El Cártel de Sinaloa y el caso Tiburón

Salvador García Soto

El cártel trasladó cocaína en tiburones congelados y rellenados con la droga

A través de la empresa Corporativo Pesquero Velázquez, propiedad de Martín Velázquez Cuevas, el Cártel de Sinaloa estuvo trasladando cocaína desde Costa Rica en tiburones congelados que eran rellenados con la droga y trasladados desde Centroamérica hasta el Puerto de Progreso, Yucatán, para después ser transportados a Jalisco. Esa operación, para la que sacrificaron decenas de miles de escualos, duró varios años, al menos desde 2009 que se decomisó un primer cargamento de tiburones con cocaína en Progreso, por parte de la Secretaría de Marina, hasta 2017, año en que fue detenido y acusado el empresario pesquero Velázquez.

A esa operación, en la que también se enviaba droga a Houston, Texas, y a otras partes del mundo, se le denominó “Caso Tiburón” y forma parte de las detenciones y golpes al cártel sinaloense, documentadas por el gobierno mexicano. La empresa pesquera que trabajaba para los narcos sinaloenses reportó de 2007 a 2019 depósitos por 272 millones de pesos y retiros en ese mismo lapso por 1,783 mdp, mientras que en sus declaraciones fiscales el Corporativo Pesquero Velázquez solo le reporto al SAT ingresos acumulables por 6.4 mdp, de 2014 al 2018. Según las investigaciones financieras del gobierno federal, esta empresa recibió en sus cuentas transferencias de 139.2 mdp entre 2018 y 2019, recursos que triangulaba enviándolos a cuentas de un sujeto identificado con el Cártel de Sinaloa.

En un reporte oficial del gobierno de México, elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, se detalla de los bloqueos de 1,354 cuentas bancarias de 401 personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, a las que se les congelaron montos de 233 millones 300 mil 578 pesos y 77.8 millones de dólares. En la lista se encuentran a 77 familiares y el resto son empresas de prestanombres vinculadas a Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, todos señalados en las listas de OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EU) y en las Listas de Personas Bloqueadas de la UIF.

De un total de 871 objetivos que fueron relacionados con el Cártel de Sinaloa, 273 fueron identificados por la OFAC, 165 por las Listas de Personas Bloqueadas, 250 a través de denuncias penales y 77 familiares de los tres capos sinaloenses. Del Chapo se incluyó a 29  familiares, entre sus 10 hijos (uno de ellos Edgar Guzmán López, ejecutado en 2008), sus 3 esposas, 4 hermanos, 11 sobrinos y un cuñado; de El Mayo se revisó a 21 familiares, entre sus 3 hermanos, 1 pareja, 7 hijos, 1 nieto, 2 cuñados, 2 sobrinos, 2 nueras y una apoderada legal de una empresa, todos ellos vinculados a 14 empresas que fueron investigadas; mientras que a “El Azul” le investigaron a 13 familiares, 2 cónyuges, 6 hijos, 1 nuera 1 yerno, una esposa de su sobrino y 1 hermana, además de 23 operadores financieros y prestanombres que manejaban 23 empresas vinculadas al capo.

El informe revela que tan solo al Chapo Guzmán se le identificaron 3,184 sujetos con operaciones en el sistema financiero y que tenían vínculos con el narcotraficante preso en Estados Unidos, mientras que al Cártel en su conjunto le detectaron operaciones financieras relevantes por 30 millones de pesos en el sistema bancario nacional, 11.3 millones en transferencias internacionales, 69 millones en compra de vehículos, 2 millones en joyas y relojes y 88 mdp en compra de inmuebles. De Joaquín Guzmán se menciona en documento oficial en poder de esta columna que “Fue considerado como el narcotraficante más poderoso del mundo, según varios recuentos internacionales”, luego refiere su detención en 2016, su extradición a Estados Unidos en 2017 y el juicio y condena a cadena perpetua.

Financieramente -sigue el informe- Joaquín Guzmán Loera es referido en más de 800 operativas a nombre de otros sujetos, debido a una operación aduanera en la cual se refiere la averiguación previa número 4058/DGI/93 con fecha del 3 de marzo de 1998, sin precisar mayores datos. Sobre la actividad y los reportes del Chapo ante el fisco federal señala: “Sin información fiscal ni corporativa”.

En el caso de Ismael Zambada García, dice el reporte, su nombre no figura en el sistema financiero desde 1997, a pesar de que tiene dos cuentas de cheques registradas y no se localizan declaraciones anuales de impuestos ni informativas o de terceros. Se le menciona como “líder del Cártel de Sinaloa, socio de Joaquín Guzmán Loera. En 2104, tras la detención de “El Chapo”, ocupó el liderato del cártel, controlando gran parte de la producción de heroína en México para traficarla a Estados Unidos”. Citan seis distintos apodos y alias: “Zambada”, “El Mayo”, Zambada García Ismael Mario, Loaiza Avendaño Jesús, García Hernández Javier, Higuera Rentería Ismael y López Landeros Jerónimo, así como 3 posibles fechas de nacimiento en 1948, 1951 o 1952, y tres lugares de nacimiento: Costa Rica; El Salado en Sinaloa, y Guadalajara, Jalisco.

Son 14 empresas las que según el reporte de la UIF tienen vínculos directos con El Mayo Zambada y con sus familiares: Autotransporte Jym, Bussines Administration Services, Leche Santa Mónica, Establo Puerto Rico, Estancia Infantil Niño Feliz, Fertilizante Saenz, Inmobiliaria Niebla, Jamaro Constructores, Lácteos Elaborados del Pacífico, Living 2030, Multiservicios Jevis, Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Petrobarrancos, S.A de C.V, Producción Pesquera Dona Mariela.

De Juan José Esparragoza, a quien el informe oficial menciona como “el narco conciliador” por promover alianzas entre los cárteles en el país, se menciona su nacimiento en Chuicopa, Badiraguato, el 3 de febrero de 1949 y sobre si está vivo o muerto, dice el informe de la UIF: “Hay rumores de su muerte desde junio de 2014, cuando se dijo que había fallecido a causa de un infarto (información no ha sido corroborada)”. Financieramente le identificaron 3 cuentas bancarias, una en Seguros Inbursa, que registró en 2013 y 2014 intereses bancarios por 8,049 pesos, otra en BBVA donde se observan pagos domiciliados por 1,010 pesos en 2018 y en 2013 la venta de una propiedad de 2.1 mdp junto con María Antonia Esparragoza Moreno, adquirida por María del Rosario Arana Esparragoza y Nora Guadalupe Arana Esparragoza. Fiscalmente dice, inició operaciones en octubre de 1983 y se encuentra suspendido desde el 31 de diciembre de 2009, sin declaraciones anuales de impuestos.

A las empresas que las autoridades de la Secretaría de Hacienda relacionan con  Esparragoza Moreno “El azul” y con sus dos familias, los Esparragoza Gastelum y los Esparragoza Monzón, son en total 23 y hay desde la Agrícola y Ganadera Cuemir, Agropecuaria del Volcán, Agropecuaria Sánchez Loza, hasta Constructoras como Aquasum, S.A de C.V, Avicultura Al Detalle, Bona Habitat, S.A., Concretos TYG, Construcciones y Edificaciones Linsesa, Desarrollo Indus de Tijuana, El Baño de María, Estaciones de Servicios Canarias, Grupo Cinjab, Grupo Impergoza, Grupo Isayas, Gasodiesel y Servicios Ancona, Gasolinera Alamos Country, Gasolineras y Servicios Villabonita, Gasolineras La Villa, Materiales y Reciclados de Los Mochis, Petrobarrancos, Servicios Chulavista y Transportadora de Desperdicios del Noroeste.

Otras empresas que han sido investigadas y sancionadas con el congelamiento de sus cuentas y bienes por la UIF por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa son Agua Mala del empresario agrícola César Bueno Martínez, dedicada a la “siembra, cultivo y cosecha de maíz grano”, que según las investigaciones de la UIF adquirió vehículos por 2.1 mdp, en 2014 dos camionetas (una 725 mil pesos y otra de 539 mil pesos) y en 2016 otra de 883 mil pesos. Esta pequeña compañía agrícola hizo depósitos bancarios por 2.3 mdp entre 2003 y 2017, mientras que retiró 9.3 millones de pesos entre 2002 al 2018. También aparece Comercializadora de Granos Patrón, S.A. de C.V. dedicada al comercio de granos y semillas al por mayor, en la que están Bueno Martínez y su esposa Angélica Pérez Maldonado. Esta empresa fue alertada por formar parte de un grupo de compañías investigadas por el decomiso de dólares de septiembre del 2008 en Culiacán, y recibió entre 2013 y 2019 transferencias internacionales por 112 millones de dólares provenientes de Emiratos Árabes Unidos, mientras que envió 28.1 mdd principalmente a Estados Unidos.

Finalmente en el reporte de la UIF aparecen tres compañías mineras vinculadas al cártel sinaloense, que según las autoridades eran “utilizadas como puente debido a que nunca existió permanencia de recursos” y se dedicaban a dispersar recursos de manera fraccionada. Está Golden Qu, S.A. de C.V.  y Silver Qu, dedicadas a la explotación de yacimientos minerales y a minería de zinc y plomo, respectivamente. Entre 2011 y 2013 esas empresas tuvieron retiros en efectivo por 20.9 mdp y nunca presentó declaraciones fiscales federales, por lo que se desconoce el origen de sus recursos. Los accionistas que se mencionan son José Armando Quezada Silva, Pedro Ángel Quezada Silva y José Armando Quezada Rincón. Además aparece Impulsora Aurum, SC de R.L, a la que vinculan con Ruth Maribel Figueroa Delgado por haber triangulado 2.3 mdp entre sus propias cuentas para después retirar 6.2 mdp en efectivo. A esta empresa se le vincula con transferencias a Víctor Manuel Félix Beltrán, el operador de los hijos del Chapo Guzmán, que se fugó el 29 de enero de este año del Reclusorio Sur de la CDMX junto con otros dos narcotraficantes.

NOTAS INDISCRETAS…

A pesar de la amplia diferencia de 17 puntos que Mario Delgado le sacó a Muñoz Ledo, según la encuesta del INE, cuyos resultados se dieron a conocer ayer, Porfirio insistía en su discurso de que “hubo trampa” y llamaba a sus seguidores a realizar tomas del instituto electoral en la República. La realidad es que con el enorme margen con el que perdió, difícilmente alguien le va a hacer caso al diputado Muñoz Ledo, quien insiste en descalificar el trabajo de las tres encuestadoras (Parametría, de Francisco Abundis, Casarrubias y Asociados y Demotecnia de Rodrigo de las Heras), a pesar de que ayer mismo las tres encuestadoras, a través del INE, entregaron al actual dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, toda la documentación de sus metodologías, cuestionarios, muestras y resultados para que sean revisados y auditados por el partido. “Es irresponsable descalificar algo que no se conoce ni se ha revisado, y que fue realizado con todo el rigor metodológico y es perfectamente auditable y verificable”, me comentó ayer Francisco Abundis en Las Noticias de la Noche del Heraldo TV. Mientras que Mario Delgado, en una conferencia virtual, habló del resultado y aunque se le veía visiblemente afectado por el Covid-19 que lo tiene en cuarentena y por momentos se le escuchaba respirar con dificultad, decía que estaba dispuesto a invitar a Porfirio Muñoz Ledo a “trabajar juntos por la unidad” de su partido. En fin, que ya no hay más margen para alargar artificialmente el conflicto en Morena, que lleva ya 2 años y cuyo costo terminó siendo alto no sólo para el partido y para el gobierno de López Obrador sino para todos los mexicanos, que tuvimos que sufragar con nuestros impuestos tantas denuncias e impugnaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hasta costear con dinero público una encuesta nacional porque los morenistas fueron incapaces de ponerse de acuerdo y de elegir internamente a sus dirigentes. Con ese infantilismo y esa incapacidad de resolver sus problemas internos, la pregunta es ¿cómo es que nos gobierna un partido que ni siquiera puede gobernarse a sí mismo?...La seguridad en Puebla se está complicando y eso se debe en gran medida a las fallas en el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública al mando del chiapaneco Raciel López Salazar. Lo más grave es el ambiente que prevalece al interior de la corporación policiaca pues se ha emprendido una política de persecución y hostigamiento laboral contra al menos 12 elementos que han exigido el cumplimiento de mejoras salariales y que ahora son señalados por brindar entrevistas a medios de comunicación, razón por la que fueron dados de baja. Desde hace dos semanas, a nivel nacional, fue evidenciado el almacenamiento de al menos 200 patrullas de la Policía Estatal de Puebla por las que el gobierno paga una renta mensual a la empresa Lumo Financiera y, sin embargo, se encuentran estacionadas sin ocuparse para las tareas elementales de vigilancia. Las fracciones de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y los diputados José Juan Espinosa (PT) y Héctor Alonso (sin partido) pidieron formalmente -el 22 de octubre- en el Congreso de Puebla un informe detallado sobre el número total de patrullas recibidas por la empresa arrendadora, el uso actual de cada vehículo, la cifra exacta de unidades sin utilizar y los montos totales de pago, globales y unitarios, para conocer la realidad de este asunto que parece muy turbio. En tanto, los policías despedidos han dado a conocer a la opinión pública las amenazas de las que son víctimas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. La situación se complica porque Puebla forma parte de los diez estados con mayor número de carpetas de investigación por delitos de alto impacto, de acuerdo con los reportes más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, pese a ello, la dependencia encargada de la seguridad está más ocupada en amedrentar a policías supuestamente disidentes que en hacer su trabajo…Los dados mandan Escalera Doble. Buena Semana. 

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