Dirigentes y diputados del PVEM y el PT están recibiendo “fuertes amenazas políticas, personales y jurídicas” para que aprueben el proyecto de Reforma Electoral de la presidenta Sheinbaum que continúa trabado y sin acuerdos en el Congreso. Fuentes que saben de las negociaciones acusan que, a pesar de su disposición al diálogo y de que han hecho propuestas para negociar, todas les han sido rechazadas, primero por Pablo Gómez y luego por la Secretaría de Gobernación, y que los negociadores del gobierno federal han endurecido su tono y presionan con amenazas y represalias de todo tipo a los partidos aliados y a sus dirigentes.
A Pablo Gómez, por ejemplo, los petistas y los verdes le presentaron varios planteamientos para destrabar los temas que no aceptan, como la reducción de plurinominales y el recorte a los recursos públicos a los partidos, pero todas y cada una de las cosas que le presentaron al titular de la Comisión Presidencial, nos dicen, les fueron rechazadas con total “cerrazón y soberbia”. Lo mismo pasó con la Secretaría de Gobernación donde reconocen que hubo más apertura para escuchar sus planteamientos, pero al final la respuesta fue la misma: no se negocia la propuesta de la presidenta.
El endurecimiento del gobierno y de Morena hacia sus aliados, a los que no quieren cederles nada significativo, ha hecho que varios de los dirigentes y coordinadores del PT y el PVEM estén preocupados ante las presiones y amenazas directas que les han hecho los “negociadores” de la presidenta. Desde temas personales que han salido a relucir en tono amenazante, hasta sanciones políticas y denuncias jurídicas y penales en su contra, según nos confirman las fuentes consultadas.
Las amenazas están llevando al límite a los aliados de Morena que esta semana tendrán que definir si ceden sus votos en la Cámara de Diputados y en el Senado, para que Morena pueda alcanzar la mayoría calificada, o si de plano entran en choque con el gobierno y su partido lo que tendría para varios de ellos consecuencias hasta penales. Por eso la semana que comienza es clave para destrabar la iniciativa de Sheinbaum a la que ella, sus funcionarios y su partido se niegan a cambiarle “ni una coma”.
Y es que, por más que la doctora y sus colaboradores la quieran venderla como una “reforma democrática y que disminuirá el costo de las elecciones”, la realidad es que la iniciativa de Sheinbaum está hecha desde el poder y para el poder. A cambio de ahorrar algunos miles de millones de pesos que le quitarán al INE y a los partidos (y que seguramente los usarán para seguir pagando “ayudas sociales” y comprando votos y conciencias de la población beneficiada) lo que proponen es una reforma que fortalece claramente al partido hegemónico que ya es Morena, mientras debilitan aún más a la oposición, a las minorías y al árbitro electoral al que le cercenan su estructura profesional y los recursos para garantizar elecciones limpias y confiables.
Reducir el presupuesto a los partidos políticos en 25% sin duda es una propuesta popular y que muchos mexicanos avalan, pero lo que no dicen es que esa reducción al final beneficia a Morena, porque quitarle un cuarto de los casi 2,700 millones de pesos que recibe este año el partido gobernante, lo dejaría todavía con la friolera de 2,055 millones de pesos de presupuesto público, mientras que para el resto de los partidos de oposición la reducción del 25% resulta más significativa en relación a lo que reciben.
Eso sin contar que la verdadera fuerza de Morena y de su maquinaria electoral y clientelar no está en el dinero que reciben como prerrogativas, sino en el casi 1 billón de pesos que este año se destinan a los “programas del bienestar” que le reparten a más de 32 millones de personas, que se los dan con una credencial guinda y se los entregan jóvenes con chalecos guinda y con un discurso claramente encaminado a generar una identificación y gratitud de los beneficiarios de esas ayudas con el partido gobernante.
El otro tema popular y atractivo que venden la presidenta y su partido es la eliminación de las diputaciones y senadurías de representación proporcional. Curiosamente la doctora Sheinbaum dice despreciar las pluris e incluso narra —igual que en su momento lo hizo López Obrador— que a ella le ofrecieron ser diputada plurinominal y la rechazó, aunque no explica por quée la dirigente de su partido, Luisa María Alcalde o el propio Pablo Gómez, sólo han sido diputados por la vía plurinominal, o como es que su flamante asesor en esta “reforma democrática”, el magistrado Arturo Zaldívar intentó reelegirse como presidente de la Corte en el 2021 con una chicanada legal con la que buscaba extender por 2 años más su presidencia.
Por lo demás la fórmula que diseñaron los morenistas que hicieron esta reforma para sustituir a los diputados plurinominales es otro engaño. Elegir a los diputados por listas regionales se parece más a los “acordeones” que se utilizaron en la cuestionada elección judicial de 2025 que a un método democrático.
Porque los supuestos candidatos a diputados tendrían que hacer campaña para que los votaran, pero difícilmente podrán hacerla en los casi 1,000 municipios que abarcan la mayoría de las Circunscripsiones electorales en las que se presentarán las “listas” de representación proporcional; es decir, que al final esos diputados terminarán ganando por las estructuras partidistas que los respalden, tal y como ocurrió con los “acordeones” judiciales y ya se sabe cuál es hoy la mayor estructura electoral y clientelar, la de Morena.
Y de lo más preocupante y peligroso de la reforma de Sheinbaum, sin duda el debilitamiento del árbitro electoral, con el atractivo mensaje de la reducción de presupuesto. Porque desaparecer el Servicio Electoral profesional y de carrera que hoy tiene el INE, para sustituirlo por personal eventual que se contratara para cada elección, claramente no apunta a querer un árbitro fuerte y sólido, sino a contar con un instituto más manejable para los intereses del poder.
La desaparición del PREP es otra cosa que huele muy mal en la reforma claudista: si hay un elemento que en los últimos 30 años (desde la reforma electoral de 1996) le dio certeza y certidumbre a los resultados electorales, fue el programa de resultados preliminares, con el que los mexicanos veíamos en tiempo real cómo se iban moviendo la votación de partidos y candidatos. Eliminar ese sistema que alejó los fantasmas del fraude y las dudas que históricamente rondaron a las elecciones mexicanas es claramente apostarle a la opacidad y al control de los resultados.
Al final el elemento más claro para desconfiar y temerle a la reforma electoral de Claudia Sheinbaum es su soberbia y cerrazón para no dialogar ni negociar con nadie los términos de su propuesta. Siempre en México, en todas las reformas electorales que hemos tenido a lo largo de la historia democrática reciente, se busca tener el consenso de todas las fuerzas y los actores políticos que participan en el sistema electoral y de partido, y en esta propuesta no se dialogó con nadie, ni siquiera con sus aliados a los que ahora amenazas y extorsionan para que den su voto.
El llamado público que hizo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a quien la presidenta ha dicho que respeta y reconoce, fue bastante claro al pedir que se abriera la reforma al diálogo y a un ejercicio de Parlamento abierto para despejar cualquier duda o preocupación. Lo que más le convendría a la doctora es abrir un espacio de diálogo y negociación con todas las fuerzas políticas del Congreso para que su reforma no se vea como una imposición hecha sólo por morenistas militantes y que claramente buscaron favorecer a su partido y no al sistema democrático.
A la doctora se le llena la boca todas las mañanas repitiendo que su gobierno no es autoritario, que respeta las libertades y el derecho a disentir. Pues bien, si eso es verdad, este es el momento de demostrarlo: si la presidenta quiere una reforma legítima y no por la fuerza, tendría que escuchar a Cárdenas; si lo que quiere es imponer su voluntad y beneficiar a su partido para que se eternice en el poder, entonces doblará con amenazas y presiones a sus aliados y logrará una reforma electoral espuria.
NOTAS INDISCRETAS… En Coahuila la reciente visita presidencial dejó a varios preocupados, entre ellos el gobernador priista, Manolo Jiménez, quien aún no supera el mal sabor de boca que le dejaron los abucheos de sus propios paisanos frente a la mandataria cuando se mencionaron los problemas de suministro de agua en la región de Monclova. Y es que justo cuando se presentaba el Programa de Vivienda para el Bienestar por parte del director del Infonavit, Octavio Ramírez Oropeza, la sola mención del nombre del gobernador Jiménez, como donador de los terrenos, desató fuertes gritos de “¡fuera, fuera”! y hasta “Pinocho” en contra del gobernador por parte de los habitantes de la unidad Colinas de Santiago en Monclova. El gobernador, vanidoso como es, trató de calmar los gritos en su contra, que continuaron cuando él hablaba y le mandaba besos a la gente, pero lo que le devolvían eran rechiflas y expresiones de rechazo. La presidenta hizo como que no vio ni oyó y el gober priista diría después que todo fueron “grillas” en su contra. Pero el tema para Manolo Jiménez no paró en las rechiflas, en otro evento a la presidenta se le acercaron productores de la región carbonífera de Coahuila para denunciarle presuntas irregularidades en la compra de carbón para la Comisión Federal de Electricidad. Y es que según las versiones que le dieron a Sheinbaum, en esas irregularidades estaría inmiscuido el secretario particular del gobernador, Ricardo González, quien tendría injerencia en la asignación de volúmenes de ese combustible, en coordinación con el director de Adquisiciones de la CFE, Rodrigo Espíndola. Esa presunta colusión, denunciada por productores de Coahuila, estaría perjudicando a productores regionales y generando molestia entre empresarios por la concentración de poder y decisiones en un grupo cercano al gobernador Jiménez, quien. Por eso dicen que al mandatario priista se le vio muy incómodo tras la visita de la presidenta… La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, sigue atrapada entre la espada y la pared por el caso de los 800 perros rescatados en Cuajimalpa. Y es que ese tema pasó de ser un mero asunto administrativo a convertirse casi en una bomba política, jurídica y moral para su gobierno. Por un lado, está la indignación pública por el fallido operativo del 7 de enero pasado donde los 800 animales fueron trasladados en medio de improvisación, opacidad y versiones contradictorias, lo que abrió un flanco de crítica que aún no puede cerrar el gobierno capitalino. Por el otro, está el compromiso —hasta ahora incumplido— con uno de los desarrolladores inmobiliarios más poderosos y controvertidos del país: Max El-Mann. El empresario de Fibra Uno, conocido por haber levantado la Torre Mítikah pese a la resistencia vecinal, adquirió desde 2020 un predio de más de 16 mil metros cuadrados a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama por 650 millones de pesos. Los permisos están autorizados en su mayoría, pero solo para el 20 por ciento del polígono tiene uso de suelo habitacional; el 80 por ciento restante es Área Verde con categoría de valor ambiental. Es decir, un desarrollo jurídicamente limitado y políticamente sensible. Y en medio de todo esto aparece el Refugio Franciscano, que sigue haciendo campaña engañando a la gente con buenas intenciones hacia los animales, aunque el grupo está bajo la lupa de la Secretaría de Hacienda. La organización ha recaudado millones a través de dos figuras: Asociación Civil e Institución de Asistencia Privada, esta última con beneficios fiscales para donantes. Pero el problema ya no es contable. El propio gobierno capitalino acreditó maltrato y crueldad animal y esos delitos tienen responsables identificados. Pero extrañamente, teniendo todo para proceder en las denuncias contra el Refugio Franciscano, las acciones penales, que parecían inminentes, se enfriaron. Versiones internas del Palacio del Ayuntamiento señalan que el secretario de Gobierno, Cesar Cravioto, pidió frenar las manifestaciones públicas a cambio de la devolución paulatina de los perros y, sobre todo, la promesa tácita de que nadie del Refugio iría a prisión. Las denuncias contra el Refugio no son nuevas: existen antecedentes desde 2015 que, por razones políticas, habrían sido archivados. Y ahora se suma una más: daño ambiental en la Barranca Echanove, en Cuajimalpa, donde se calcula que durante casi cinco décadas se arrojaron más de 110 mil kilos de excremento de perros. El predio en cuestión, en su mayoría, ya fue entregado legalmente a El-Mann. Solo permanecen pendientes alrededor de 5 mil metros cuadrados que, según resoluciones judiciales, están retenidos por el Refugio de manera ilegal. El empresario comienza a impacientarse. No se trata solo de los cinco millones de pesos mensuales que recibe como penalización por incumplimiento de parte de la Haghenbeck, sino que ahora el poderoso empresario, que habría apoyado las campañas capitalinas de Morena, exige resultados. Y en el peor de los mundos quedó en todo este entramado la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama. Antes de este escándalo gozaba de prestigio por sus campañas masivas de esterilización en varios estados del país. Hoy enfrenta una ofensiva pública impulsada por el propio Refugio, que la acusa de vender inmuebles. Sin embargo, solo el predio de Cuajimalpa fue enajenado, con autorización expresa de la Junta de Asistencia Privada y con la anuencia de la entonces jefa de Gobierno y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum. Si todo esto es cierto, el mensaje del gobierno capitalino es que la ley se aplica, solo hasta que estorba. Y cuando estorba, se negocia. Clara Brugada no enfrenta únicamente una crisis de bienestar animal, sino un tema de congruencia política. Porque cuando la justicia se vuelve moneda de cambio, el daño no es colateral: es estructural y la credibilidad de un gobierno, no se rescata ni con conciertos gratuitos en el Zócalo ni con silencios pactados… En los poco más de dos meses que lleva como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora ha iniciado una reestructuración que busca eficientar y fortalecer al organismo, no sólo en sus áreas operativas y administrativas, sino en su relación y apoyo a los empresarios del país. Y dentro de esa estrategia, el empresario jalisciense también está buscando reforzar las alianzas del organismo y para ello acaba de invitar a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, copresidentes de Grupo Televisa, para que se integren como “aliados estratégicos” del CCE… Se avientan los dados. Escalera doble para arrancar la semana y el mes de marzo. Cosas buenas para los amables lectores.