AMLO y el Verde: de amor, odio y conveniencia

Salvador García Soto

La información se tomó como “aviso o amenaza” desde Palacio Nacional

Era 2015, primera elección en la que participaba Morena, tras haber sido creado por Andrés Manuel López Obrador, quien era el primer dirigente nacional de su nueva fuerza política. Acababan de pasar las votaciones federales del 7 de junio y el flamante dirigente morenista fue a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde gobernaba el PVEM, y desde ahí soltó un epíteto contra los verdes que le disputaron a Morena los distritos y municipios chiapanecos: “El Partido Verde es un partido de juniors, son los hijos o nietos de los que han sido gobernadores del PRI, ahí está el que le dicen 'niño verde',  nieto de un gobernador del PRI de Tamaulipas; ahora será diputado federal el hijo del exgobernador del PRI en Veracruz, Fidel Herrera, y el diputado local de Tabasco del Verde será el hijo del exmandatario de Tabasco, Roberto Madrazo”.
 
Luego, el 28 de junio, López Obrador se lanzó contra Manuel Velasco, entonces gobernador chiapaneco por el Verde y quien después lo apoyaría financiando su movimiento rumbo al 2018: “Y el actual gobernador de Chiapas es del Partido Verde, nieto de otro gobernador del PRI, y ese es el Verde, y ya ni hablar de ese nuevo engendro que crearon aquí en Chiapas que se llama Mover a Chiapas, mejor dicho Fregar a Chiapas…Por eso sacan los votos de la zona más pobre y ellos se quedan con las tajadas más grandes del presupuesto, con el dinero del pueblo.. Así es como lo hace el gobernador de Chiapas, conocido como 'El Güero', quien es un mañoso y corrupto”, decía el entonces líder nacional morenista.
 
Paradojas de la vida, hoy ese partido que consideraba de “juniors” y de “corruptos y mañosos” es el principal aliado de Morena y el único que ayudaría al partido del presidente a lograr la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con sus más de 70 diputados que se espera obtenga una vez que se asignen las plurinominales. Porque el PT se le desinfló a López Obrador y el PES ya ni siquiera pudo conservar el registro y así la bancada oficialista, con lo cual el partido del presidente depende de ese mismo partido al que en su momento acusaba de ser parte del PRIAN y de ser un partido satélite y de conveniencia, cuando les decía a los chiapanecos que dejarán de pensar “que hay muchos partidos políticos en México, porque solo hay dos opciones, dos partidos: El PRIAN-Verde y asociados, y el segundo es Morena, que avanzó el 7 de junio, pese a que lo querían aplastar”.
 
Una muestra de que el presidente sabe lo mucho que hoy depende su fuerza en la Cámara de Diputados del Verde, un partido que históricamente ha cambiado de aliados como cambiar de piel, es lo que ocurrió el fin de semana. Al hoy coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, le hicieron sentir un manotazo presidencial para que el exgobernador chiapaneco entendiera que, si no es con Morena la alianza de los verdes, les pueden aplicar la ley y darles trato de enemigos.
 
Justo un par de días después de que Velasco declarara el viernes en distintas entrevistas que el Verde “está abierto a dialogar con todos y convoca a un diálogo amplio con todas las fuerzas políticas para construir acuerdos”, desde el SAT se filtraron documentos sobre una investigación en contra del líder del PVEM en el Senado, al que acusan de haber gastado 500 millones de pesos a través de empresas factureras en operaciones realizadas entre 2019 y 2020. La información difundida en un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y publicada por el diario Reforma, fue de inmediato interpretada en las cúpulas del partido del Tucán, como una suerte de “aviso o amenaza” desde Palacio Nacional para que los líderes verdes no anduvieran coqueteando con la alianza legislativa del PRI-PAN-PRD o con cualquier otro partido que no fuera Morena.
 
Una fuente cercana al Palacio Nacional confirma que al presidente López Obrador “le molestaron las declaraciones de Manuel Velasco ofreciendo acuerdos y diálogo a otras fuerzas políticas, cuando se supone que el PVEM tiene un compromiso y una alianza electoral y legislativa firmada con Morena”. De ahí que entre los mismos dirigentes del partido no hayan dudado en entender el mensaje que les quisieron mandar desde la Presidencia, aunque también cuestionaba uno de los líderes de ese partido: “Tanto que lo hemos ayudado y ahora resulta que no podemos ni llamar al diálogo y a los acuerdos porque ya nos están amenazando. El PVEM tiene aliados pero, y lo hemos demostrado, no tiene dueños”, nos dijo el dirigente.
 
Veremos en qué acaba la historia de amor, odio y conveniencia del presidente López Obrador con un partido al que antes despreciaba y consideraba parte de la “mafia del poder” pero que hoy, pragmático como es el inquilino de Palacio, los considera “aliados buenos”, aunque más allá de lo que piense de ellos, hoy el tabasqueño sabe que los necesita porque sin ellos pondría en peligro su mayoría en la Cámara de Diputados. Así que hoy, en su necesidad de tener cerca a los verdes, esos que tanto detestaba, López Obrador se parece un poco al personaje de García Márquez en “Memorias de mis Putas Tristes”. Cuando aquel viejo periodista soltero y que se enamora de una adolescente virgen, Delgadina, con la que hace el amor justo el día que cumple 90 años, reflexiona y dice: “El sexo es el consuelo que uno tiene cuando no le alcanza el amor”.

NOTAS INDISCRETAS…

La carta con la que el ministro presidente, Arturo Zaldívar, solicitó ayer formalmente que la Corte defina, en una “consulta extraordinaria”, sobre la constitucionalidad del cuestionado artículo 13 transitorio de la Reforma Judicial deja entrever que Zaldívar también considera la inconstitucionalidad del citado artículo que propone ampliarle su mandato como presidente del Poder Judicial por dos años más del tiempo original para el que fue electo. La redacción del ministro Zaldívar plantea cinco preguntas que deben responder los 11 ministros y en la primera de ellas por primera vez el presidente de la Corte menciona la posibilidad de que ese artículo sea inconstitucional: “Ante la posible inconstitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio del Decreto de reformas, ¿qué determinación debe de adoptar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?”. En la segunda pregunta propone que por el voto de los ministros se defina si el transitorio en cuestión contradice a lo estipulado en los artículos 97 y 100 de la Constitución; que la Corte decida si puede resolver un tema de constitucionalidad como este, con esta figura de “consulta extraordinaria” y sin que medie un recurso de controversia o acción de constitucionalidad por alguna de las partes afectadas; qué tipo de mayoría se requiere para invalidar o inaplicar una norma general, ¿basta la mayoría simple o se requiere una mayoría calificada de ocho votos?, es la tercera pregunta que plantea el ministro en su consulta; y finalmente, la quinta pregunta de la consulta extraordinaria dice que “de considerarse inconstitucional ¿cuál sería el efecto de esta resolución en relación con la norma general en análisis, así como respecto de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal?”. La consulta solicitada por Zaldívar, que se resolvería en aproximadamente un mes, ya fue aceptada ayer y turnada al ministro Fernando Franco González Salas para su ponencia y lo más interesante del tema es no sólo la rápidez con la que se resolvería un debate nacional que cuestionó no sólo la constitucionalidad de esta reforma y una presunta intromisión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, sino también un dato que nos comentó el viernes en el noticiero de “A la Una” de El Heraldo Radio el ministro Arturo Zaldívar: que él va a emitir su voto en esta consulta y no se va abstener de votar, como en un principio había ofrecido en caso de controversias o acciones de inconstitucionalidad en contra de esta reforma. Veremos cómo vota el ministro, pero todo apunta a que el transitorio será rechazado por la mayoría de ministros, tal y como ayer lo anticipaba el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, donde dijo que “sería muy difícil que los ministros lo aprobaran”. Algo debe saber ya el presidente sobre el rechazo que la propuesta que salió de su despacho en Palacio nacional provocó entre los 11 ministros de la Suprema Corte… A propósito de la Corte, ayer se empezó a discutir en el pleno un tema de la mayor relevancia: la validez de diversos artículos de la “Ley Nacional de Extinción de Dominio”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. En el primer día de un debate que durará toda esta semana, los ministros discutieron si la acción de extinción de dominio puede prosperar respecto a bienes que estén involucrados en hechos ilícitos, con independencia de si habían sido legítimamente adquiridos por sus dueños. La ministra Margarita Ríos Farjat señaló que uno de los puntos más importantes del análisis se refiere a los bienes que pueden ser sujetos de extinción de dominio y destacó que aunque la citada ley “pretenda equiparar la procedencia de un bien con el destino de éste, eso no es posible constitucionalmente hablando”. Se refirió con esto a que no basta que un bien se relacione con hechos ilícitos sino que además no haya sido legitima la adquisición de ese bien involucrado en cuestiones aparentemente ilícitas para que proceda la acción de extinción de dominio. “La Constitución federal es muy clara al señalar que dicha figura: será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima ´procedencia´ no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de ciertos delitos”, comentó la ministra Ríos Farjat, quien apuntó que es importante que en el ordenamiento legal quede estipulado un “deber mínimo” para que los propietarios vigilen sus bienes y procuren que nadie haga mal uso de ellos, aunque aclaró que aún con esa obligación la ley  “no puede ir en contra de un mandato constitucional expreso”, que abiertamente privilegia la seguridad jurídica  como principio para todos. Por lo que se discutió y debatió en el primer día, se ve que el debate sobre la Ley de Extinción de Dominio, pedida por el gobierno de López Obrador, se va a poner intenso… Será el sereno, pero ayer las acciones de Grupo Carso comenzaron a bajar, en vísperas de lo que diga el primer dictamen técnico sobre la tragedia de la Línea 12 del Metro. De confirmarse lo que ha trascendido en la prensa nacional e internacional, sobre la culpabilidad de las “fallas estructurales de construcción” y las decisiones que tomó CICSA, la empresa de Grupo Carso, para modificar los cálculos originales de la obra, a cargo de José María Riobóo e incluso no cumplir tampoco con los cálculos que la empresa de Slim le pidió al despacho de Colinas de Buen y meter juntas y pernos de acero que resultaron mal soldados y de mala calidad, las cosas para el grupo Carso se van a poner tensas, como también se puede poner la relación, hasta ahora idílica, entre el presidente López Obrador y el ingeniero Slim…Los dados mandan Escalera. Subida.

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