Nuestro viejo dilema con la DEA

Roberto Rock L.

El clímax del poder de la DEA lo tuvo en el gobierno de Calderón. Bajo las administraciones Peña Nieto y lo que va de la López Obrador su peso disminuyó

En abril de 1990, el ginecólogo tapatío Humberto Álvarez Machain fue secuestrado en Guadalajara por un comando de exmilitares y de policías mexicanos, que lo trasladó en un vuelo privado a Estados Unidos. Ahí lo esperaban cargos de haber mantenido con vida a un miembro de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA), Enrique Camarena, mientras era torturado por la banda de Rafael Caro Quintero, cinco años antes, en febrero de 1985.

Se trata del incidente grave más remoto entre el gobierno mexicano y la poderosa DEA, que ahora resurge ante evidencias claras de que investigó e incluso espió aquí presuntas comunicaciones del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos. Esta crisis tomó descolocado al propio presidente López Obrador y a su gobierno que, tras varios pasos inciertos, anunció que revisará los términos en los que opera esa agencia en el país.

Se trata de la misma película, con diversos actores, vivida 30 años atrás en torno a qué hacer con esta entidad que levanta polémica aun Washington, donde se describe a sus integrantes como pistoleros arbitrarios. En tono de mofa, las siglas de la corporación son traducidas en el Departamento de Justicia y el FBI como “Drunk Every Afternoon” (ebrios todas las tardes). Pero en naciones como México los agentes de la DEA son una sombra adherida a los fiscales federales, a los que aportan información relevante. Un matrimonio tormentoso de seres adictos a la codependencia.

El secuestro de Álvarez Machain fue, igual que ahora, tomado como una bofetada a la justicia y la diplomacia mexicanas, por violar tratados de extradición y colaboración firmados desde 1978 y1980.

Tras el rapto, por el que la DEA habría pagado al menos 20 mil dólares, el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, ordenó a sus secretarios de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios; de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, y al procurador general Ignacio Morales Lechuga, “revisar” la normatividad que permitía operar aquí a la DEA.

Morales Lechuga se reunió en Washington con el legendario juez William Rehnquist, presidente de la Suprema Corte desde 1986 y hasta su muerte, en 2005. Le pidió anular el juicio. Pero en junio de 1992 ese tribunal resolvió que los agentes de la ley norteamericanos tienen mandato extraterritorial, un precedente ominoso y aun vigente.

El gobierno Salinas acabó publicando en el Diario Oficial un acuerdo negociado con la embajada de Estados Unidos, cuya aplicación regulaba la estadía de efectivos de la DEA a zonas específicas, sin inmunidad, armas ni autoridad para realizar investigaciones a espaldas de funcionarios mexicanos, en particular la entonces PGR.

En diciembre de ese mismo 1992, gracias a una apelación de sus abogados y tras un juicio de tres años sin sentencia, Álvarez Machain fue exonerado y liberado.

Hoy es un hecho incontrovertible que la DEA tiene en México su propia red de informantes; que puede solicitar a fiscales federales el inicio de causas penales por indagatorias propias; que mantiene agentes en media docena de ciudades del país, y que ejerce enorme influencia incluso sobre las Fuerzas Armadas, en particular la Marina.

El clímax de su poder en los años recientes lo tuvo en el gobierno de Felipe Calderón, cuando funcionarios de la PGR y de Seguridad Pública federal eran sometidos incluso a “exámenes de confianza” en instalaciones de la embajada norteamericana. Bajo las administraciones Peña Nieto y lo que va de la López Obrador el peso de la DEA disminuyó, con el procurador Jesús Murillo Karam y el fiscal Alejandro Gertz, respectivamente. Y entonces estalló el caso Cienfuegos, que reavivó nuestro viejo dilema: ¿Qué hacemos con la DEA? 
 

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