AMLO y su ley eléctrica, de la seguridad a la soberbia

Salvador García Soto

Cuando AMLO dice que si la Corte rechaza su reforma, promoverá entonces una reforma Constitucional, es porque confía en refrendar su mayoría legislativa

El discurso del Presidente en tono amenazante, diciendo que si su reforma eléctrica llega a ser considerada inconstitucional, no pasa nada porque mandaría a reformar la Constitución, es mucho más que un desplante autoritario o un exceso discursivo de López Obrador. Más que amenaza, lo que mandó el inquilino de Palacio, para dejar claro de qué tamaño es para él el tema eléctrico, es un aviso de la confianza y seguridad que en este momento tienen en Palacio, de lo que va a ocurrir en las próximas elecciones de junio: Morena se lleva todo y ratifica su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Ese el mensaje de fondo de López Obrador y eso es lo que le dicen sus encuestas internas de la Presidencia y las que manda a realizar también el general Audomaro Martínez en la CNI que, como el antiguo Cisen, tiene un área dedicada a medir el pulso electoral. El tono presidencial puede parecer autoritario, imperial y soberbio, pero de ese tamaño es la certeza que siente en estos momentos el Presidente de que, a partir de junio y en la segunda mitad de su gobierno, podrá contar con una mayoría calificada en San Lázaro que le permita iniciar la segunda parte de su “Cuarta Transformación” con una serie de reformas constitucionales que consumarán su proyecto político y de gobierno.

Y es que el Presidente está decidido a imponer, como sea, su reforma eléctrica que es parte esencial de lo que él considera el nacionalismo y la soberanía energética. Por eso está adelantando incluso el escenario más catástrofico para su Ley de la Industria Eléctrica que está siendo fuertemente torpedeada por una ofensiva jurídica en la que no sólo participarán empresarios nacionales y extranjeros, sino gobernadores, opositores y organizaciones civiles que apoyan el embate contra la nueva ley. Cuando López Obrador dice que si la Corte rechaza su reforma y la declara inconstitucional promueve una reforma Constitucional, es porque está apostando al extremo, porque confía en que va a refrendar su mayoría.

Pero ese desplante es más bien un blofeo con el que el mandatario nacional quiere dejar en claro hasta dónde está dispuesto a llegar en la defensa de su reforma. Porque antes de pensar en un fallo adverso de la Corte, en Palacio Nacional tienen ya lista una operación para tratar de influir y “convencer” a los ministros afines a la 4T para que voten en contra de las Controversias o Acciones de Inconstitucionalidad que se interpondrán por parte de algunos gobernadores y congresistas de oposición. Ayer mismo, en su conferencia mañanera, se refirió a eso y mencionó que para tumbar su ley, “necesitarían tener mayoría absoluta o dos terceras votos de los ministros de la Corte, con cuatro ministros que digan no, ya con eso no podrían declarar inconstitucional la ley, y vamos a hacer de este asunto un tema de debate nacional”, advirtió el Presidente.

Ya habíamos comentado en este espacio que para que una acción o controversia de inconstitucionalidad se apruebe y una ley, en este caso la de la Industria Eléctrica, se anule por violar la Constitución, se requieren por lo menos 8 votos de los 11 ministros que analizan y discuten estos temas en la Primera Sala de la Suprema Corte. Y dijimos desde entonces que desde la oficina de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que dirige Julio Scherer, ya había cálculos y una operación en marcha para “blindar la reforma eléctrica”, tratando de “amarrar” los votos necesarios, al menos de cuatro ministros, para evitar una declaración de inconstitucionalidad.

Decíamos desde entonces que hay por lo menos cuatro ministros que podían votar contra las acciones de inconstitucionalidad: Yasmín Esquivel, que fue el único voto a favor del llamado Decreto “Nahle”, Juan Luis Alcántara, el presidente Arturo Zaldívar y, probablemente, Margarita Ríos Farjat. Los tres primeros, de entrada, parecerían seguros y en el caso de la ministra Ríos Farjat, sus allegados afirman que ella no vota de manera automática los proyectos de la 4T. Pero aún en el caso de que Scherer solo pudiera garantizarle al Presidente 3 votos, en noviembre termina el periodo del ministro José Fernando Franco y tendrá que ser sustituido, con lo que es casi seguro que llegue otro ministro afín a la 4T.

Esa renovación de un lugar en la Corte juega totalmente a favor del presidente López Obrador y su reforma eléctrica, porque si colocan a un nuevo ministro o ministra rápido, con la aprobación de la mayoría del Senado, el nuevo espacio suma porque sería muy probablemente un voto a favor, pero aún si no lo procesan rápidamente y dejan el espacio vacío, también les suma porque Franco votó a favor del anterior decreto eléctrico y sería un voto en contra menos.

Todo eso lo tenían previsto en Palacio Nacional desde que el Presidente mandó la iniciativa de Ley de Industria Eléctrica como preferente. Sabían que tenían un blindaje en el Poder Judicial y en la Corte para enfrentar la ofensiva legal y por eso se sentía tan seguro el Presidente. Pero ocurrió que el blindaje se rompió por los jueces, los dos de competencia económica que otorgaron las suspensiones provisionales, Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, cuya actuación no fue la que esperaban en el Poder Ejecutivo y por eso el enojo y berrinche del Presidente que pidió incluso a la Judicatura investigar al juez Gómez Fierro.

Así es que las encuestas que tienen en Palacio Nacional les dicen que la intención de voto ha ido subiendo para Morena conforme avanza la vacunación en el país y en eso coinciden con otras encuestas publicadas por periódicos y por distintas encuestadoras que arrojan datos contundentes de que el partido de López Obrador podría ganar entre 43 y 45% de la votación nacional para la Cámara de Diputados, lo que le daría una mayoría absoluta con la claúsula de sobrerrepresentación. Y en los estados, salvo dos o tres excepciones donde la oposición, sobre todo el PAN, está dando la pelea (Querétaro, San Luis Potosí, Baja California Sur) en el resto de las entidades parece que Morena ganará con relativa facilidad no sólo las gubernaturas sino también los congresos locales.

Y esto último es clave porque para poder aprobar reformas constitucionales, como las que ya prevén en la 4T para su segunda mitad de gobierno, algunas de ellas de gran calado, se necesita tener tres mayorías: dos calificadas, la del Senado —que hoy no la tienen pero la operan con votos de la oposición—, la de la Cámara de Diputados que podrían volver a tenerla con sus aliados y los partidos satélite, y  tener la mayoría simple de los congresos estatales. Y hoy, en las encuestas y cálculos oficiales, en los estados donde Morena puede ganar las gubernaturas también ganaría mayoría en los congresos estatales. Así que junio y sus escenarios es lo que está alimentando la soberbia y el exceso de seguridad del presidente López Obrador. Y si eso es ahorita, que aún no tiene la nueva mayoría, imagínense lo que será cuando la tenga.

NOTAS INDISCRETAS…

A propósito del Juez Gómez Fierro, de acuerdo a fuentes de muy alto nivel en el gobierno federal, los constantes ataques del Presidente por sus suspensiones provisionales a la ley eléctrica, primero, y ahora suspensiones definitivas, no eran solo por enojo de López Obrador. Al pedir que el Consejo de la Judicatura Federal lo investigara y revisara sus decisiones, el Presidente ya tenía información que había pedido a las áreas fiscales y financieras de su gobierno que habían realizado una exhaustiva investigación a las cuentas bancarias y el patrimonio del juez federal. Y como resultado de esa investigación ordenada por el propio Presidente aparecieron “varias propiedades de un valor considerable” que, de acuerdo a la fuente, no tendrían correlación con los ingresos reportados por el juzgador en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Por eso la insistencia de López Obrador al presidente de la Corte y de la Judicatura, el ministro Arturo Zaldívar, para que se investigaran las actuaciones del juez Juan Pablo Gómez Fierro. ¿Será que al juez que otorgó ya los primeros 3 amparos a las empresas que impugnaron la Ley de Industria Eléctrica ya le armaron un expediente financiero como los que les hacen en la 4T a los opositores políticos incómodos?...A propósito de opositores incómodos, como si se tratara de una versión tropicalizada de aquella serie de televisión de “La Ley y el Orden”, ayer comenzó en la Cámara de Diputados el proceso para revisar la solicitud de un juicio de Procedencia en contra del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que se llevó a cabo de manera virtual y remota y contó con la participación de dos actores estelares en toda esta trama política y jurídica que ahora también fue televisada. Santiago Nieto, titular de la UIF, y el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, dieron sus testimonios y declaraciones ante el “gran jurado” calificador de la Sección Instructora que encabeza el colmilludo diputado Pablo Gómez, protagonista principal en este evento, mientras en otro de los recuadros aparecía, por momentos serio y por momentos riéndose, el acusado mandatario de Tamaulipas. Tal y como se esperaba, la decisión de hacer público y televisado un procedimiento que siempre se había realizado de manera privada, despertó no sólo una gran audiencia sino todo el morbo que genera un evento mediático, lo que provocó que el abogado de Cabeza de Vaca, Alonso Aguilar Zínser, pidió suspender la transimisión por considerar que se violentaban los derechos humanos de su cliente, mientras que Nieto no sólo sacaba sus ya conocidas “sábanas” con el diagrama de los negocios, transferencias y pagos del gobernador tamaulipeco y su familia a empresas factureras que, dijo el titular de la UIF, también fueron utilizadas por el Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”. Cabeza de Vaca, que permaneció en silencio, escuchó las acusaciones de Santiago Nieto, quien es el principal investigador de las acusaciones en su contra y, aunque a veces se agarraba el mentón reflexivo, a veces ante algunas afirmaciones del funcionario de Hacienda de plano se reía como descalificando sus dichos. En fin que éste fue apenas el primer capítulo de la primera temporada de “La Ley y el Orden” región 4, que tendrá una duración aproximada de dos meses y medio y concluirá con un fallo que ya se puede anticipar en contra de Cabeza de Vaca y a favor del desafuero para que la FGR proceda en contra de él, justo una par de semanas antes de las votaciones del 6 de junio. ¿Será que además de mediático y televisivo, el show es también electoral?...La diputada Olga Sosa Ruiz de Morena solicitó a la Secretaría General de la Cámara de Diputados que le informara, de manera oficial con una carta, si “en el año 2019 se presentó ante esta Cámara un documento o solicitud de parte del Congreso del Estado de Tamaulipas con el propósito de solicitar mi destitución como diputada federal”. También pidió la legisladora por el distrito VIII de Tamaulipas que le informaran “si en el año 2019 se presentó ante esta Cámara, documento, oficio y solicitud de parte de algún ciudadano, sector o institución, con la intención de solicitar mi destitución como Diputada Federal”. Sosa Ruiz pidió que le respondieran por escrito y de manera oficial a su petición, ante lo cual, la secretaria general de San Lázaro, Graciela Báez Ricardez, le respondió con el oficio SG/1.-0042/2021 fechado el pasado 16 de marzo: “Le informo que en los registros de los archivos recibidos en las áreas que dependen de esta Secretaría General, no se tiene algún documento, oficio o solicitud con respecto al tema que hace mención en su diverso”. Con este oficio, la diputada tamaulipeca Olga Sosa, niega haber tenido alguna relación con la secta Nexium en México y sostiene que ninguna asociación de mujeres del sur de Tamaulipas o diputados locales de su estado hayan pedido su destitución por esos presuntos vínculos…Un gobernador de Morena está siendo investigado por la UIF por haber otorgado contratos por cerca de 13 millones de pesos a los panistas Roberto Gil Zuarth y Jorge Lavalle, ambos mencionados en investigaciones federales, tanto de la FGR como de la propia Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que llamó la atención de esos contratos es que el mandatario morenista, del que no dan el nombre, haya sido tan generoso con dos políticos de oposición que en Palacio Nacional tienen ubicados como “operadores de campañas en contra del presidente López Obrador”. ¿Quién será ese gobernador al que están viendo con desconfianza desde la 4T por financiar a opositores?...Los dados mandan Escalera Doble. Semana del inicio de la primavera. 

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