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Hacienda y el IMSS denuncian a rey del outsourcing

Salvador García Soto

Con denuncias penales en contra de empresas y empresarios que usan el outsourcing para defraudar, se busca dejar claro que es el objetivo prioritario de la 4T

Con dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda y el IMSS van en contra del principal empresario del outsourcing en México, Raúl Beyruti Sánchez, presidente de Gin Group. Después de varios meses de investigaciones conjuntas entre las dos dependencias, se presentaron dos querellas judiciales en contra de una de sus muchas empresas y del empresario por delitos de defraudación fiscal equiparada y omisiones en el pago de cuotas obreros patronales de sus trabajadores, a los que con engaños, según acusan las autoridades, les omitió el pago de seguro de retiro y de cesantía en edad avanzada y vejez.

En pleno debate sobre la regulación del outsourcing y cuando la nueva iniciativa del presidente López Obrador se discute en estos momentos, tanto en Palacio Nacional entre el mandatario y los empresarios, como en la Cámara de Diputados donde se aprestan a aprobarla esta semana con la mayoría de Morena y sus aliados, las acusaciones judiciales contra el llamado Rey del Outsourcing cobran especial relevancia. Se trata de un empresario y un grupo que acumuló una gran cantidad de empresas y una fortuna considerable a partir del uso de la figura de la subcontratación y que para la 4T es ejemplo del abuso y la manipulación de este esquema laboral con fines defraudatorios, tanto que, a veces por su nombre y a veces sin mencionarlo, lo han aludido en ese sentido el presidente López Obrador, los senadores de Morena y hasta la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

En la primera denuncia, presentada por el IMSS contra Beyruti el pasado 18 de agosto, se le acusa como el administrador único de la empresa Distribuciones y Representantes del Sur, S.A. de C.V., y se señala en el texto de la denuncia que “en su calidad de patrón, con el uso de engaños, omitió el pago parcial de cuotas obrero-patronales, así como las correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ocasionando un perjuicio por la cantidad de 40 millones 870 mil 550 pesos, por el periodo comprendido entre 1 de enero al 30 de junio de 2017”, de acuerdo con un resumen de la denuncia al que tuvo acceso esta columna.

La segunda denuncia contra el magnate del outsourcing se presentó el 28 de octubre pasado y fue la Procuraduría Fiscal de la Federación la encargada de formular la querella por defraudación fiscal equiparada, delito previsto en la fracción II del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, y del que se acusó a la misma Distribuidores y Representantes del Sur y a su administrador único Raúl Manuel Beyruti Sánchez, “por haber omitido enterar el Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios por concepto de fomento al ahorro, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017, por la cantidad total de 223 millones 912 mil 664 pesos que debió pagar al fisco.

Según se establece en el resumen de la denuncia, los peritos de la Procuraduría Fiscal analizaron los CFDI’s expedidos por la empresa de Beyruti, en los que el concepto de “Fomento al Ahorro” aparece en cantidad de 223 millones 912 mil 664 pesos, que representa más de un 50% respecto del salario en cantidad de 428 millones 250 mil 660 pesos, por lo que dichos conceptos tendrían que pagar el Impuesto Sobre la Renta.

También vinculadas al tema del outsourcing ilegal hay otras dos querellas judiciales que también interpuso la Procuraduría Fiscal de la Federación, al mando de Carlos Romero Aranda. Una de ellas es en contra de la empresa Constructores de Sistemas Cosed, S.A. de C.V, que entre otras cosas, declaró deducciones falsas derivadas de operaciones inexistentes, ingresos acumulables menores, omitió enterar a las autoridades fiscales dentro del término de ley, el ISR retenido por concepto de los ingresos por salarios y omitió el pago de IVA, todo eso por un monto superior a los 845 millones de pesos.

Aunque esta última empresa no aparece en el directorio del grupo de empresas de Raúl Beyruti, las autoridades fiscales tienen elementos para suponer que también está vinculada al empresario, aunque eso no se menciona en las denuncias penales por no tener certeza plena. Se sabe que Constructores de Sistemas Cosed da servicio a varias firmas importantes de tecnología en México, entre ellas una de sus principales clientes es Sofftek, de Blanca Treviño, la principal empresa de TI en México y Latinoamérica y que también presta servicios de outsourcing en el ramo tecnológico.

Un caso más, ese sí ajeno al caso Beyruti, es otra denuncia que presentó la PFF contra la empresa Lot & MLP Asesores, S.C., a la que se acusa de que en el ejercicio fiscal de 2017, entre otras cosas, declaró ingresos acumulables menores y omitió enterar al fisco del ISR retenido por concepto de asimilados a salarios y sueldos, causando con eso un daño al fisco por cerca de 305 millones de pesos.

En vísperas de que esta semana se defina cómo quedará el nuevo marco regulatorio para el esquema del outsourcing y la subcontratación en el mercado laboral mexicano, y a reserva de qué tanto acepte modificar el presidente López Obrador su iniciativa de ley en la reunión que tendrá hoy por la noche con los líderes empresariales en Palacio Nacional, lo que es un hecho es que la propuesta de ley avanzará rápidamente en el Congreso y es muy posible que esta misma semana quede aprobada en la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, con denuncias penales en contra de empresas y empresarios que han utilizado el outsourcing para defraudar al SAT y al IMSS, se busca dejar muy claro que ese el nuevo objetivo prioritario de la 4T y, para poner el ejemplo, no dudarán en dar un golpe legal al mayor empresario del outsourcing en el país y uno de los que se beneficiaron de ese esquema, no siempre de manera legal, y que contó con el apoyo y protección de los últimos gobiernos: Raúl Beyruti Sánchez.

NOTAS INDISCRETAS…

En medio del inocultable crecimiento de la pandemia de Covid en el país, con cifras de contagios, hospitalizaciones y muertes que nos devuelven a los niveles de agosto y confirman las burdas mentiras de la “curva aplanada” y la “pandemia domada”, en el gobierno de la 4T se viene una nueva batalla interna que ya se ha dejado ver en las últimas semanas: ¿quién va a ser el encargado de coordinar la recepción, manejo y aplicación de las vacunas contra el Covid en la República? Hay quienes piensan que esa labor debería dejársele al canciller Marcelo Ebrard, que ha sido el principal operador y negociador para obtener las vacunas, pero por otro lado está claro que el ambicioso subsecretario Hugo López-Gatell quiere tener el control del tema y ha hecho expresiones públicas que lo dejan claro, mientras otros recomiendan que se nombre a un funcionario externo que funja como una especie de “zar de las vacunas” contra el Covid. Y ahí se desliza el nombre de Juan Ramón de la Fuente, cercano al presidente López Obrador y exsecretario de Salud. Sólo que si es el actual embajador ante la ONU el que coordine tan importante labor, estará claro que la puja la ganó la Cancillería… Este lunes cumple 59 días el bloqueo que integrantes de la CNTE mantienen en las vías ferroviarias que cruzan por Michoacán, y todo parece indicar que a pesar de que el problema está estrangulando la economía del estado, el gobierno federal no tiene la menor intención de intervenir para desalojar a los inconformes que, según cálculos conservadores, deja pérdidas económicas diarias por 800 millones de pesos. Aunque no lo dicen abiertamente, empresarios de la entidad comentan saber por qué la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no piensa actuar en lo que a todas luces es un problema del orden federal: porque los dirigentes de la sección 18 de la CNTE, que mantienen los bloqueos, son auspiciados por políticos como el senador Cristóbal Arias y el alcalde de Morelia, Raúl Morón, ambos morenistas que tienes fuertes aspiraciones en las elecciones estatales de 2021. Ni siquiera el hecho de que un sondeo realizado por la empresa Blitz revelara que 8 de cada 10 michoacanos están a favor de un desalojo de los inconformes, incluso por la fuerza, ha merecido una mínima acción de las autoridades federales. Al parecer éstas prefieren apostar porque el conflicto desgaste políticamente al gobernador Silvano Aureoles, máxime ahora que ha logrado un mejor posicionamiento junto con los demás gobernadores que integran la Alianza Federalista. ¿Será que los empresarios michoacanos tienen razón, y el gobierno federal está ya más preocupado por las elecciones de 2021, que por atender los problemas que afectan la economía y el empleo en estos momentos de crisis? Veremos. Los dados mandan Escalera. La semana pinta para buena.

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