El semáforo del trabajo está en rojo. De una población productiva potencial de 75 millones de personas, solo 9 millones tienen trabajos que reúnen dos condiciones mínimas de trabajo formal decente. En cambio 35.3 millones tienen trabajos precarios. Y 24.6 millones están excluidas. Con ese “lastre” la economía no puede crecer de manera sostenida (Ver Semáforo en www.frentealapobreza.mx).
Esta realidad es estructural. El deterioro laboral se ha acumulado por décadas y se ha vuelto algo normal. Urgen cambios de fondo para reordenar el sistema laboral y colocar los derechos laborales en el centro del modelo económico.
Uno de ellos es romper el vínculo entre la salud y las prestaciones laborales. Es la única manera de asumir que la salud es un derecho humano, que se debe garantizar a todas las personas, independientemente de su condición laboral. Y también es la vía para acabar con la informalidad desde su raíz.
La informalidad laboral refiere a personas trabajando en unidades económicas informales. Pero también incluye a personas con trabajos en empresas formales, pero sin seguridad social. A veces se confunde la informalidad laboral con la evasión de impuestos, aunque pueden estar relacionadas, no es lo mismo. Hago un recuento descriptivo para captar la magnitud de la “informalidad”, a la que ya nos acostumbramos:
Son informales quienes trabajan sin remuneración salarial o sin salario fijo, la mayoría en pequeños negocios familiares. Son 3.6 millones de personas, el 7% del total de la población ocupada.
Son informales también la gran mayoría de quienes trabajan en unidades económicas micro, en los millones de talleres, loncherías, tienditas, expendios y micro negocios de todo tipo, con menos de 10 trabajadores. En este tipo de micro empresas, hay 14.3 millones de personas trabajando, y el 80% carecen de afiliación a la seguridad social.
Son informales también quienes trabajan por su cuenta en oficios tradicionales, como boleros, voceadores, vendedores de lotería, chóferes de taxi y tantas más. Y también trabajos mas “modernos” como las ventas por catálogo o por medio de las más recientes innovaciones, a través de plataformas tecnológicas: como chóferes y repartidores de comida. Hay 12 millones de personas trabajando “por su cuenta”, el 99.8% carece de afiliación a la seguridad social.
Y también hay “informales” en empresas formales, tienen empleo pero carecen de afiliación a la seguridad social. Son 2.5 millones de personas, a las que se les niega ese derecho en empresas formales.
En resumen, hay 32 millones de personas trabajando sin seguridad social, el 61% del total de la población ocupada. Esta es la verdadera dimensión de la informalidad y como se comprende, no es una realidad que se va a modificar gradualmente y con el paso del tiempo.
El cambio de modelo es urgente, pues desde su creación la seguridad social ha mantenido excluida a más de la mitad de la población (alrededor del 60%). Y la tendencia de los trabajos del futuro está cada vez más lejana de la relación tradicional “patrón-empleado”.
Además, no es una realidad estática. La mayoría de las personas pasan de la formalidad a la informalidad en diferentes trabajos. Y por ello, sus familias pasan de la afiliación al seguro social a quedar excluidas.
Esto tiene graves consecuencias para el derecho a la salud, especialmente para las acciones preventivas y para el seguimiento de enfermedades. Y también es una carga fiscal para la generación de empleo y la remuneración.
Urge trazar una ruta para separar la salud de las prestaciones laborales. La salud es un derecho humano, debe ser universal y sin condiciones. Al separarlas, se elimina la raíz de la informalidad laboral.
