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Gobernadores, partidos y empresarios van juntos al 2021

Salvador García Soto

La Alianza Federalista se ha aliado con algunos empresarios de Monterrey, para hacer un frente electoral común

Los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista han decidido llevar sus demandas de un nuevo federalismo fiscal hasta las urnas electorales. Y en busca de romper la mayoría del presidente López Obrador en la Cámara de Diputados, se han acercado a un grupo de empresarios de Monterrey con los que dialogan sobre una estrategia conjunta hacia los comicios federales de 2021, en la que el eje principal sería una “alianza de facto” con candidaturas apoyadas indistintamente por los votos del PRI, PAN, PRD y MC, y un discurso común que exhibiera y denunciara “la fallida e irresponsable estrategia contra el Covid19” responsabilizando al gobierno lopezobradorista de los cientos de miles de muertos y el más de 1 millón de contagiados que para las votaciones de junio del próximo año habrá en el país.

Al poner el acento de las próximas campañas en el “manejo irresponsable” de la pandemia, el bloque de los aliancistas, apoyados con financiamiento de los empresarios norteños, buscaría repetir la estrategia con la que Joe Biden derrotó a Donald Trump en las recientes elecciones de Estados Unidos, provocando un “voto de castigo” hacia el gobierno de López Obrador y su partido Morena por las cifras de muertos y contagios que colocan a México como uno de los países con mayor mortalidad y con menos control sobre el Covid a nivel internacional.

A través de intermediarios, los mandatarios aliancistas han hecho contacto con algunos de los poderosos capitanes regios que están interesados en influir también en la próxima elección y han comenzado a armar una estrategia en la que los gobernadores ofrecen 30% de candidaturas para el grupo empresarial del norte y una alianza de partidos, PRI, PAN, PRD y MC, para postular y apoyar candidatos comunes en al menos 100 distritos estratégicos de la República con los que se puede quebrar el actual dominio legislativo de Morena.

Siguiendo el consejo que les dio el mismo presidente en una de sus conferencias mañaneras, donde les dijo que si querían cambiar las leyes de coordinación fiscal “primero ganen la mayoría en el Congreso”, los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Aguascalientes, Michoacán, Durango y Colima trabajan en una estrategia conjunta para que sus partidos hagan alianzas de facto y postulen a los candidatos mejor posicionados en cada distrito, de tal manera que la fuerza de todos los partidos se unifique para hacer ganar las votaciones a los candidatos con mayores posibilidades sin importar de qué partido sean. En ese esfuerzo el apoyo de los empresarios sería apoyar con financiamiento a las campañas en cada uno de los 10 estados, a cambio de que les garanticen una cuota del 30% de candidatos propuestos por el empresariado.

Los acercamientos entre los gobernadores de la Alianza Federalista y los empresarios de Monterrey los tienen bien ubicados en Palacio Nacional, donde aseguran que “ha habido contactos a través de intermediarios” entre los mandatarios estatales y los hombres del dinero regiomontanos e incluso se refieren a estos acercamientos como “el Frena 3”, porque lo ubican como un bloque que intentará arrebatarle la mayoría en la Cámara de Diputados al actual gobierno.

En los cálculos de la alianza de facto que trabajan los estados aliancistas, la apuesta es a 100 distritos, aunque en el escenario menos favorable consideran que con ganar 80 distritos electorales de mayoría se acaba automáticamente con el control que ejerce Morena en San Lázaro, y con un bloque opositor sólido, que enfrente al partido oficial en la próxima legislatura, podrían no sólo modificar el Presupuesto Federal sino revertir algunas reformas a leyes secundarias y frenar incluso nuevos intentos de reformas constitucionales porque también se rompería la mayoría calificada que requeriría el presidente López Obrador para hacer cambios constitucionales –como la reforma que ha comentado al artículo 27 constitucional para revertir la participación privada en el sector energético— en la segunda parte de su administración.

Otra de las estrategias que han acordado realizar los gobernadores es la realización de foros en sus estados en las que denunciarán e insistirán en que la Federación les está disminuyendo los recursos a sus entidades, con lo que peligra la atención de las necesidades de sus habitantes. Cada gobernador organizará eventos y mensajes constantes en ese sentido para motivar entre la población de sus estados un rechazo al gobierno federal y a la figura del presidente por no atender los reclamos ni las necesidades de los habitantes de la República, además de rechazar dialogar y atender a los mandatarios de la Alianza.

Ayer en Tamaulipas, el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca organizó el primero de estos foros denominado “Diálogo con Sectores de la Sociedad de Tamaulipas sobre el Nuevo Federalismo”, en el que se expuso ante unos 30 líderes de sectores estratégicos de la sociedad tamaulipeca que “hay una disminución de 7 mil millones de pesos de parte de la Federación” para la entidad, que además recibe un “trato injusto” de la Federación en los recursos que recibe en comparación con los impuestos y recaudación que genera. En el evento se tomó la protesta al Consejo Económico y Social de Tamaulipas, en el inicio de una estrategia que replicarán los 10 estados aliancistas para mantener vigente, de aquí a las campañas, su discurso en contra del centralismo fiscal.

Así es que, si lo que quería el presidente López Obrador era que los 10 gobernadores, a los que no quiso recibir ni dialogar como bloque, ni él ni sus secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, ni de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se unieran para competirle en las elecciones de 2021 ya lo logró. La Alianza Federalista ya no sólo es un grupo de mandatarios estatales que busca un nuevo Pacto Fiscal y una revisión del Convenio de Coordinación entre los estados y el gobierno central; ahora también es un bloque electoral que, aliado con algunos de los empresarios más ricos de Monterrey, harán un frente electoral común con un objetivo concreto y claro: acabar con la mayoría legislativa de Morena y con ello buscar el descarrilamiento de la ya afectada 4T.

NOTAS INDISCRETAS...

En medio de la crisis que se desató en Quintana Roo, por la agresión de policías locales que dispararon el lunes por la noche en contra de una manifestación de mujeres que protestaban por el asesinato de la joven Bianca Alejandrina “Alexis”, cuyo cuerpo se encontró descuartizado, el gobernador Carlos Joaquín González tuvo que aceptar anoche la separación del cargo de su secretario de Seguridad estatal, Alberto Capella, quien será investigado para deslindar responsabilidades en este acto de brutalidad policiaca que dejó al menos 5 heridos de bala. El hecho fue calificado de “represión policíaca” por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien en un mensaje en Twitter exigió que se investigara el hecho y se castigara a los responsables. Lo mismo hizo el presidente López Obrador, mientras que el organismo de ONU Mujeres calificó de reprobable la actuación de la policía estatal. Ante la gravedad de los hechos, en un principio la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, deslindó a su administración y dijo que el “mando único estatal” era responsabilidad del gobierno del estado. La respuesta de Carlos Joaquín fue rechazar cualquier culpa y lanzar la responsabilidad contra la alcaldesa morenista. Algo ocurrió o alguien debió llamar a los dos funcionarios porque para la noche se detuvo el reparto de culpas, que claramente evidenciaba las diferencias políticas entre el gobernador y la presidenta de Benito Juárez, quien además tiene aspiraciones de ser candidata a gobernadora. Primero fue Mara Lezama la que anunció la destitución del jefe de Seguridad municipal, Eduardo Santamaría, y por la noche el gobernador Carlos Joaquín anunció que Capella se separaba del cargo para que se abriera una investigación para deslindar quién dio la orden a los policías de disparar contra los manifestantes. Y vaya que el mandatario quintanarroense ha defendido a capa y espada a su secretario Capella y lo ha sostenido aún en medio de estas crisis, pero esta vez tuvo que aceptarle la separación y la investigación...Dados girando, Capicúa.

 

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