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Guatemala demandará a Tamaulipas por “crimen de Estado”

Salvador García Soto

No se quedará con la versión de que todo fue obra de “malos policías”

Un artículo del senador Ricardo Monreal, que publicó en su página de internet el pasado viernes con el título “Camargo, Crimen de Estado”, daría pie a que el gobierno de Guatemala interponga una denuncia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acusará al Gobierno del estado mexicano de Tamaulipas de haber cometido un crimen de Estado y de lesa humanidad tras comprobarse que fueron policías al servicio de ese gobierno los que asesinaron y calcinaron a 14 migrantes de origen guatemalteco, cuyos cuerpos han sido plenamente identificados. La denuncia que ya preparan las autoridades guatemaltecas, tomaría como referencia las afirmaciones del líder de la mayoría del Senado mexicano, quien asegura en su publicación que “el salvaje y artero ataque se encuadra en la tipología de ´crimen de estado’, el cual es definido como la acción concertada de agentes estatales para asesinar, desaparecer, exterminar, desplazar o perseguir a grupos de civiles desarmados por motivos, sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales”.

De acuerdo con fuentes de la embajada de Guatemala en México, el texto del senador Monreal Ávila serviría para sustentar la denuncia que ya preparan los abogados del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, en la que se exigiría que el gobierno de Tamaulipas asuma la responsabilidad total y plena de este crimen cometido contra ciudadanos guatemaltecos en su territorio y por parte de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GOPE) una fuerza policiaca estatal que además cuenta con varios antecedentes de haber estado involucrada y señalada de cometer ejecuciones extrajudiciales en contra de ciudadanos y acusado de violaciones de derechos humanos en ese estado.

La demanda de Guatemala buscaría no sólo el reconocimiento de que la masacre de Camargo fue un “crimen de estado” sino también el pleno resarcimiento de los daños a las familiares de los 14 migrantes que, según las investigaciones, fueron interceptados por los policías estatales, detenidos ilegalmente, asaltados y luego acribillados y sus cuerpos quemados con la intención de ocultar evidencias y esconder el crimen que cometieron los agentes del estado. Incluso, en el mencionado artículo del senador Monreal, en el que se basará la denuncia de las autoridades guatemaltecas, el coordinador morenista solicita que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones de este caso, ya que “la masacre de Camargo del pasado 22 de enero, que no sólo afecta al estado (Tamaulipas) sino al país en su conjunto, como lo evidencian las denuncias que se preparan ante organismos internacionales por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del gobierno local”.

Aunque son de todos conocidas las enormes diferencias y hasta confrontaciones abiertas que existen entre el senador Monreal y el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en este tema de Camargo lo que podría venir, si se presentan y procesan las denuncias ante la CIDH, trasciende con mucho a las grillas políticas y colocaría, no sólo al gobierno tamaulipeco, sino al mismo gobierno de la República, ante una acusación de carácter internacional por violaciones de derechos humanos graves y por una masacre cometida por autoridades del Estado mexicano, justo dos cosas de las cosas que, en sus discursos, el presidente López Obrador ha dicho que “ya no suceden en México” durante su mandato.

De los 11 policías del GOPE de Tamaulipas que fueron acusados por la masacre de los 14 guatemaltecos y cuatro mexicanos hasta ahora ninguno ha sido detenido y se repite la historia de otros hechos graves de violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales en los que se ha visto involucrado ese grupo de élite de la policía estatal. El 5 de septiembre de 2019, ese mismo grupo fue acusado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo de haber ejecutado extrajudicialmente a 8 personas en la colonia Buenavista, las cuales fueron sacadas de sus casas por la fuerza por los policías estatales, según revelaron testigos y familiares sobrevivientes, y luego les pusieron uniformes de tipo militar y los ejecutaron a quemarropa colocándolos dentro de una camioneta para tratar de simular un supuesto enfrentamiento con miembros del crimen organizado. El caso fue denunciado y documentado por Raymundo Ramos, del Comité de Nuevo Laredo, quien tuvo que huir ante las amenazas e intimidación a testigos y denunciantes y aunque se pidió la intervención del presidente y de la FGR, el asunto quedó en la emisión de ordenes de aprehensión contra 7 policías integrantes del GOPE, aunque ninguna autoridad estatal asumió la responsabilidad.

Más recientemente, en el municipio Río Bravo el 9 de febrero del 2020, los miembros del GOPE se vieron involucrados en otra ejecución extrajudicial cuando acribillaron a balazos a Juan Daniel Ortiz Martínez, un joven ingeniero que salía de un Oxxo cuando policías del grupo de élite Fuerza Tamaulipas le dispararon 50 balas, por una supuesta confusión de la que nunca hubo responsables, a pesar de la indignación y las denuncias de testigos que presenciaron esa ejecución.

Veremos si en esta masacre de Camargo, por tratarse de ciudadanos de otro país, el caso toma otro derrotero y no queda sólo en acusaciones a policías que además tuvieron todo el tiempo de fugarse y ni siquiera han sido localizados. El gobierno de Guatemala parece dispuesto a no quedarse con la versión de que todo fue obra de “malos policías” vinculados al crimen organizado o que se dedicaban a robar y extorsionar a los migrantes indocumentados que cruzan el territorio de Tamaulipas en su intento de llegar a los Estados Unidos. Una queja ante la CIDH, como la que ya preparan en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Guatemala, colocaría el tema en un “crimen de estado” del que tendría que responder sí el gobierno tamaulipeco, pero también el gobierno de México.

NOTAS INDISCRETAS… 

En las próximas horas un juez de la Ciudad de México reactivará la orden de aprehensión en contra de Mariele Helen Eckes de Lozoya, la esposa del exdirector de Pemex, a quien acusaron desde 2019 de defraudación fiscal. Y aunque la acusación se había mantenido viva, los efectos de la orden de detención se habían cancelado ante las negociaciones que realizó Emilio Lozoya Austin con la Fiscalía General de la República, en la que ofreció dar información importante para lograr el “criterio de oportunidad” a cambio de lo cual pidió que detuvieran todos los procesos en contra de su esposa, su madre y su hermana. En su momento la FGR aceptó frenar las acusaciones contra los familiares de Lozoya, pero el hecho de que ahora reactiven la denuncia y orden de aprehensión contra su esposa parece anunciar que las cosas se le pueden complicar a Lozoya Austin, si es que no termina de acreditar sus dichos y acusaciones sobre los sobornos que repartió de Odebrecht para la aprobación de la reforma energética. Lozoya acusó hasta 70 políticos y para corroborar sus afirmaciones y la veracidad de éstas, ofreció dos testigos que son clave para que la FGR le termine de reconocer la calidad de “testigo protegido”. El problema es que sus dos testigos se han negado a comparecer y a declarar ante la Fiscalía que ya los llamó en varias ocasiones para que acudan a comprobar los dichos de Lozoya, pero los testigos --a saber Rodrigo Arteaga Santoyo, exsecretario particular y Norberto Gallardo, ex miembro del Estado Mayor Presidencial y quien fue su jefe de escoltas, se han negado a acudir a los citatorios de la FGR. Y aquí pueden pasar dos cosas: que la Fiscalía opte por forzar y obligar a los testigos de Lozoya a presentarse, con una orden de presentación obligatoria, y que, si eso ocurre y los dos testigos acuden a declarar obligados y no respaldan los dichos del ex director de Pemex, entonces Emilio Lozoya estaría en serios problemas y podría perder el “criterio de oportunidad” y ser enjuiciado por los delitos que se le imputan y hasta por nuevas investigaciones que han presentado instancias del gobierno como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Así que pronto el caso Lozoya podría dar un vuelco: o se fortalecen las acusaciones de Lozoya con la declaración voluntaria de sus testigos o la Fiscalía los obliga a declarar y en una de esas terminan acusando a su antiguo jefe… Hablando del senador Monreal, ayer difundió su propuesta para regular a las “benditas redes sociales” a las que hoy ya la 4T ve como “malditas redes”. La iniciativa monrealista, que lleva el sello de Morena, propone que Facebook, Twitter, Tik Tok, Instagram, Youtube y otras que actualmente operan en México tengan que tener un “permiso” del gobierno mexicano para poder operar en nuestro país, que se sometan a la jurisdicción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y que acepten pagar multas, en caso de que el IFT considere que violaron la libertad de expresión de un ciudadano mexicano. Las multas contra las redes sociales podrían ser de hasta 89 millones de pesos, según la iniciativa de Monreal. Veremos qué tan viable resulta la ocurrencia, perdón la propuesta de ley del líder morenista… El conflicto interno en el PRI, que desataron las listas plurinominales en las que prevalece solo los integrantes del grupo político que hoy controla al partido, llegaría pronto hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de una queja que ayer presentó ante el CEN priista el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Mediante un escrito en el que acusa violación a los derechos de los militantes, que no fueron consultados en sus órganos de decisión partidista en la elaboración de estas líneas, Ulises, quien es además enemigo histórico del exgobernador José Murat, presentó ayer en la sede nacional priista, a través de su abogado, en la sede nacional priista el recurso de impugnación en contra de las decisiones del CEN en el tema de las listas. En su cuenta de Twitter, el ex gobernador de Oaxaca primero reportó que el abogado Marmolejo estaba esperando que le recibieran el recurso y que los abogados del PRI al parecer se negaban y le daban largas, aunque al final tuvieron que aceptar la queja de Ulises Ruiz y ahora tendrán que presentarla ante el Tribunal Electoral a ver qué dicen los magistrados electorales de lo que los priistas denuncian como un abuso de sus dirigentes…Ayer que regresó a la actividad pública el presidente López Obrador, con su mismo discurso de polarización y ataques y hasta con sus “otros datos” con los que desestimó la cifra del INEGI que documentó la caída del consumo en 11% en 2020, muchos se dijeron decepcionados porque esperaban a un presidente más tranquilo y conciliador después de haber padecido la enfermedad de Covid. Pero como dice el dicho, que no haya ingenuos para que no haya decepcionados, porque el mandatario confirmó ayer por qué le gustaba que su esposa Beatriz Gutiérrez Müeller le cantara aquella canción de “El Necio” de Silvio Rodríguez. Cuando los reporteros le preguntaron si después de haber estado contagiado ahora sí usaría el cubrebocas, que por supuesto no llevaba puesto, López Obrador, como San Pedro cuando negó a Cristo, dijo tres veces la palabra “No”. No, no y no, el presidente no va a cambiar, al menos no para bien, quién sabe si para mal…Por cierto, colaboradores cercanos de Palacio Nacional nos cuentan que de los 14 días que estuvo en cuarentena, sólo los primeros tres días el presidente tuvo molestias y síntomas, como dolor de cabeza, de cuerpo y malestar general. Después del tercer día, como Lázaro, López Obrador se levantó y anduvo caminando por los jardines y pasillos de Palacio, a pesar de que los médicos que lo atendía, y que le metieron cantidades importantes de Remdesivir, el antiviral que están probando en un protocolo del Instituto Nacional de Nutrición y que le suministraron por la vía intravenosa. Es el mismo antiviral que le inyectaron a Donald Trump y con el que lo levantaron en los mismos tres días cuando tuvo Covid y que le permitió salir del hospital al cuarto día. Igual AMLO, solo tres días padeció la enfermedad y después estuvo como león enjaulado y hablando todo el tiempo con sus colaboradores a los que les pedía conectarse vía zoom para tener reuniones de trabajo y a algunos incluso, ya el pasado fin de semana, cuando le habían hecho de anticuerpos que dio negativa, les pidió ir a platicar con él personalmente. Lo único extraño y que al interior de Palacio hoy reconocen como un error, fue que López Obrador no aceptara salir en un video en los primeros cuatro días, cuando no había información precisa y suficiente de su estado de salud y el vacío de información comenzó a llenarse con rumores y versiones de lo más absurdas que ponían al mandatario en estado de gravedad o incluso internado de emergencia en el hospital militar. “No quiso salir antes y eso hizo que empezara a haber demasiadas especulaciones. Le dijimos que saliera antes o subiera algún video desde su confinamiento, pero no lo hizo hasta el quinto día”, comentó la fuente de Palacio. Tal vez eso explica por qué el presidente salió ayer tan embravecido y con la espada desenvainada contra los medios de comunicación y los periodistas que especularon sobre su estado de salud. Tal vez más que emprenderla contra los comunicadores de la prensa, el presidente debería reprender y cambiar a sus comunicadores de casa porque si algo quedo claro fue el vacío de información que privó en los cinco días que él estuvo ausente y que se confirmó que en este gobierno, si no es el presidente en sus mañaneras, nadie más, ni del gabinete ni de sus voceros comunica nada…Batimos los dados. Escalera y subida.

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