El Insabi libra lo político, ahora falta que funcione

Salvador García Soto

Con una operación política que comenzó el 14 de enero con una invitación a Palacio Nacional y un menú de comida tabasqueña, el presidente Andrés Manuel López Obrador logró finalmente que los 32 gobernadores del país aceptaran incorporarse al Instituto de Salud para el Bienestar y firmaran su convenio de adhesión. Los últimos en aceptar al nuevo instituto y su modelo de gratuidad total, fueron los 9 mandatarios estatales del PAN, que después de haber sido los más reacios y que más cuestionaban la viabilidad financiera del modelo lopezobradorista, ayer finalmente llegaron a un acuerdo con el arqueólogo Juan Ferrer para incorporarse al Insabi y el próximo martes reunirse con el presidente en Palacio Nacional.

Las cuatro condiciones que pusieron los panistas y que aceptó el gobierno federal para que apoyaran al Insabi fueron:  1. Que no se centralice la operación de los servicios médicos ni de la infraestructuras de salud y que los estados puedan seguir operándolas; 2. Que se reparta entre todos los estados la bolsa de los 40 mmdp del Fondo Catastrófico del desaparecido Seguro Popular y se establezcan reglas claras para ese reparto; 3. Que la gratuidad total sea progresiva, y 4. Que haya libertad para que los estados participen en las compras consolidadas federales o compren ellos mismos sus medicamentos. A cambio de eso, los 9 gobernadores de Acción Nacional (Aguascalientes, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Querétaro, Durango y Guanajuato) se comprometen a dar “todo el apoyo al Presidente para establecer un solo sistema de salud para no afiliados en la República”, según declaró ayer el presidente del Grupo de Gobernadores panistas, Martín Orozco, de Aguascalientes.

El martes que el presidente López Obrador los reciba en Palacio Nacional se acordarán los términos para trabajar en la redacción de los anexos que el gobierno le pondrá a los reglamentos de operación del Insabi para incluir las peticiones de los mandatarios panistas y con eso se cierra la turbulencia política que afectó el arranque del nuevo modelo de salud pública. En una misma semana, primero el lunes pasado al reunirse el Presidente con los 11 gobernadores del PRI y ayer con el acuerdo entre los gobernadores panistas y el arqueólogo Ferrer, se logró resolver la parte política que afectaba al Insabi por las diferencias y cuestionamientos de los gobernadores que tenían muchas dudas sobre el funcionamiento del nuevo instituto y sus reglas de operación.

Ya sin la presión política, el problema mayor que debe resolver ahora el gobierno de López Obrador y el director del Insabi son las miles de quejas sobre la crisis de servicios, desabasto de medicamentos, instrumentos e insumos médicos y cobros excesivos por servicios que aún existen en las clínicas y hospitales públicos. Más que las diferencias con gobernadores, que finalmente fueron hábiles y rápidos para resolverlas, el Presidente y su amigo Juan Ferrer tendrán que aplicarse ahora para que el funcionamiento del Insabi se comience a regularizar y que se resuelvan todas las quejas que provocó el desordenado arranque del nuevo instituto y la apresurada y mal planeada transición del antiguo Seguro Popular.

Más que la gratuidad completa, que es donde más ha puesto el énfasis el Presidente, lo que tendría que resolverse primero es el abasto regular y programado de medicamentos para enfermedades como el cáncer, VIH, diabetes, enfermedades respiratorios y materiales e instrumentos para cirugías y terapias. Y para resolver la crisis de abasto, López Obrador y su gabinete de salud y hacendario tendrían que reconocer que fueron ellos mismos, con sus cambios y modificaciones al sistema de compra de medicamentos e insumos, los que ocasionaron los faltantes y dejar de culpar a médicos, laboratorios y padres de pacientes enfermos. Menos conspiraciones y más honestidad y eficiencia le vendría bien al gobierno federal para hacer que funcione su nuevo modelo de salud pública gratuita.

Lo segundo tendría que ser el resolver el esquema financiero y garantizar a los Institutos Nacionales de Salud y a los Hospitales de Especialidades del sector público que tendrán el presupuesto suficiente para prestar sus servicios y atender a sus derechohabientes, para que no tengan que establecer cobros desmedidos como los que pusieron en marcha en las últimas semanas ante la poca claridad y el flujo de recursos desde el presupuesto federal. Más diálogo y explicaciones con los grandes institutos y hospitales, para garantizarles los presupuestos suficientes, es un paso indispensable para que se haga realidad, gradualmente, la gratuidad total de sus servicios que ha prometido López Obrador y que no va a ocurrir por decreto, sino con base en una planeación presupuestal y financiera realista y responsable.

Un mes le bastó a López Obrador para operar y resolver las diferencias políticas que amenazaban al Insabi; ahora toca que el Presidente se aplique y ponga a trabajar en serio a su gabinete de Salud y de Hacienda para que resuelvan la parte operacional y de funcionamiento y servicio del nuevo Instituto. El presidente dijo que hasta “el 1 de diciembre va a funcionar bien y se van a resolver los problemas del Insabi”. Pero 10 meses parecen una eternidad y un tiempo que no tienen muchos pacientes con enfermedades graves y muchos de ellos en fases avanzadas o terminales. Tendría que ser mucho antes, lo más pronto posible, que se resuelvan las problemáticas que hoy tienen en crisis al sector de la salud pública; entre más tiempo pase, el tema se convertirá en una bomba política y social que ni la rifa del avión presidencial evitará que le estalle a López Obrador y a su 4T.

NOTAS INDISCRETAS…

Yeidckol Polevnsky presentó ayer sus recursos de impugnación al Congreso Nacional de Morena que la desconoció como presidenta en funciones y votó mayoritariamente por la presidencia interina de Alfonso Ramírez Cuellar. Los argumentos centrales de Polevnsky en sus denuncias presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que ni la convocatoria al Congreso fue legítima, ni la elección de Ramírez Cuellar para una “presidencia interina” tiene sustento en los estatutos internos de Morena. Yeidckol parece ser la más afectada con el nuevo reacomodo de fuerzas que ocurrió el domingo 26 de enero en Morena, pues en ese Congreso y con el nombramiento de Alfonso, la que tomó el control del partido fue la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien recibió el respaldo de Bertha Luján y al parecer también de Mario Delgado, que no impugnó esa nueva elección. Tiene sentido entonces que Polevnsky impugne y, aunque puede tener el beneficio legal de los magistrados electorales, lo que ya no parece tan claro es que tenga el respaldo del presidente López Obrador, pues si bien la dirigente dice que sigue teniendo comunicación con el inquilino de Palacio Nacional, a través de su secretario particular, Alejandro Esquer, lo cierto es que hasta ahora López Obrador no ha cuestionado la elección de Ramírez Cuéllar y, por el contrario, las dos ocasiones que en esta semana le preguntaron qué pensaba sobre los conflictos internos de Morena —la primera por los reporteros en la conferencia mañanera del martes y la segunda el jueves por la mañana por los senadores morenistas que lo visitaron en Palacio Nacional— el Presidente se mantuvo al margen con la misma respuesta: “Yo no me voy a meter, que resuelvan ellos; yo no soy jefe de Partido, soy jefe de Estado y aspiro a ser jefe de la Nación”. Es decir, que aunque AMLO se dice al margen de lo que está ocurriendo en Morena, lo cierto es que no condenó ni rechazó la llegada de Alfonso Ramírez Cuéllar a la dirigencia, porque éste trae todo el aval de Palacio Nacional por su cercanía con Claudia Sheinbaum. Así que veremos si a Yeidckol le va bien en la vía jurídica, porque en la política ya parece que tiene demasiada desventaja en su intención de mantenerse como presidenta de Morena…A propósito de Yeidckol, uno de sus operadores cercanos en la pasada elección presidencial, fue su coordinador en el Noroeste, Alfredo Treviño, quien manejó la elección de candidaturas y procesos en Nuevo León y otros estados. Si ya después del triunfo de López Obrador y del avance morenista en Nuevo León hubo acusaciones graves contra Treviño, por su cercanía con el exprocurador de Justicia estatal, Roberto Flores, y por señalamientos de “venta de candidaturas” de Morena, ahora en Monterrey de plano aseguran que Alfredo Treviño traicionó a Yeidckol y que engaña al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, al pactar con priistas en Nuevo León. Diputados de Morena en el Congreso local, aseguran que Treviño es “un traficante de influencias que se vende en cada esquina electoral. Lo mismo le da negociar huachicol que pactar con las mafias de las aduanas de estados como Veracruz, Tamaulipas y Yucatán. Los hidrocarburos y el negocio de las pipas están en su agenda y su relación con los casineros es una piedra en el zapato para la 4T”. Total que, según los legisladores morenistas, a los que alguna vez trató de controlar, el que fuera coordinador de Morena en Nuevo León, Alfredo Treviño, es un político al estilo del viejo PRI que se puso el traje de la Cuarta Transformación. ¿Será el único?...Los dados mandan Escalera doble. Se acabó el intenso enero. Bienvenido febrero y que sea más leve.

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