La Presidenta ha intentado convencer al país de que la operación en la que se abatió a Nemesio Oseguera “El Mencho” en nada se parece a la estrategia de Felipe Calderón contra el crimen organizado. Sin embargo, por lo menos lo sucedido el domingo pasado en Tapalpa se asemeja mucho al operativo en el que murió Arturo Beltrán Leyva (el llamado “Jefe de Jefes”) un diciembre del 2009. El guion es prácticamente el mismo, con la diferencia de que en aquella ocasión fue la Marina la encargada. Se quiera o no, por presión del gobierno norteamericano o por decisión propia, el hecho demostró que la política de “abrazos no balazos” fue un fracaso y que la omisión derivada de la misma permitió que el CJNG se convirtiera en una organización criminal muy poderosa a nivel nacional y transnacional. La prueba es la respuesta con una gran violencia y despliegue territorial que alcanzó a varios estados en medio de un inexplicable silencio oficial que solo propició el caos y la indefensión de la población durante varias horas. Y frente a ello, a pesar del reconocimiento unánime, la postura de la Jefa del Estado Mexicano fue, por decir lo menos, vergonzante porque sabe que ese hecho contradijo no solo lo que durante años repitió López Obrador, sino su propia postura, pues apenas unos días antes había dicho que nunca procedería así porque sería actuar al margen de la ley. El 22 de febrero estas palabras quedaron sepultadas.
Pero más allá de lo sucedido ese día, lo que es cierto es que la violencia que asola a nuestro país no disminuirá si no se tocan las redes que protegieron a este criminal y si no se rompe el pacto de la política con la delincuencia organizada. Estos vínculos son los que han permitido que la misma domine regiones del país y lejos de atacar esta situación, de afrontarla, se ha optado por cubrirle las espaldas a quien, desde sus posiciones de poder, han sido señalados por propios y extraños y que tienen a sus estados y municipios bañados en sangre. Más allá de lo inoportuno del momento para presentar una reforma electoral, la realidad es que anular toda participación del narcotráfico en las elecciones a través del dinero o de la intimidación, o incluso de la postulación de gente allegada, debiera ser una prioridad para el gobierno y sin embargo no lo es porque sería cortarse una mano. Lejos de poner este aspecto como central —lo que propiciaría un gran consenso—, el oficialismo mantiene su estrategia de división y polarización y su deseo de anular a la oposición cuando más necesita del apoyo de todas las fuerzas políticas pues, utilizando sus propias palabras, “acaban de agitar el avispero”. Con una propuesta de reforma electoral que jamás hubieran aceptado como oposición, los que hoy gobiernan se quieren quedar con todas las canicas, normalizar los acordeones, los sobres amarillos y el huachicol, promover la opacidad en los resultados electorales, y quitarle todavía más dientes al árbitro para que todas sus faltas no sean sancionadas. Lejos de unir para enfrentar a un adversario del tamaño del narcotráfico, una vez más dividen porque en realidad para ellos ese no es el enemigo sino un aliado imprescindible para mantenerse en el poder.
Política mexicana y feminista