La salud es un derecho humano. Sin embargo en México, el ejercicio del derecho a la salud depende del régimen laboral, pues es parte de la seguridad social.
De entrada, quedan sin acceso quienes no tienen trabajo. Y también quienes trabajan por su cuenta, pues su afiliación a la seguridad social es voluntaria.
Además, en la práctica, hay 14 millones de trabajadores asalariados que no tienen acceso a servicios de salud. Es una violación de la ley. Pero permitida por las autoridades de múltiples maneras.
De hecho, en la medición de la pobreza de Coneval, la carencia social más alta, que afecta al 57% de la población, es la carencia por seguridad social, por lo que esta situación es una de las causas principales de la pobreza. Sin embargo la decisión más importante sería cómo garantizar el acceso efectivo a servicios de salud como un derecho de las personas y no como una “prestación” derivada del tipo de trabajo y el cumplimiento por parte de los patrones. Urge entonces una deliberación a fondo para construir un modelo de seguridad social como un derecho y no como parte del contrato laboral.
Y el primer paso urgente e indispensable sería el acceso efectivo a la salud. Hay estudios serios que muestran que alrededor de la mitad de las muertes en México son evitables. Se trata de muertes por enfermedades curables, en personas menores a 75 años de edad (o de 50 años si tienen diabetes).
Lograr cobertura universal, como lo ha ofrecido el nuevo gobierno es una gran noticia. Puede ser uno de sus logros más importante, por su impacto en la calidad de vida de las personas e incluso en la productividad.
Para lograr la cobertura universal con acceso efectivo y atención oportuna y adecuada es indispensable un enfoque centrado en las personas. Y para lograrlo hay que definir cómo hacer funcionar de manera integrada los servicios públicos de salud, que hoy operan de manera fragmentada y sin coordinación.
De entrada, la cobertura universal no requiere “desaparecer” al IMSS o al ISSSTE, ni fusionarlos en una sola entidad. Se requiere algo más simple y a la vez complejo: hacer que los prestadores de servicios —públicos y privados— garanticen una atención de calidad, con un mecanismo de financiamiento sostenible y equitativo, cubierto sobretodo con impuestos generales.
Y para lograr servicios de salud centrados en las personas hay que priorizar el primer nivel de atención. Acciones y tratamientos efectivos para prevenir enfermedades, reducir factores de riesgos y controlarlas para evitar complicaciones.
El primer nivel de atención es la mejor inversión. Su enfoque es triple: 1) Realizar acciones preventivas de muy bajo costo para mantener a las personas sanas, durante el ciclo de vida y con enfoque de género. 2) Garantizar que las personas con riesgos específicos cuenten con el tratamiento para evitar las enfermedades que las “acechan”. 3) Y una vez contraída una enfermedad, controlarla y contenerla en sus primeras fases para evitar que pase a cada vez mayores complicaciones.
El primer nivel de atención fue gravemente descuidado. La atención primaria de millones de personas en la práctica se ha privatizado hacia los consultorios adyacentes farmacias. Incluso para personas que presentan riesgos específicos o fases iniciales de enfermedades tan importantes como diabetes o hipertensión, la atención primaria está muy mal.
La adquisición consolidada de medicamentos es una forma de coordinación adecuada para evitar corrupción, pero no basta. Se requieren medidas para garantizar (a) acceso efectivo como un derecho, (b) prevención focalizada en riesgos y primeras fases como prioridad del sistema de salud en su conjunto y (c) atención adecuada, de manera oportuna y con la mejor calidad para todas las personas, con equidad.
Esa es la cobertura universal que México requiere y este gobierno puede lograr.
Experto internacional en programas sociales.
@rghermosillo
