La historia política de México no se repite de manera mecánica, pero sí exhibe patrones reconocibles. Uno de los más persistentes es el del poder que llega envuelto en una promesa moral y termina justificándose a sí mismo como destino histórico. A finales del siglo XIX, Porfirio Díaz ascendió al poder irónicamente bajo una consigna que sintetizaba el hartazgo social tras décadas de caudillos: Sufragio efectivo, no reelección. Aquella bandera no era menor. Como recuerda Daniel Cosío Villegas, el rechazo a la reelección presidencial era, desde la Reforma desde Santana y desde Juárez, hay que decirlo, “el último dique moral contra la tiranía personal”.
Sin embargo, el dique fue sorteado con habilidad política. En 1880, Díaz cedió formalmente la presidencia a Manuel González, un aliado sin proyecto propio, mientras él conservaba el control real del Ejército, de los gobernadores y del sistema político. El episodio fue descrito como un ejemplo temprano de continuismo bajo formas constitucionales: la ley se respetaba en apariencia, pero el poder permanecía intacto.
El resultado es conocido. Tras el paréntesis de González, Porfirio Díaz regresó a la Presidencia y se mantuvo, directa o indirectamente, por más de treinta años. El problema no fue únicamente la reelección, sino la lenta demolición de la vida republicana.
Ese antecedente histórico resulta incómodo porque ilumina el presente. Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018 con una promesa distinta, pero igualmente fundacional: regenerar la vida pública y construir una democracia verdadera. El mandato fue claro y legítimo. Sin embargo, las democracias pueden degradarse no solo por golpes de Estado, sino por gobiernos electos que concentran poder en nombre de una causa moral superior.
Hoy observamos síntomas clásicos de ese proceso. La descalificación sistemática de los árbitros electorales, el debilitamiento deliberado de los organismos autónomos, la captura política de los Poderes Judicial y Legislativo y la normalización de la militarización de funciones civiles configuran lo que la literatura comparada denomina erosión democrática. Se ha documentado cómo los regímenes contemporáneos ya no necesitan cancelar elecciones para vaciar la democracia: basta con inclinar el terreno de juego.
En ese contexto aparece la figura del relevo. Claudia Sheinbaum es presentada no como una deliberación abierta sobre el rumbo del país, sino como la continuidad necesaria de un proyecto que se concibe a sí mismo como indispensable. No se trata de intenciones personales, sino de una lógica política: la idea de que el movimiento encarna al pueblo y, por tanto, cualquier límite institucional es una afrenta.
Ahí es donde el paralelismo histórico cobra sentido. Porfirio Díaz traicionó la no reelección quedándose en el poder durante décadas. El régimen actual traiciona la promesa democrática desmontando los contrapesos que hacen posible la alternancia real. En ambos casos, el discurso moral sirvió para justificar la concentración del poder. En ambos, el relevo fue diseñado para conservar el mando, no para renovarlo. Ese es el verdadero móvil de la Reforma Electoral que pretende imponer Morena, ya conocida como la “Ley Maduro”.
La democracia no se pierde de un día para otro. Como advertía Alexis de Tocqueville, suele morir lentamente, “envuelta en formas legales que tranquilizan a los ciudadanos mientras el espíritu de la libertad se extingue”. México ya recorrió ese camino una vez. Ignorar la lección no es un error académico; es una irresponsabilidad histórica.
Senador de la República por Yucatán