AMLO y sus miedos para el 2024

Salvador García Soto

No creo que Claudia, ni Marcelo o Ricardo tocarían ninguna de mis obras después de 2024, dijo el presidente en una reunión de gabinete

En las últimas semanas el presidente ha traído a su discurso polarizador el tema de su propia sucesión en 2024, como si tres años antes ya estuviera pensando en el momento de su salida. Lo mismo para tratar de convencer de que no tiene interés en intentar una reelección, a partir del controvertido e inconstitucional experimento Zaldívar en la Corte, que para asegurarse de que sus enemigos, “los conservadores” no puedan desmantelar los programas, obras y herencias de su “Cuarta Transformación”, a López Obrador se le ha escuchado hablar, en público y en privado, del fin de su Presidencia.
 
“Yo por eso creo que ya pronto ya no vamos a ser necesarios, ya por eso el 24 me voy a ir tranquilo, si me lo permite la gente y si me lo permite el creador que yo llegue hasta el 24, me voy a ir tranquilo porque ya vamos a dejar arreglado todo. Soy muy optimista, estamos trabajando para eso, hemos avanzado mucho y nos falta tiempo para consolidar las cosas”, dijo el presidente en su conferencia mañanera del pasado 15 de abril.
 
Por esos mismos días, según cuentan testigos que lo escucharon, López Obrador sorprendió a sus colaboradores en una reunión de gabinete, de las que sostiene todas las mañanas en Palacio Nacional. El presidente estaba hablando en uno de sus largos soliloquios, como suele hacerlo casi siempre en esos encuentros de trabajo, cuando de pronto soltó una frase que hizo que todos los asistentes dejaran sus apuntes y voltearan a verlo atentos: “Tenemos que ver qué pasaría después de 2024, que nadie pueda desmantelar nuestro trabajo. Por ejemplo, el Tren Maya, yo dudo mucho de que alguien pueda cancelarlo, ni la Refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto Felipe Ángeles. Los programas sociales no me preocupan, esos no se atreverían a tocarlos, y yo no creo ni que Claudia, ni Marcelo o Ricardo tocarían ninguna de mis obras, pero hay una que sí me preocupa porque podrían echarla para atrás, que es el Tren Transístmico, esa sí me preocupa”, dijo el presidente ante la mirada atenta de quienes lo escuchaban.
 
Y de pronto, tras una breve pausa y habiendo ya mencionado, en ese orden, a los tres que ve como posibles sucesores de su partido, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal, el presidente volteó hacia donde estaba sentado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y le soltó a quema ropa: “¿Tú por ejemplo, Arturo, qué harías con las obras que estamos haciendo, las quitarías o las continuarías?”, la pregunta de botepronto de López Obrador tomó por sorpresa a Herrera, quien apenas intentó balbucear una respuesta ante la sorpresa de que el presidente lo haya mencionado entre sus prospectos para la sucesión.
 
Las miradas se cruzaron entre todos y se dirigieron al secretario de Hacienda que ni siquiera pudo responder mientras el presidente continuaba con su reflexión sobre lo que le preocupa de 2024.
 
La escena que narran quienes la escucharon ilustra bien cómo el presidente está pensando en lo que viene en la segunda parte de su mandato, no sólo hasta 2024 sino lo que ocurrirá el próximo 6 de junio. El riesgo real de que Morena no alcance la misma mayoría absoluta que ahora tiene en la Cámara de Diputados ha hecho que López Obrador empiece a plantear escenarios sobre cómo enfrentará a una oposición con mayor presencia en el Congreso de la Unión y que ya no le permitirá hacer reformas constitucionales y legales con la facilidad con que ahora las lograba en San Lázaro.
 
Eso explica en parte la batería de iniciativas que el Ejecutivo ordenó a sus bancadas de Morena en ambas cámaras, incluidas aquellas que, conscientemente mandó a aprobar a sabiendas de que desatarían no sólo fuertes polémicas y debates, sino varias guerras jurídicas y de constitucionalidad que, en casos como la Ley de Hidrocarburos recién aprobada, la de la Industria Eléctrica que fue la primera, y otras como la de Telecomunicaciones que incluye el tema de los datos biométricos, terminarán invariablemente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde su discusión y definición sobre si son o no constitucionales, llevará por lo menos un año, tiempo que gana López Obrador en su narrativa de que los “conservadores y grupos de interés se resisten a la transformación” de su proyecto.
 
El presidente y sus asesores saben bien que algunas de esas leyes las van a perder, pero también apuestan a que en otras puedan lograr la legitimación de constitucionalidad de la mayoría de ministros de la Corte. Por eso, la otra iniciativa que entra en ese rompecabezas que apuesta al 2024 es la cuestionada ampliación de mandato del ministro Arturo Zaldívar que, en la lógica y la estrategia de Palacio Nacional, representa la apuesta de fondo: un control definitivo de la Corte y un Poder Judicial domesticado que deje de ser, como hasta ahora, la piedra en el zapato de las reformas lopezobradoristas e instrumento de defensa legal y constitucional de ciudadanos, empresarios, opositores y grupos críticos de la 4T.
 
Por todo eso es claro que las evocaciones y reflexiones que hace López Obrador sobre el final de su mandato y la posible continuidad de su proyecto más allá del 2024 no son ni delirios ni ocurrencias, sino parte de un plan muy bien trazado en el que, echando mano de un poder presidencial cada vez más absoluto y autoritario, ya sin tapujos ni rubores, el presidente va por todo y, con o sin mayoría después de los comicios de junio, está decidido a terminar de sentar lo que llama “las bases” de su “transformación” y para ello cuenta con aliados que ya son incondicionales como el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. Empecemos a llamarle a las cosas por su nombre.

NOTAS INDISCRETAS…

Dicen que en la política no hay casualidades y ayer, apenas a unas horas de que hoy se reúna la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para dar su fallo sobre el juicio de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el presidente López Obrador estuvo en Tampico a donde llegó el sábado por la noche en vuelo comercial de Aeromar, aunque lo sacaron por el aeropuerto civil de manera discreta y privada. El mandatario durmió en el puerto tampiqueño, donde se montó un operativo de seguridad especial para cuidarlo en el lugar donde pernoctó, y ayer domingo por la mañana se dirigió a la Refinería de Ciudad Madero donde sostuvo una reunión privada. Fue notoria, en esta visita relámpago a Tamaulipas la ausencia del gobernador Cabeza de Vaca que nunca acudió a recibir ni acompañar al presidente y que tampoco, nos confirman fuentes de Palacio Nacional, fue requerido ni invitado. Tras su reunión privada en la Refinería de Madero, López Obrador salió después del mediodía con rumbo al aeropuerto y, como si trajera prisa, abordó el vuelo que lo trajo de regreso a la Ciudad de México. Es decir que, en vísperas del desafuero de Cabeza de Vaca, el presidente y el gobernador de Tamaulipas ni se ven ni se oyen… Y es que hoy se espera que la Sección Instructora apruebe la declaración de procedencia y la envíe el pleno para que sea votada esta misma semana, tras lo cual procederían a quitarle el fuero al gobernador, en una decisión histórica que no ha ocurrido en los últimos tiempos. De ahí lo que seguiría es que la Cámara de Diputados notifique del desafuero al Congreso local y ahí se abren dos escenarios y dos interpretaciones de la Constitución: la de la Supremacía Constitucional, que defienden en el gobierno federal, la FGR y San Lázaro, de que la notificación a los diputados locales sólo es “para que procedan a nombrar a un gobernador sustituto” que termine el periodo de Cabeza de Vaca, contra el que ya la Fiscalía podría proceder penalmente, y la otra interpretación que defienden en el gobierno de Tamaulipas donde aseguran que la notificación al Congreso local es para que éste revise el dictamen de los diputados federales y decida si procede o no el desafuero; es decir que los legisladores locales, de mayoría panista, tendrían la última palabra. Veremos cuál de las dos visiones e interpretaciones, que ya incluso fueron materia de una Controversia Constitucional presentada ante la Suprema Corte por la Cámara de Diputados, prevalece. Por lo pronto, a nivel federal tienen ya preparado una respuesta en caso de que el Congreso local y el gobierno de Cabeza de Vaca se rebelen y no acepten la decisión del Congreso de la Unión: en el Senado la mayoría de Morena podría declarar la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas… A propósito del gobernador Cabeza, una copia de una carta que le envió el despacho de abogados de Houston, Gerger, Hennesy y McFarlane, indica que el mandatario tamaulipeco sí pidió asesoría a ese despacho para iniciar una denuncia ante el Gobierno de Estados Unidos en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera y su titular Santiago Nieto, por la presunta difusión de información confidencial del FinCen a la prensa mexicana. La carta, fechada el 2 de abril pasado y dirigida al “Governor Francisco García Cabeza de Vaca”, dice en inglés: “Usted ha preguntado por asistencia en contactar al Gobierno de los Estados Unidos y en particular al FinCen, para discutir artículos en la prensa mexicana que contenían información confidencial que pudo ser proporcionada por el FinCen. Nosotros cobramos cargos por hora por nuestro trabajo. Mis tarifas son 975 dólares por hora. De ser apropiado, yo puedo asignar tareas a asistentes legales o más abogados juniors con tarifas bajas, como Ashley Kaper por 650 dólares la hora. Estas tarifas son efectivas todo el 2021 y sujetas a ajustes en enero después del 2021. Adicionalmente nosotros cargaremos gastos fuera de presupuesto a los costos”. Hasta ahí la carta de los abogados estadunidenses a los que consultó Cabeza de Vaca en su intento por acusar a Santiago Nieto en Estados Unidos… Los dados abren Semana con Escalera Doble. Buen inicio.

TEMAS RELACIONADOS
Guardando favorito...

Comentarios