Luego de su comentada reaparición política y de las fuertes polémicas que desató con su nuevo libro y con los mensajes políticos que mandó en aquel video donde aparece en “La Chingada”, sentado en su poltrona y predicando, el nombre del expresidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a estar en la mira pública no sólo de México sino de Estados Unidos.
Y es que ayer, en dos medios diferentes, la revista Proceso y el portal de Código Magenta, López Obrador volvió a ser tema. En el primer caso, por un artículo en el que se afirma que el expresidente mintió al decir que todo este tiempo estuvo “retirado” y encerrado en su finca tropical en Palenque, porque en realidad ha salido en varias ocasiones del rancho y ha estado en la Ciudad de México sosteniendo reuniones y operando políticamente; y en el segundo caso por un editorial en el que se afirma que, desde el gobierno de Estados Unidos, sí hay el interés de llegar hasta Andrés Manuel, y se habla de varias investigaciones que avanzan en ese sentido.
Sobre “el activismo de López Obrador”, el periodista José Gil Olmos publicó ayer en Proceso un artículo en el que, con base en fuentes directas, sostiene que el exmandatario nunca se retiró ni se jubiló del todo, como él afirma. “Nada de ostracismo, Andrés Manuel López Obrador no se mantuvo encerrado en su finca de Chiapas mientras escribía su 21 libro Grandeza, sino todo lo contrario: estuvo en contacto con las principales piezas de su proyecto la Cuarta Transformación a fin de solventar los escollos que han afectado su curso en lo que va del año”, escribió Gil Olmos.
Según sus fuentes, que menciona como allegados y políticos cercanos, hay registro de varias salidas que realizó el expresidente de su rancho durante el último año para atender tanto temas políticos como personas y habla de al menos cinco ocasiones en las que el expresidente estuvo en la Ciudad de México durante ese lapso. Sus salidas de “La Chingada” siempre fueron discretas y con medidas de seguridad para evitar que se filtrara información sobre sus movimientos, señala el periodista.
Entre esas reuniones que ha sostenido en privado y con total secrecía, José Gil menciona un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum “para analizar escenarios políticos y de gobernabilidad que enfrenta por factores internos pero también externos, como las presiones del gobierno de Donald Trump”. También comenta que pudo tener encuentros con Adán Augusto López y con Alejandro Esquer, ambos senadores que operan sus asuntos e intereses políticos.
De hecho, el periodista de Proceso desliza que la salida de Gertz Manero de la FGR fue un movimiento también acordado entre la presidenta Sheinbaum y el exmandatario para frenar las filtraciones de expedientes e información que involucra a personajes clave del proyecto lopezobradorista.
En cuanto al interés que existe en el gobierno de Estados Unidos para investigar y eventualmente acusar a López Obrador, ayer en el portal Código Magenta de Ramón Alberto Garza se publica un editorial titulado “La Ruta de Washington contra Palenque”, en el que se señala que, a través de diversas investigaciones impulsadas desde el Departamento de Estado, se busca llegar al expresidente a través de dos acciones tomadas por la administración Trump la semana pasada: la primera la detención del empresario mexicano Manfred Mauricio Quintanilla, socio de Transportes Unidos Mexicanos, personaje clave en la llamada “Operación Polanco” realizada por la DEA para comprobar que el Cártel de los Beltrán Leyva realizó aportaciones financieras a la campaña presidencial de López Obrador en 2006.
Citando información del medio ProPública, de los Estados Unidos, se señala que el dinero para la campaña lopezobradorista fue entregado a Mauricio Soto Caballero, político que en 2002 se asoció con Manfred Mauricio Quintanilla, en la empresa Arte y Creatividad Digital S.A de C.V., mientras que el intermediario entre López Obrador y los Beltrán Leyva, señala el video de Código Magenta, era Nicolás Mollinedo, antiguo chofer y confidente de AMLO, quien es primo de Rafael Marín Mollinedo, actual director de Aduanas y quien como director de la Red de Transporte de Pasajeros del gobierno capitalino, asignó en 2002 un contrato a una empresa en la que estaban asociados el detenido en EU, Manfred Mauricio Quintanilla, y Mauricio Soto Caballero.
El otro elemento que apunta hacia López Obrador, sigue el editorial de Magenta, se refiere a la filtración de un oficio de la agencia de Homeland Security Investigation, publicado por el medio Pie de Nota, y que habría sido enviado a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la FGR, en el que advierte del papel del empresario Jack Landsmanas “para asistir a un grupo de la delincuencia organizada catalogado como delincuencia organizada” y habla de una cadena de corrupción del empresario de origen lituano en el IMSS, Migración, Pemex, CFE y con secretarías de Finanzas de varios gobiernos estatales. Los negocios y contratos de Landsmanas con la 4T como abastecedor de comida llamaron la atención de EU a partir de las transferencias de alimentos a Venezuela a cambio de petróleo, un programa implementado en el gobierno de López Obrador.
Así es que el activismo de López Obrador y su falso retiro de la vida pública y política, con las constantes salidas de Palenque y sus reuniones en la CDMX, no sólo confirman que el expresidente sigue siendo el único y verdadero líder del proyecto político que fundó y que, desde las sombras, sigue decidiendo y moviendo los hilos del poder; también son la evidencia de que el exmandatario está nervioso y preocupado porque sabe que, después de Maduro y Petro, la administración Trump podría venir por él a México.
NOTAS INDISCRETAS… Después de la entrega de 55 narcos mexicanos que el gobierno de la presidenta Sheinbaum hizo a Estados Unidos en este año, poco se ha sabido del estatus legal y la situación que enfrentan esos narcos en las prisiones estadunidenses. Las dudas que dejó ese proceso, en el que no se sabe bien a bien si todos esos presos mexicanos fueron enviados en calidad de extraditados, expulsados o bajo qué figura legal, afloraron el pasado lunes en el Senado de la República en donde legisladores como Mario Vázquez, del PAN, y Saúl Monreal, pidieron al gobierno federal que informe qué fue lo que ocurrió con esos personajes que fueron entregados en dos momentos, primero 29 de ellos en febrero pasado, y 26 más en agosto. Entre los reos enviados a Estados Unidos había narcos de la talla de Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, Servando Gómez “La Tuta” y Antonio Oseguera Cervantes, entre otros, pertenecientes a diferentes cárteles y grupos criminales. Las peticiones de los senadores por información, que fueron recogidas por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, señalan que más allá de los graves delitos que purgaban esos presos, como ciudadanos mexicanos tienen derecho a recibir asistencia consular en sus procesos en los Estados Unidos, algo sobre lo cual el gobierno mexicano no ha informado nada, como si al entregarlos al vecino país se hubiera desentendido del asunto y del trato que se les de en las prisiones estadounidenses. Porque al final el gobierno de la doctora Sheinbaum nunca aclaró bajo qué figura fueron entregados todos esos delincuentes, si se trató de peticiones de extradición en todos los casos o si se aplicó una figura legal que desde hace un siglo no se utiliza y que se creía abolida, como es el “destierro de ciudadanos” que está expresamente prohibido en la Constitución, y si en la necesidad de calmar las presiones de Trump, no se camuflajeó ese destierro con palabras y figuras como “traslado” o “entrega” porque en muchos casos de los 55 no medió un proceso de extradición. Y si bien dichas entregas también han sido manejadas como “deportaciones”, esta figura en términos de derecho solo aplica para extranjeros, porque un mexicano no puede ser expulsado ni deportado de su país como lo establece la Constitución. Las preguntas que se hacen los senadores es si, ante la falta de información que le solicitan al gobierno, estas “entregas” realizadas por una decisión política no significó una omisión o una violación procesal y, en el peor de los casos, también una violación a los derechos de los delincuentes que tenían derecho a la defensa y a la garantía de que ningún ciudadano mexicano puede ser expulsado de su país sin las debidas formalidades legales. Todas esas preguntas, que se están haciendo los senadores, no han tenido respuesta y valdría la pena que el gobierno las respondiera para desechar cualquier resquicio de ilegalidad en las entregas masivas de narcos al gobierno de Trump… Y hablando de presos, resulta que el presunto extorsionador y narco de Los Cabrera, Edgar Rodríguez “El Limones” no tenía uno, sino varios padrinos políticos en su actividad delincuencial. Porque según el periodista Oscar Balmen, “El Limones” recibía protección de la alcaldesa morenista de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, y también lo protegía desde el gobierno del mandatario priista de Durango, Esteban Villegas, desde el gobernador hasta altos funcionarios de su gabinete. “Falta que de la aprehensión de 'El Limones' se escale a la alcaldesa de Gómez Palacio, al gobernador de Durango y a muchos otros poderes políticos. Esto explica por qué un tipo como “El Limones” que fue tan buscado, haya caído hasta ahora”, dijo Balmen en una entrevista para el periódico duranguense Razacero. ¿A todos esos protectores de narcos también los van a exonerar en el gobierno federal?... Los dados repitieron Serpiente Doble. La semana se pone intensa.