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Deconstruyendo al gobierno y reconstruyendo al poder

Salvador García Soto

Se reconstruye el viejo presidencialismo omnipotente y omnímodo

La decisión del presidente López Obrador de desmantelar toda la estructura de organismos autónomos, desconcentrados y descentralizados del gobierno federal va tan en serio, que ha sido declarada por el mandatario como una de sus nuevas prioridades y como la continuidad de sus políticas de “austeridad y ahorros”. En su reunión de gabinete del lunes pasado, el Presidente les dijo a sus colaboradores que la eliminación de esos órganos —que en muchos casos son contrapesos y equilibrios al poder presidencial— es “el siguiente paso tras la eliminación de los fideicomisos” y que comenzará con la eliminación de al menos unos 20 organismos, de una lista total de 230 instituciones que cuestan 438 mil millones de pesos al erario federal.

La meta inmediata es ahorrar 43 mil millones de pesos, el 10% del presupuesto total que reciben los autónomos y desconcentrados, recursos que serán destinados “a las vacunas y hospitales contra el Covid”, según la explicación que le dio el Presidente a su gabinete, donde les repartió a distintos secretarios y directores encargos específicos para que comiencen a preparar la desaparición de organismos autónomos desde el punto de vista legal y constitucional. “Porque el ahorro es para la gente, no para la burocracia dorada”,  comentó el Presidente a sus colaboradores.

La eliminación e integración de los institutos y organismos se hará en tres fases: la primera y que será inmediata en los próximos días es la eliminación y desaparición de todos los organismos creados por decreto presidencial y que se pueden desaparecer por esa misma vía; la segunda etapa será desaparecer a los institutos y organismos que dependen de leyes secundarias y para esto se promoverán las reformas legales necesarias en el Congreso para aprobarlas con la mayoría de Morena en el próximo periodo ordinario de sesiones que empieza en febrero. Y la tercera etapa y la más complicada, la que buscaría desaparecer a institutos autónomos constitucionales, para lo cual se requiere una reforma constitucional y una mayoría calificada de tres cuartas partes; esa fase se dejará para después de las elecciones legislativas del 6 de junio próximo.

Esto último, que se decida dejar la desaparición de organismos constitucionales para después de la contienda electoral de este año, significa dos cosas: una, que en estos momentos el Presidente no ve condiciones políticas en el Congreso, en medio de la lucha electoral ya en marcha, y decide dejar para después de los comicios las reformas  para desaparecer al INAI y a otros organismos con autonomía constitucional; y la otra lectura es que López Obrador está apostando con todo a que su partido, Morena, ratificará su mayoría en la Cámara de Diputados y, si lo logra, iría por un segundo paquete de reformas a la Constitución que incluyen la desaparición de los órganos autónomos.

EL IFETEL SE QUEDA Y SI HAY RESISTENCIAS, CONSULTA POPULAR

Los institutos y organismos autónomos que estén protegidos por el T-MEC, no se van a tocar y seguirán operando como hasta ahora, explicó el Presidente, aunque sí se buscaría redimensionarlos, para que cuesten menos a los mexicanos. Y la iniciativa de reforma Constitucional para desaparecer órganos autónomos iría acompañada de otra reforma a la Carta Magna para que nadie, ningún funcionario o servidor púbico, ni de la estructura federal, ni de los 3 Poderes de la Unión, ni de órganos autónomos ni de los tres niveles de gobierno, pueda ganar un sueldo mayor al que recibe el Presidente de la República. La consigna es que “nadie, ningún funcionario vuelva ver el gobierno y los cargos públicos como un botín”.

López Obrador, en ese encuentro del lunes 11 de enero en Palacio Nacional, fue más que claro con sus colaboradores sobre la intención de iniciar de inmediato la desaparición de distintos organismos e institutos creados en las últimas décadas bajo el esquema de autonomía, ya sea presupuestal o constitucional en la estructura de la administración federal.

Y aunque el Presidente apuesta por ratificar su mayoría en las próximas elecciones, también sabe que podría perder esa mayoría y en ese caso, si no pudiera concretar las reformas constitucionales para desaparecer órganos autónomos después de los comicios y hay resistencias de una eventual mayoría opositora para aprobárselas, ya tiene pensado su plan B: convocaría a una Consulta Popular, un plebiscito para preguntarle a la gente: “¿En qué prefieres que se gaste el Presupuesto: en una burocracia dorada o en medicinas y hospitales para la gente?”.

¿Alguien duda de cuál será la respuesta a esa pregunta claramente sesgada? Así de clara es la determinación de López Obrador para eliminar a los órganos desconcentrados, descentralizados y autónomos, como ya hizo con los fideicomisos sin importarle ni escuchar las voces de científicos, artistas, deportistas y demás afectados que clamaron por evitar esa desaparición. Esta vez parece que tampoco piensa escuchar a las muchas voces que ya cuestionan y anticipan un retroceso en la medida porque eliminará contrapesos ciudadanos y aumentará el poder presidencial y la opacidad y discrecionalidad del gobierno.

En Palacio Nacional están decididos, en lo que le resta a este sexenio, a deconstruir lo que queda del maltrecho Estado mexicano y sus instituciones, mientras se reconstruye el viejo presidencialismo omnipotente y omnímodo que tanto nos costó a los mexicanos.

GOLPE A LA DEA Y NERVIOSISMO EN LA CANCILLERÍA

La exoneración del general Salvador Cienfuegos, que no sorprendió más que a los ingenuos, si tendrá un impacto en la relación bilateral, sobre todo en la agencia que más participa en la cooperación bilateral en seguridad y combate al narcotráfico: la DEA. Si ya el comunicado de la Fiscalía General de la República era demoledor para la agencia antidrogas estadounidense, al desestimar y descalificar todas y cada una de las pruebas que sus directivos presentaron para detener y consignar al militar mexicano, detenido en octubre de 2019 en Los Angeles, las palabras del presidente López Obrador ayer en la conferencia mañanera fueron casi de rudeza innecesaria al acusar a los agentes de esa agencia de haber fabricado pruebas y culpables.

La molestia es tal en la DEA por un fallo que, aunque ya esperaban, quizás no creían que fuera a ser tan duro para ellos, que en la misma Cancillería mexicana a cargo de Marcelo Ebrard comenzaron a operar para tratar de que el caso Cienfuegos y su desenlace de exoneración total al militar mexicano, no empañe ni afecte la ya de por sí complicada relación con la próxima administración de Joe Biden en los Estados Unidos.

“La Fiscalía tendrá que explicar sus averiguaciones y acciones con las que comprobó y desestimó todas las pruebas que nos envío el departamento de Justicia”, dijo ayer una fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde claramente esperan que se desahogue rápido el caso para que no enturbie ni entorpezca la relación con la nueva administración de la Casa Blanca.

Porque además de que les preocupa el tema bilateral y el impacto que pueda tener el caso Cienfuegos, también está la declaración del propio canciller en diciembre pasado, cuando trajeron al general de regreso a México, gracias justo a sus gestiones diplomáticas, en las que Ebrard dijo en la conferencia mañanera que “No hacer nada con el general Cienfuegos equivaldría a un suicidio”. Y aunque ahora explican que sí se hizo algo y que la FGR investigó y revisó las pruebas y elementos antes de decidir no acusar ni ejecutar acción penal alguna contra el extitular de Sedena, lo cierto es que el tema sí tendrá un efecto en la relación y la cooperación antidrogas con el país vecino. 

Porque además la Cancillería tiene que explicar también en Washington y al próximo gabinete de seguridad de Biden por qué la reciente ley mexicana que impone nuevas reglas a la presencia de agentes extranjeros en el territorio nacional no es un tema de agresión ni mucho menos de falta de cooperación con Estados Unidos, sino de poner reglas y que haya un marco normativo para la actuación de sus agentes. “Nos interesa restaurar la confianza de la administración Biden, a partir de la relación y el trabajo del canciller. Apelar a temas comunes en migración y cooperación en los que incluso se tienen más coincidencias con el nuevo presidente demócrata que las que se tenían con la saliente administración Trump”, comentó la fuente de la cancillería.

Así que si aquí en casa fue difícil explicar una exoneración tan rápida y total como la que hizo la Fiscalía a cargo de don Alejandro Gertz Manero, y para hacerlo hubo que dar maromas y saltos mortales invocando la “autonomía” del fiscal y sus procedimientos que detectaron que no hubo ni encuentros ni comunicaciones con el narco por parte del General, y que además ni siquiera tenía el teléfono celular con el que según la DEA se comunicaba con ellos a través de mensajes, afuera, particularmente en Washington y específicamente con la DEA, será casi imposible convencerlos de que ninguna de sus presuntas pruebas e investigaciones tuvo validez ni solidez alguna para acusar al primer jefe del Ejército mexicano que fue detenido y acusado por narcotráfico en los Estados Unidos. Los dados mandan escalera doble.

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