¿AMLO va por la contrarreforma energética?

Salvador García Soto

En su afán por restablecer la antigua política estatista en el sector, continuará fortaleciendo a Pemex y a la CFE

La carta de los congresistas de Estados Unidos, en la que le pidieron al presidente Donald Trump que revise las afectaciones y maltratos a las empresas privadas que participan en el sector energético de México por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hizo que el presidente mexicano tronara contra las quejas de los legisladores estadounidenses y de los inversionistas particulares en energía y anunciara que no sólo seguirá dando prioridad y preferencia a Pemex y a la CFE en su política energética por sobre los privados, sino que “si el marco legal no nos alcanza… voy a enviar si es necesario una iniciativa de reforma a la Constitución para que vuelva prevalecer el espíritu del artículo 27 constitucional”.

El sábado y de gira por Coahuila, justo en la Central Termoeléctrica “José López Portillo”, donde contestó a las quejas expresadas por congresistas republicanos y demócratas en su carta a la Casa Blanca, López Obrador dejó en claro que podría promover una contrarreforma a la Constitución para echar abajo todos los cambios constitucionales y legales que se hicieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que constituyeron la llamada Reforma Energética que, a decir del actual, mandatario, “dejaron todo completamente a favor de los particulares”, por lo que no descarta enviar al Congreso una propuesta para volver a modificar el artículo 27 y devolverle al Estado el control total absoluto del monopolio energético, como ocurría en los tiempos de “la política de Venustiano Carranza, la política de Lázaro Cárdenas y la política de Adolfo López Mateos”.

En tono fuerte, que denotaba molestia por las quejas no solo de los congresistas estadounidenses sino también por las ofensivas legales de empresas privadas del sector energético que han impugnado ante el Poder Judicial el decreto de su nueva política energética que modificó los acuerdos con empresas privadas de energía renovable, el presidente defendió el llamado “Decreto Nahle” y dijo claramente que continuará con la política de fortalecer a las dos empresas estatales, por encima de los privados, aunque ofreció que respetará los contratos y los acuerdos que el gobierno tiene con empresas particulares. “No vamos nosotros a violar ningún acuerdo y ningún contrato, vamos de acuerdo a los márgenes legales que se tengan, a darle preferencia tanto a CFE como a Pemex, así de claro”.

A los miembros del Congreso de EU que acusaron a su gobierno de “violentar el espíritu del T-MEC” al darle un trato prioritario a las empresas estatales del sector energía, entre los que estaban influyentes legisladores demócratas y republicanos como los dos senadores de Texas John Corny y Ted Cruz, López Obrador les recordó que “México no negoció ningún capítulo energético” ni con Estados Unidos ni con Canadá en el nuevo tratado comercial, y recordó que justo por eso se detuvieron en algún momento las negociaciones porque él se opuso a incluir el sector energético que el gobierno de Peña Nieto había aceptado meter al T-MEC, y hasta que se eliminó ese capítulo que contravenía el artículo 27 constitucional, aceptó seguir negociando. De hecho, hay una versión contada por negociadores que participaron en aquellas pláticas en 2019, que afirman que el gobierno de López Obrador habría intercambiado con la Casa Blanca eliminar el capítulo energético del tratado, a cambio de aceptar las exigencias migratorias de Donald Trump.

Y al justificar su nueva política energética, que intenta recuperar el estatismo del pasado, el presidente volvió a atacar a las empresas privadas que generaban energía limpia para la CFE, a las que cuestionó por estar “subsidiadas” y dijo que se aprovecharon de la Comisión con contratos que obligaban a pagarles generaran o no energía. “Utilizaron otro sofisma, el de las energías limpias, el que las plantas de la CFE eran viejas y contaminan y que por lo mismo era mejor la producción de energía con gas, las termoeléctricas, las eólicas o la solar, energías que no contaminan, pero están subsidiadas”.

López Obrador aprovechó el tema para golpear de nuevo a la empresa española Repsol, a la que acusó de haber abusado de la política privatizadora y mencionó que se llevaron a trabajar en su empresa a la exsecretaria de Energía Georgina Kessel y como consejero al expresidente Calderón. “Una vergüenza, y todavía se inconforman cuando deberían estar pidiendo disculpas por el abuso, por las atrocidades que se cometieron en el periodo neoliberal. A mí no me paga Repsol a mí me pagan los mexicanos para servirles y por eso tengo que defender el interés público, no el interés de particulares”, dijo el mandatario.

Así es que en materia energética el presidente no piensa ceder y, en su afán por restablecer la antigua política estatista y monopólica en ese sector, continuará fortaleciendo a Pemex y a la CFE para que recuperen sus antiguos esplendores, aunque eso signifique inyectarles miles de millones de pesos para lograr algo que, según los expertos en estos temas, difícilmente volverán a tener la misma fuerza y productividad que en el pasado. Mientras, seguirá la lluvia de amparos y las demandas de empresas privadas energéticas en contra de su gobierno ya no sólo en los tribunales nacionales sino también a nivel internacional, como ya ocurrió con la carta de los congresistas de EU. A menos que López Obrador se decida a volver a cambiar la Constitución y su artículo 27 para dejarlo como estaba hasta antes de la reforma energética peñista. ¿Lo hará?

NOTAS INDISCRETAS… 

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, se comunicó con esta columna para asegurar que “la seguridad en Puebla no se está complicando” y que, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Inegi, su estado “se posicionó 7 lugares por debajo de la media nacional en incidencia delictiva” y que registra disminuciones en todos los delitos de alto impacto como el homicidio doloso con -19.86%, extorsión -23%, secuestro -69%, robo a transportistas -69% y feminicidios  y violaciones con -11% y -23% respectivamente, según las cifras que da el gobierno de Puebla. En cuanto al conflicto en le Secretaría de Seguridad Pública que encabeza el chiapaneco Raciel López y la suspensión de 16 policías que han denunciado violaciones a sus derechos y hostigamiento por acusar la falta de recursos en la dependencia y que los obligaban a pagar la gasolina de sus patrullas, el gobernador Barbosa aseguró que detrás de esas denuncias periodísticas que fueron incluso retomadas por diputados de oposición en el Congreso local “hay intereses políticos perversos” porque según el mandatario la suspensión de esos policías se debió a un procedimiento interno por indisciplina y ataque a sus mandos superiores  por lo que el tema es investigado por la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Estatal. Incluso adelantó que algunos de esos policías podrían ser investigados y acusados si se descubre que tienen vínculos con la delincuencia u otro tipo de intereses ajenos a la corporación. En fin, que según el mandatario de Puebla la seguridad en su estado “va bien y está mejorando con el trabajo que estamos haciendo” y lo que hay detrás del conflicto en la SSP y en la policía poblana “obedece a otro tipo de intereses políticos turbios”… En Puertos y Aduanas ha llamado la atención el intenso activismo del diputado panista Jorge Luis Preciado, quien ha estado abogando por la empresa Porter FG de México para retener una obra de infraestructura de la API Manzanillo, que está bajo el mando del almirante Salvador Gómez Melillón. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR aseguran que el diputado Preciado ha acudido a empujar una investigación de supuestas irregularidades relacionadas con el contrato APIMAN01-035/18 otorgado a la empresa Logística y Fluidos a Graneles para construir una terminal especializada en el manejo de fluidos petroleros y no petroleros que generara 5 mil empleos. Las “gestiones” del legislador panista a favor de Porter FG México, del empresario Esteban Miranda, no parecen tomar en cuenta que su amigo ya perdió el último recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado que el pasado 4 de septiembre ordenó sobreseer el proceso por voto unánime de los tres magistrados federales. Veremos hasta dónde llega el tema, pero por lo pronto en la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos, dicen que no se dejarán presionar por los fueros legislativos de Preciado y menos por posibles intereses personales y políticos del legislador… Los dados mandan Serpiente. La semana se ve complicada.

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