Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Con mayor frecuencia se erosionan gradualmente, a través de reformas que parecen técnicas o administrativas pero que, acumuladas, terminan por alterar los equilibrios fundamentales del sistema. La reforma electoral impulsada por Morena y su gobierno debe analizarse en esa perspectiva histórica.
La paradoja es evidente. Quienes hoy promueven cambios que debilitan la representación plural y la autonomía del árbitro electoral llegaron al poder gracias a la generosidad política de esas mismas reglas. La democracia mexicana permitió que un movimiento opositor, durante décadas de izquierda minoritaria, pudiera competir, crecer, evolucionar y eventualmente ganar la Presidencia de la República.
Ese crecimiento habría sido imposible sin uno de los mecanismos centrales de nuestro sistema electoral: la representación proporcional. Este principio, incorporado progresivamente desde la reforma política de 1977, permitió que fuerzas políticas pequeñas o emergentes tuvieran presencia parlamentaria. Sin ese mecanismo, muchos de los partidos que hoy dominan la escena pública difícilmente habrían alcanzado visibilidad nacional.
Por otra parte, las mayorías electorales, por amplias que sean, no sustituyen a las instituciones. Es claro que la esencia de la democracia radica en que incluso quienes ganan elecciones acepten límites a su poder. La tentación de modificar las reglas para consolidar ventajas coyunturales es, precisamente, una de las señales tempranas del deterioro democrático.
México tardó décadas en construir un organismo electoral profesional y autónomo. El Instituto Federal Electoral primero, y el Instituto Nacional Electoral después, surgieron precisamente para evitar que el gobierno organizara sus propias elecciones. Esa separación entre poder político y autoridad electoral es una de las conquistas más importantes de nuestra transición democrática.
Hoy nuestra democracia se asienta en un andamiaje de confianza ciudadana basado en la posibilidad de que los partidos compitan entre sí bajo condiciones elementales de equidad y en la convicción de que existe un organismo electoral que tenga la capacidad funcional y ética para garantizar que la voluntad ciudadana reflejada por los votos sea respetada.
La reforma electoral que propone la 4T —llámese Plan A o Plan B— tiene dos propósitos perversos que golpean los cimientos de esa confianza: debilitar a todos los partidos políticos (a excepción de Morena) y con ello desaparecer la competencia real, y disminuir al árbitro electoral. Por eso se le conoce como “Ley Maduro”.
México tardó más de cuarenta años en construir ese andamiaje de confianza. Desmontarlo en nombre de mayorías coyunturales o fiebres presupuestales, sería olvidar que la democracia no consiste en que un grupo gane para siempre, sino en que todos acepten reglas que permitan volver a competir mañana.
La pregunta central de la democracia no es quién debe gobernar, sino cómo podemos organizar las instituciones para que los gobernantes puedan ser removidos sin violencia. Esa fue precisamente la lección que México aprendió tras décadas de hegemonía política.
Por eso, el verdadero riesgo de esta reforma no es técnico ni presupuestal. Es más profundo. Cuando se debilitan las reglas que garantizan la pluralidad en la competencia electoral y la eficiencia y neutralidad del árbitro, lo que empieza a tapiarse no es solo el sistema democrático: es la puerta misma por la que distintas ideas y proyectos legítimos de país entran y salen del poder.
Senador de la República por Yucatán