Contrario a lo que se esperaba cuando fue anunciada, cada día se desdibuja más el impacto posible de la consulta que promovió el presidente López Obrador sobre sus antecesores. La agenda urgente devora con rapidez la capacidad de Palacio de mantener su relato ante el país.
The Economist
dedica esta semana uno de sus principales espacios de análisis a criticar la referida consulta, que considera un acto teatral, “travesti”, de un gobierno con sus propios problemas, de corrupción entre otros, que no atina a resolver.
En una dinámica que sobrepone una crisis a otra (salud, economía, inseguridad), el acento parece concentrado en que lucimos acorralados por expresiones de violencia cada vez más graves, en número —una ejecución cada cuatro horas— y dramatismo, sin solución a la vista.
Aguililla, Michoacán
, y las principales ciudades de Zacatecas son escenario de una brutal escalada de asesinatos que atraen terror en las poblaciones afectadas, lo que obliga a familias, trabajadores de salud y vecinos de todo tipo a dejar atrás sus hogares y empleos, a fin de huir hacia destinos inciertos, para no engrosar las cifras de muertos.
Rosa Icela Rodríguez
, secretaria federal de Seguridad, tiene la encomienda de “ganar la paz” en esas regiones, como ella misma describe su tarea. Pero el discurso presidencial para el caso carece de un diagnóstico sólido y está ganado por la peligrosa mitología de que esto puede resolverse mediante programas asistenciales.
Los 17 mil pobladores de Aguililla apenas se notarían si fueran mudados a cualquier colonia de la Ciudad de México , pero aquella región seguiría siendo un corredor geográfico natural para el trasiego de drogas, percusores químicos y contrabando desde el puerto de Manzanillo o la zona minera. La guerra por esa ruta es librada entre el Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) y una amalgama de bandas —Carteles Unidos, se hacen llamar— derivadas de los grupos de autodefensa que por años financió la mafia de Sinaloa con el consentimiento del gobierno Peña Nieto y su estrafalario comisionado para la zona, Alfredo Castillo (2014-2015).
Para desviar la atención del infierno en que se han convertido esas dos entidades que pronto comenzará a gobernar Morena , el Presidente dedicó una buena parte de su “mañanera” el viernes para atacar al gobierno panista de Guanajuato y reclamar, otra vez, que sean destituidos funcionarios locales en el ámbito de seguridad. Ello puede derruir la necesaria colaboración Federación-estados y la responsabilidad que cada ámbito gubernamental debería mostrar. Lo que parece urgente es sintonizar la agenda con la realidad.
Apuntes:
Sergio Gutiérrez Luna es descrito como un abogado milusos que hace pocos años sobrevivía dando asesorías a políticos panistas. Trabajó, sin trascendencia alguna, en el gobierno del controvertido Guillermo Padrés , ex gobernador de Sonora, cuando logró colocar a su esposa, Karina Barreras , como regidora blanquiazul en Hermosillo. Un buen día se filtró en las filas de Morena, que lo hizo diputado suplente y luego titular por un golpe de suerte. Aun más, se reeligió y ha sido designado próximo presidente de la Cámara de Diputados . Pero en 2022 puede sustituir en forma interina a Andrés Manuel López Obrador (no se ría, por favor). Ello, en el improbable pero posible caso de que el mandatario pierda al referéndum revocatorio que pretende llevar a cabo. Un engendro de reforma constitucional recién aprobada por el Senado dispone que, en ese escenario, tendríamos cuatro presidentes en un año: el depuesto por la consulta; el interino (el señor Gutiérrez Luna), por un mes; uno provisional que convocaría a elecciones en un plazo de 7-9 meses, y el así electo. El Congreso como pista de circo.