La subcontratación de personal ha servido para negocios cuya especialidad es violar derechos laborales. Son “empresas” dedicadas a manejar nóminas de otras empresas. Eso debe erradicarse. Siempre y cuando no se confundan con la prestación de servicios especializados.
La práctica de suministrar personal para que trabaje en otra empresa está creciendo. En 2004 había 1 millón de personas trabajando en una empresa, pero suministrados por otra razón social (sin incluir al personal en servicios de limpieza ni de vigilancia).
Para 2019 ya eran 4 millones 129 mil personas. La subcontratación se multiplicó por 4 en 15 años. Por cada 4 empleados directamente por sus empresas, hay una suministrada por “otra razón social” (Inegi, Censos económicos).
Las “outsourceras”, como se debe llamar a las empresas de subcontratación abusiva, son en general “empresas de papel”. Su objeto o giro de negocio es el manejo de nómina. Su oferta de servicio es “reducir pasivos y riesgos laborales”.
Su negocio es encontrar formas para violar la ley. Aprovechan varias vías para evadir o reducir las contribuciones al IMSS y al Infonavit, así como para evitar el reparto de utilidades. Administran contratos temporales de corta duración para trabajos de larga duración, incluso con rotación de razones sociales. Así evitan que las personas acrediten “antigüedad” a la vez que les imposibilitan su defensa y negociación colectiva, pues estos contratos facilitan el despido.
En los hechos, su “ventaja comparativa” radica en transferir la obligación legal patronal hacia otra empresa. Lo cual ya está prohibido en la ley. Sin embargo, funciona porque probarlo requiere un largo y complejo litigio. Y al final el triunfo puede ser pírrico: las empresas “de papel” carecen de activos. En 2019, 2 de cada 3 laudos locales (66.5%) ganados por trabajadores se quedaron sin pago alguno.
Ese es el “outsourcing” abusivo. Son modelos de negocios basados en violar derechos laborales. Son un factor de pobreza y por supuesto deben eliminarse. Para eso hay que legislar bien. Un error en la próxima reforma sería incluir disposiciones penales en la Ley del Trabajo. Tampoco conviene crear trámites engorrosos y burocráticos o poner obstáculos a la prestación de servicios especializados.
Las empresas de servicios especializados son indispensables y sumamente positivas. Incrementan la productividad y la competitividad. También se debe distinguir entre subcontratación abusiva y empresas que prestan servicios especializados para contratación de personal, si aplican estándares internacionales y cumplen plenamente con la legislación.
Este debate plantea una vez más la urgencia de revisar el modelo de seguro social. Las “outsourceras” no son las únicas que evaden la obligación. Las cuotas al IMSS equivalen en la práctica a un impuesto muy elevado al empleo. Incentivan la multiplicación de formas de trabajo distintas a la relación tradicional “obrero-patronal”.
El “outsourcing” abusivo debe desaparecer. Pero más nos vale también pensar cómo superar el modelo de seguro social inspirado por Bismark. Es urgente garantizar la salud como derecho de todas las personas, sin condiciones.
Consultor internacional en programas sociales.
Twitter: @rghermosillo
