En medio de la incertidumbre que representa la relación con el gobierno de Trump, de la violencia que persiste en el país, del nulo crecimiento económico, el oficialismo le sigue apostando a la división y a la decisión de cambiar las reglas electorales que permitieron la alternancia en el poder, la representación plural, la presencia de las minorías y una competencia más equitativa. Quieren cambiar las reglas que pavimentaron el camino para que, en 1997, el cardenismo ganara la capital de la República, triunfo que hizo posible que en el dos mil López Obrador se convirtiera en el Jefe de Gobierno e iniciara así de manera contundente su ascenso político nacional. Pretenden desmantelar las normas que solo han sido modificadas exclusivamente para mejorarlas y con el consenso de todas las fuerzas políticas. Su objetivo es enterrar el sistema que hizo factible el arribo de López Obrador a la presidencia para que no haya posibilidad de que alguna otra expresión política les dispute el poder.
Siguiendo el modelo venezolano y traicionando la lucha democrática de la que formaron parte han puesto sobre la mesa —todavía de manera extraoficial— una reforma regresiva y en la que el consenso es lo que menos les importa. Es el último eslabón en su estrategia de concentración del poder en la presidencia, de la eliminación de la división de poderes y de la sujeción de estos al oficialismo. El argumento que se esgrime es que hay que disminuir el costo de las elecciones, el mismo que han utilizado para golpear al poder judicial y desmantelar instituciones, pero que hoy enfrenta la realidad de su incongruencia como, por ejemplo, con la compra de las nada austeras camionetas para los ministros de la Corte. Ya la elección judicial con sus acordeones y procedimientos poco claros, o el manchado proceso de revocación de mandato en Oaxaca, nos demuestra por dónde quieren caminar. Pero lo más grave de todo esto es que de todos los cambios propuestos ninguno tiene que ver con impedir el financiamiento ilegal que, como el huachicol, les permitió competir con recursos cuantiosos o lo que es peor con impedir la participación del crimen organizado en las elecciones, que por lo menos en ciertos ámbitos municipales y estatales ha quedado documentada. El peligro entonces no es solo que se le cierren las puertas a la oposición, sino que directamente la delincuencia organizada influya de manera determinante en regiones que domina sin que exista ninguna traba legal.
Los riesgos de regresión permean la propuesta oficial y sólo una enorme confluencia ciudadana le puede cerrar la puerta a este tufo autoritario. De ahí la iniciativa de ex y legisladores, académicos, analistas, líderes sociales, feministas y otros, de formar un gran frente amplio que frene esta intentona de aprobar la Ley Maduro con su sobrerrepresentación ilegal y anticonstitucional en el Congreso. La experiencia de la reforma judicial debe servir para entender que sólo una coalición lo más amplia posible de fuerzas ciudadanas y sociales puede detener esta reforma y que ante la decisión del oficialismo de no escuchar otras voces, el único camino es recurrir a la resistencia civil pacífica para defender la democracia y a nuestra patria.
Política mexicana y feminista