gobierno al que pertenece.

Irving Barrios llegó a la Procuraduría de Tamaulipas con un historial dudoso en la procuración de justicia. Él fue, como subprocurador de Delitos Federales de la PGR, el encargado de armar y presentar el llamado “Michoacanazo” con el que el gobierno de Felipe Calderón pretendió acusar de vínculos con el crimen organizado a 11 alcaldes, 16 altos funcionarios y un juez del estado de Michoacán en mayo de 2009. Las detenciones y encarcelamiento de todos esos servidores públicos, ejecutadas por Barrios Mojica, terminaron por caerse una a una y ante la “falta de elementos” los jueces liberaron a todos los acusados un año y medio después. De hecho, cuando en el Congreso de Tamaulipas votaron su ratificación, a propuesta del gobernador, sólo la mayoría panista avaló su nombramiento, mientras que 12 diputados del PRI y otros partidos se abstuvieron al declararse “preocupados por los antecedentes del señor Irving Barrios”.

No fue la única vez que el rotundo fracaso del “michoacanazo” le sería recordado a Barrios Mojica. Entre 2012 y 2013, luego de ser despedido de la PGR, buscó ser consejero de la Judicatura Federal, pero en las comparecencias ante el Senado, el expediente de los 35 alcaldes y funcionarios de Michoacán acusados y luego liberados volvió a pesar en su contra y no pasó de las primeras rondas de selección. Después buscó ser fiscal en Guerrero con el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, donde tampoco tuvo suerte y no fue seleccionado por sus antecedentes en el ámbito de la procuración de justicia. Así pasó varios años sin poder ocupar un puesto, hasta que en 2016 el recién llegado gobernador de Tamaulipas lo rescató y lo propuso para ocupar el primer cargo de Fiscal General del Estado.

Recientemente en el caso del asesinato del periodista tamaulipeco Carlos Domínguez, asesinado en Nuevo Laredo el 13 de enero de 2018, la defensa de los acusados de la autoría material de ese crimen acusó al procurador Irving Barrios y a su director de Procesos Penales, Natanael Castelán, de haber “fabricado culpables y testigos” en este delicado caso en el que se acusó, con base en un solo testimonio inducido mediante sobornos, a dos jóvenes originarios de Zacatecas, David Mejía y Adrián Montes, a quienes se les ofrecieron 500 mil pesos a cambio de autoinculparse en el asesinato del periodista Domínguez, por parte de un intermediario del director de Procesos Penales de la Fiscalía de Tamaulipas. El ofrecimiento nunca se los cumplieron y terminaron siendo acusados y procesados con una serie de irregularidades que aún se desahogan en un juicio totalmente irregular, en el que la esposa de uno de ellos ha interpuesto una denuncia de juicio político contra el procurador Barrios y contra el mismo gobernador Cabeza de Vaca.

La pregunta es si con ese fiscal, a quien le encargó la investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, el gobernador confía en tener una conclusión creíble y que no genere dudas sobre lo ocurrido en Nuevo Laredo. Por algo, en su desesperación tras estallar el escándalo esta semana, mientras él andaba de visita política en Washington, visitando el Pentágono junto a su amigo y asesor, el exsenador panista Roberto Gil Zuart, Cabeza de Vaca pidió “el apoyo del FBI” en las investigaciones del multihomicidio en la frontera de su estado.

Y es que, si antes de este delicado asunto, en el que se acusa no sólo una grave violación de derechos humanos sino también un montaje para simular un enfrentamiento y denunciar un clima de violencia desbordada en su estado, al gobernador panista no lo habían querido recibir en Palacio Nacional, después de estos hechos ni siquiera le han tomado la llamada y la orden del presidente López Obrador, para que la FGR investigue y atraiga las ejecuciones de Nuevo Laredo, fue tajante. “En este gobierno no vamos a permitir masacres”, dijo el mandatario nacional.

Para colmo, además del fiscal Gertz Manero y su equipo, hay dos funcionarios federales que recaban pruebas sobre las ejecuciones extrajudiciales y la responsabilidad del gobierno de Tamaulipas en presuntos montajes. El primero es Alejandro Encinas, quien lleva la parte de derechos humanos, y el segundo Ricardo Peralta, quien ve la parte de la participación del gobierno estatal en todo este escándalo. A los dos subsecretarios de Gobernación, Cabeza de Vaca les debe facturas recientes: a Encinas no le quiso financiar centros de Atención Migratoria en el territorio de Tamaulipas; y a Peralta lo acusó de reunirse con grupos de autodefensa criminales en el estado. Y ahora ambos lo investigan. Las vueltas que da la vida. Por eso, en este momento, el gobernador Cabeza de Vaca lo que más debe cuidar es la primera parte de su apellido.

NOTAS INDISCRETAS… Mañana será el primer grito de independencia que dé Andrés Manuel López Obrador. Hay expectación para ver con qué sorprende el presidente en la ceremonia oficial, no sólo porque todos los presidentes siempre le imprimen su estilo y hasta sus “añadidos” en frases o nombres de héroes a la tradicional proclama, sino porque el tabasqueño desde el inicio de su mandato se ha empeñado en demostrar que él es diferente a todos sus antecesores —“No nos confundan, no somos iguales”— y se esfuerza siempre por romper moldes y formas políticas para dejar claro que con él hay un antes y un después en la presidencia. ¿Será que a las frases de los “vivas” y a sus héroes predilectos le suma la frase de “Viva la Cuarta Transformación”? Se aceptan apuestas… En estos días de porros y encapuchados en la UNAM, en los prolegómenos de la sucesión universitaria, hay nombres que han salido a relucir cuando se habla de quienes mueven a los grupos porriles y anarquistas en la máxima casa de estudios. Hace unos días informamos aquí de una carta extensa dirigida al rector Enrique Graue, por parte de la Unión de Alumnos Trabajadores y Profesores en contra de la Impunidad en el CCH, en la que se critica la incorporación al área de la Seguridad de los Colegios de Ciencias y Humanidades de Marco Martínez Blas, quien colaboró por más de 10 años en rectoría con Jaime Vázquez, a quien los firmantes ubican como un “oscuro operador de porros y activistas”. Desde que en la gestión de José Narro llegó a la Rectoría universitaria, bajo el amparo y protección de Miguel Robles, entonces Secretario de Atención a la Comunidad, Jaime Vázquez tuvo recursos ilimitados para infiltrar todo espacio universitario en el que pudiera presentarse un conflicto, con el objetivo de mantener el control. Con los años, Vázquez se aprovechó de esa infraestructura y comenzó a utilizar a grupos estudiantiles de porros y activistas para extorsionar a sectores de la Rectoría y amedrentar a autoridades locales. Generaba caos para él mismo resolverlo o cobraba para que no estallaran las problemáticas. Los encapuchados de la UNAM es una de sus más sofisticadas hechuras. Desde mediados de esta década, los encapuchados han actuado en la institución con absoluta impunidad. Provocaciones, agresiones directas contra universitarios, cierres de Insurgentes, tomas de escuelas y robo en instalaciones, son sello de la casa de estos grupos, englobados en varios frentes estudiantiles. El ataque a Rectoría el 3 de septiembre, dicen los trabajadores y alumnos del CCH, es su responsabilidad. Pero por el modus operandi todo indica que los desmanes en la marcha feminista de hace semanas en la Glorieta de Insurgentes también. Estamos en la antesala de un nuevo modelo de vandalismo disfrazado de movimiento político, en el que los encapuchados causan destrozos en nombre de causas justas, con todo el poder de la impunidad. Un jugoso negocio para quien los mueve y para quienes busquen pegarle a alguna autoridad o gobernante. Una nueva forma de porrismo rebelde, que puede causar más de un dolor de cabeza a las autoridades capitalinas. Jaime Vázquez, ha sobrevivido los tres cambios de titular en la Secretaría de Atención a la Comunidad durante la administración de Enrique Graue. Hasta el fin del priismo tuvo la protección del citado Miguel Robles, que después de salir de la UNAM fue nombrado director adjunto del Cisen. Hoy sus propias redes de interés lo sostienen. Es inexplicable e inconcebible que la Secretaría en cuestión lo tenga entre sus altos funcionarios y siga suministrándole recursos financieros para operar. La institución debe explicar ¿quién lo protege y con qué fines? ¿Cuál es la razón para seguir contando con sus servicios? ...Los dados mandan Escalera doble para el puente. Felices fiestas patrias para todos los amables lectores. ¡Y que Viva México!

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Salvador García Soto
Autor de la columna “Serpientes y Escaleras”, Salvador García Soto es uno de los periodistas críticos con amplia presencia en los medios impresos y electrónicos de México.

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