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El nerviosismo militar y Encinas

Encinas anunció que México reconoce la competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU
17/11/2019
03:55
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Se cumple un mes de inquietud en torno a la relación entre el gobierno López Obrador y altos mandos de las fuerzas armadas.

En este breve lapso se han producido tres focos de clara tensión: la puesta en libertad de Ovidio Guzmán, en Culiacán; la condena expresa del Presidente a las declaraciones del general en retiro Carlos Gaytán Ochoa sobre la situación política del país, y los tuits del propio mandatario aludiendo a un “golpe de estado” bajo una motivación que ha quedado en el campo de la incógnita.

Pese a que este último episodio mereció menos atención, por haberse producido en un fin de semana feriado y ser considerado una disquisición histórica a las que tanto se inclina López Obrador, es posible que esos tuits merecerán en perspectiva mucho mayor análisis.

Información confiada a este espacio asegura que un cercano colaborador presidencial, que ha sido interlocutor con el estamento militar desde el periodo del gobierno de transición, alertó al Presidente ese sábado 2 de noviembre que el malestar entre los hombres en uniforme era notablemente mayor que el estimado hasta ese momento.

Eso habría derivado en los tuits en los que el presidente López Obrador sentenció que en México, a diferencia de los tiempos de Francisco I. Madero (depuesto y asesinado por militares), ahora existe “una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría un golpe de estado”.

Pero la vinculación del poder civil con los militares sigue creando vías empedradas.

Desde el círculo cercano al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, se están difundiendo señales de irritación en torno a un acuerdo del gobierno (o de uno de sus sectores) que en su momento pasó casi desapercibida y que se prevé atraiga nuevas tormentas.

Se teme que, por ese hecho, asuntos actuales o del pasado acaben siendo litigados en tribunales penales internacionales y hagan que la crisis por Ayotzinapa parezca un juego de niños.

Se trata del acuerdo anunciado en Palacio Nacional el 30 de agosto por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, de que México reconoce la competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, lo que esa institución venía pidiendo al menos desde 2013 con base en más de 15 tratados internacionales en materia de derechos humanos, firmados por el país a partir de 2007.

En círculos de la Defensa Nacional, de la Marina a incluso de la Fiscalía General de la República se asegura que al momento del anuncio de Encinas, se estaba desarrollando una consulta, por parte de la cancillería mexicana, con todas las instancias gubernamentales que pudieran resultar implicadas en los efectos de una decisión de esta naturaleza.

Dicha consulta, se confió a este espacio, había atraído ya un consenso que recomendaba no aceptar la competencia de dicho comité de la ONU, como tampoco lo han hecho otras naciones por considerar que ese órgano de Naciones Unidas actúa no como parte de un foro intergubernamental sino “como una ONG”, con alto grado de protagonismo. Pese a tal rechazo (o quizá debido a ello), Encinas habría convencido personalmente a López Obrador de dar ese paso. Ya veremos las consecuencias.

Apuntes:

Once veces, en 11 meses, el presidente López Obrador ha visitado Oaxaca, a lo que debe sumarse su frecuente presencia en Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, donde ha realizado múltiples anuncios de obras, carreteras, hospitales, infraestructura para gasoductos, el Tren Maya y el Tren Interoceánico, para detonar el crecimiento de una región que ha quedado al margen de los beneficios de tratados comerciales y de las grandes inversiones federales, a diferencia del norte y el centro de México. Estos anuncios presidenciales no se han traducido todavía en un solo empleo ni un solo peso adicional a los magros presupuestos del sur-sureste. Tales planes han despertado esperanza y su concreción daría un positivo giro a la percepción sobre la política económica del régimen. Habrá que esperar al programa de gasto público para 2020, atorado en la Cámara de Diputados, más los apoyos a la inversión privada, para conocer si el sueño se concretará o quedará diluido en frustración.

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Roberto Rock
Es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Diplomado por la Northwestern University en Administración de Empresas Periodísticas.