Nuestro sistema sanitario ya era un desastre antes de la crisis, y estará peor cuando sea declarada oficialmente superada. Aquí, un primer balance de dónde venimos y por qué podemos tener temor de que nos estén recetando muchas mentiras.

1.- El desprecio por la salud. Desde la segunda mitad del gobierno Peña Nieto, los presupuestos federales del sector fueron recortados. En los planes iniciales se ofrecía un modesto crecimiento, pero luego venían ajustes. En consecuencia, todos los indicadores revelan hoy un sistema sobresaturado, sin infraestructura, equipo, personal ni medicamentos.

En su primer año, el gobierno López Obrador logró lo inimaginable en quien desde campaña habló de la salud como tema prioritario. El presupuesto 2019 dio al sector, otra vez, un aumento mínimo, pero el gasto real trajo un brutal subejercicio de hasta 81% en algunos rubros. Fue el caso del ISSSTE, que tiene un director fantasmal en Luis Ramírez Pineda. Programó inversiones por 1,607 millones de pesos, pero gastó 307.

En este mismo ámbito, la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer, retuvo gasto en 47%; el IMSS encomendado a Zoé Robledo, 65%, mientras que las aportaciones a los estados en este renglón se congelaron en 50%, según reportes de México Evalúa. El recorte sistemático desnuda una voluntad superior, ejecutada desde la Secretaría de Hacienda.

El país encara la pandemia con hospitales no equipados, especialmente los de tercer nivel, donde se atienden males graves como los generados por este coronavirus. Cuatro estados (las dos Baja Californias, Hidalgo y Nayarit) no tienen un solo hospital público federal de ese nivel. El número de camas, de áreas de terapia intensiva, de médicos, enfermeras y, en particular, de los especialistas necesarios para atender esta pandemia es hasta cinco veces menor que el de otras naciones, inferior incluso que Chile.

2.- El agravio. Los reclamos de pacientes, familiares y médicos ante esta extinción paulatina de la capacidad de sanar, aliviar o al menos consolar a los enfermos en las instituciones públicas fueron respondidos por las autoridades con la infamia, el acoso y los ceses fulminantes contra directivos de institutos y hospitales de alta especialidad; agravios y burlas hacia padres de familia desesperados ante la falta de medicamentos para sus hijos consumidos por el cáncer. Se proclamó un cambio en las prácticas para la compra de insumos, pero todo siguió igual, en beneficio de los mismos cárteles y corruptos, en el sector privado y dentro de las instituciones.

3.- La ruptura con los estados. Un modelo presentado como sistema universal de salud ha buscado ser impuesto de manera atropellada a los estados, que en muchos casos disponen de estructuras sanitarias de mayor calidad que las federales. Voces de gobernadores con reclamos sensatos fueron desdeñadas por el presidente López Obrador e incluso por el vocero, Hugo López-Gatell. La ruptura alcanzó ya tales dimensiones que fue necesario que entrara a conciliar el canciller Marcelo Ebrard.

4.- El modelo sospechoso. México ha hecho 71 pruebas sobre Covid-19 por cada 100 mil habitantes. Está en el sótano americano en esta cifra, junto con Bolivia, Guatemala y Honduras. Canadá ha realizado 2,228; EU, 2,104; Chile, 1,056; Perú, 1,099; Costa Rica, 271. El señor López-Gatell dice que hay que multiplicar por 8 el número de contagiados reportados; otros expertos dicen que por 30, usando las mismas cifras del vocero. Se multiplican las sospechas sobre el rigor del registro de decesos por coronavirus. Se teme que el gobierno “administre” la cifra de muertos por cada millón de habitantes y base en ello el éxito de su modelo.

Apuntes

El 3 de mayo es el “Día de la Libertad de Prensa”. La efeméride busca subrayar la aportación en democracia de una prensa plural, libre e independiente. El listado de nuestros rezagos está a la vista: violencia contra periodistas y medios; impunidad; autocensura de medios y comunicadores por acoso de criminales o políticos; descalificación contra medios y periodistas por parte del presidente López Obrador; ataques e intimidación contra empresas de comunicación y periodistas desde redes sociales por parte de cuentas falsas presumiblemente financiadas con dinero público; regresión en materia de transparencia y acceso a información pública; acoso judicial contra periodistas y medios por parte de gobiernos estatales o políticos de diferentes rangos…

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