La reciente votación sindical en la planta de Mondelez en Puebla debería leerse como algo más que un episodio interno entre organizaciones gremiales. Es, en realidad, una prueba concreta de que la democracia sindical en México no puede —ni debe— quedar supeditada a intereses políticos, económicos o incluso internacionales.
Durante meses, la Unión General de México (CONLABOR - UGM), encabezada por René Sánchez Juárez e Hiram Juárez Pavón, con la representación legal de Pablo Franco, emprendió una estrategia para obtener la titularidad del contrato colectivo de trabajo de esa importante empresa transnacional. El proceso no fue menor: incluyó presiones, recursos legales y hasta la activación, en dos ocasiones, del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, bajo el argumento de supuestas violaciones a la libertad sindical.
Sin embargo, los hechos terminaron imponiéndose sobre la narrativa. En una votación que se extendió por más de 14 horas, organizada por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con apoyo de instancias federales y observadores oficiales, los trabajadores hablaron con claridad. El sindicato FESIJEM, liderado por Jesús Isidro Moreno Mercado, y María de la Paz Moreno Mercado con la representación legal del Lic. Gary Jorge Pérez Grijalva, no solo retuvo la titularidad del contrato, sino que lo hizo con un margen contundente: más del 70% de los votos emitidos. En contraste, la UGM obtuvo apenas el 23% del padrón.
El dato es políticamente incómodo para quienes impulsaron el proceso desde fuera: ni el gobierno mexicano encontró evidencia de violaciones a derechos laborales, ni los trabajadores respaldaron el intento de cambio sindical. Es decir, la intervención externa no solo resultó infundada, sino también innecesaria.
Este caso deja una lección central. La democracia sindical no se decreta desde oficinas gubernamentales, despachos legales o presiones internacionales; se construye en las urnas, con el voto libre y secreto de los trabajadores. Cuando ese principio se respeta, el resultado puede no coincidir con los intereses de actores poderosos, pero sí refleja la voluntad real de la base laboral.
México ha avanzado en materia de libertad sindical, pero este tipo de episodios demuestra que el riesgo de captura —ya sea por viejas prácticas corporativas o por nuevas formas de injerencia— sigue presente. Por eso, la defensa de la democracia sindical debe ser firme y consistente: no selectiva, no condicionada y, sobre todo, no instrumentalizada.
Al final, lo que ocurrió en Puebla no es una victoria de un sindicato sobre otro. Es, o debería ser, una victoria del principio más básico: que sean los trabajadores, y nadie más, quienes decidan.