Washington: el endurecimiento que viene

Roberto Rock L.

Rocío Nahle presuntamente violó acuerdos de explotación petrolera

Pese a un contexto de reuniones de alto nivel que sugiere mayor cercanía y entendimiento, señales desde el gobierno norteamericano de Joe Biden anticipan una etapa dura, como acostumbran a operar ante gobiernos incómodos los demócratas cuando ocupan la Casa Blanca: tersa en apariencia, pero poblada por halcones que ejercen presiones en múltiples niveles.

Esta directriz podría estarse demostrando en estas mismas horas, al retomarse en los hechos el llamado “Título 42” instaurado por el gobierno Trump para deportaciones exprés de migrantes, que estaba en virtual suspenso con Biden. 

Más allá del tema diplomático, el mensaje en materia económica es que Washington no alentará acciones legales, pero tampoco frenará a corporaciones del vecino país que se dicen atropelladas por políticas energéticas y comerciales en México. Muestra de ello es la multimillonaria demanda anunciada el pasado 3 de septiembre por el gigante “Talos Energy” para impugnar ante paneles del T-MEC decisiones de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, señalada por presuntamente violar acuerdos de explotación petrolera del llamado megayacimiento Zama, frente a las costas de Tabasco. 

Hay una cortina de humo generada por el hecho de que no se ha renovado la visa para estar en México a un puñado de efectivos de la oficina antinarcóticos DEA. Poco más de una docena de ellos, de un total que excede el número de 60 operando en territorio nacional, está en esa condición desde la breve detención en la Unión Americana —que cumplió un año este fin de semana— del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa. 

En realidad, la DEA está ejecutando una rotación a fondo de sus agentes aquí para colocar perfiles más experimentados en temas de crimen organizado y terrorismo, de acuerdo con lo que compartieron con este espacio fuentes diplomáticas asentadas en nuestro país. 

Lo mismo ha empezado a ocurrir con funcionarios ligados a temas de seguridad e inteligencia acreditados por la embajada estadounidense que encabeza Ken Salazar. Entre los relevos se hallan ya quienes son los ojos y oídos de agencias como el FBI, y se prevé que lo mismo ocurra con lo que corresponde a los sistemas de aduanas, migración, armas y frontera.

Desde instancias del gobierno mexicano se filtra la versión de que tener en suspenso las citadas visas de los agentes de la DEA se debe a un reclamo de Palacio para que agentes mexicanos también tengan acceso a oficinas clave en el sistema de vigilancia e inteligencia norteamericano.

Esta postura, expresada desde inicios de la administración Peña Nieto, debe despertar perplejidad en Washington, porque tras el inicio del gobierno López Obrador ha ocurrido lo contrario: fue desmantelada la presencia de representantes que operaban con sus contrapartes estadounidenses en áreas sensibles, como la intercepción de naves —aéreas y marítimas— sospechosas de transportar drogas, armas y otros materiales peligrosos. Lo mismo ocurre en otras tareas estratégicas (aduanas, frontera, armas), en las que los espacios de colaboración están vacíos. 

Gabriela Justina Tapia permaneció en Washington durante meses a inicios de la actual administración, proyectada como representante de la Policía Federal Preventiva (PFP), pero cayó en un hoyo negro administrativo durante la gestión de Alfonso Durazo —hoy gobernador de Sonora— como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En ese limbo estaba cuando en diciembre de 2019 fue detenido en Estados Unidos, Genaro García Luna, con quien ella colaboró como directora del Centro de Alertas y Riesgos, dentro de la División de Inteligencia de la propia PFP. Acabó regresando a México, donde en marzo de 2020, Durazo la hizo directora general de Inteligencia de la Guardia Nacional

Permanencia como Agregada de la PF, sin vínculo con captura de García Luna: Gabriela Tapia

Estimado Roberto Rock L.

He leído con gran interés su artículo “Washington: el endurecimiento que viene”, publicado el domingo pasado en el diario El Universal, respecto al cual deseo hacer un par de observaciones:

Una primera aclaración es respecto a la Policía Federal Preventiva (PFP). Esta institución estuvo vigente hasta que, debido a su reestructuración, el 1º de julio de 2009 fue publicada la Ley de la Policía Federal en el Diario Oficial de la Federación, con lo que la PFP dejó de existir, y surgió la Policía Federal (PF).

Por otra parte, resulta erróneo vincular mi permanencia como Agregada de la PF al evento de la detención de Genaro García Luna ocurrida en diciembre de 2019.

Efectivamente, fui Agregada de la Policía Federal en el proceso de transición a la Guardia Nacional. Cabe mencionar que obtuve dicho encargo a través de una Convocatoria abierta, dirigida a todo el personal de la PF/Guardia Nacional y en la cual se consideraron diversos parámetros y un sistema de puntaje, a través de los cuales alcancé el primer lugar de entre decenas de solicitudes de participación recibidas. Las bases para este procedimiento de selección fueron diseñadas precisamente en la actual administración, por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para brindar igualdad de oportunidades y transparencia a este proceso. Dicho lo anterior, me es incomprensible porqué en la redacción de su artículo se vincula mi permanencia como Agregada en Washington con la detención del Sr. Genaro García Luna.

Por otra parte, deseo aclarar que como servidora pública no colaboré con una persona en particular. Mi situación, al igual que la de cientos de funcionarios que en aquel periodo estuvimos en la PF cuando García Luna fungió como Secretario de Seguridad Pública, no obedece a alguna situación en particular, sino simplemente coincidió nuestra permanencia en dicha institución con algunos de los años en los que él estuvo al frente de la Secretaría antes mencionada. Cabe mencionar que ni mi ingreso ni mi permanencia en la PF obedeció a  relación de ninguna índole con el Sr. García Luna.

Durante mi tiempo de servicios nunca reporté sobre mi trabajo a esta persona, además de que ello resultaba imposible, simplemente por mi nivel jerárquico, pues había varios niveles de mando por encima de mi para poder tener acceso al entonces Secretario de Seguridad Pública.
 
Gabriela Tapia

RESPUESTA DEL COLUMNISTA
Tengo para mí que la columna a la que usted se refiere consigna hechos. No busca concentrarse en su caso ni inducir las implicaciones que usted me imputa. Busqué documentar el debilitamiento de la presencia de representantes de instituciones de seguridad mexicanas ante sus contrapartes en Estados Unidos.

Su réplica no consigna ningún hecho falso que yo haya expuesto o que considere que deba rectificar.

Roberto Rock L.

 

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