Es importante que el gobierno federal ponga en marcha políticas públicas para crear una cultura agrícola orgánica en el país. El uso y abuso de químicos ha empobrecido el suelo, deteriorando su estructura productiva y, lo más doloroso, causando en la población enfermedades graves como el cáncer y la leucemia.
Es un asunto muy delicado: está de por medio la vida humana. Debe ser una responsabilidad ineludible para un gobierno garante de la salud y una tarea impostergable, urgente y de gran compromiso humanista. Es momento de establecer una alianza estratégica de corresponsabilidad productiva con la agroindustria de orgánicos, garantizar salud para los consumidores y hacer posible su popularización y acceso social.
El presidente de la República ha reiterado su propósito de fomentar la producción de orgánicos en el campo mexicano. Ha pasado de las palabras a los hechos y ha anunciado su determinación de que la Secretaría de Bienestar, con su programa Sembrando Vida, sólo aplique agroabonos orgánicos y mejoradores del suelo. Es un paso importante y una acción congruente con su convicción, expresada en muchos foros públicos. Pero para hacerla efectiva y exitosa se requiere de un programa integral que comprenda dos propósitos fundamentales:
1. Apoyar a esta agroindustria con acciones y compromisos concretos y sentar las bases de una corresponsabilidad productiva. Se propone un Programa de Convenios de Coproducción Agrícola entre el gobierno y estas empresas y unidades productivas del campo.
2. Utilizar y comprometer su capacidad de compra, garantizando con ello el abasto de fertilizantes orgánicos para hacer frente a la creciente demanda de estos productos.
La fuerza y capacidad de compra del gobierno será el instrumento motor de impulso y estímulo a esta rama productiva del país al generar ocupación e ingreso para las personas. Las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y la de Bienestar deben ser las responsables de llevar adelante este importante programa para el campo mexicano.
Como ya lo hemos señalado, la mecánica de trabajo y de operación se antoja sencilla y simple. El gobierno, a través de las secretarías antes mencionadas, deberá poner como apoyo fundamental su voluntad de compra y una vez establecidas las bases de la negociación (precio, calidad, lugar de entrega) otorgar como anticipo el 25 % del pago convenido como apoyo al capital de trabajo. Es una nueva forma de hacer las cosas y de solidarizarse con los productores agrícolas. No requiere de subsidio oficial y sí representa un gran apoyo al productor.
El gobierno, en el ejercicio de su responsabilidad como conductor de la economía, debe invitar e inducir a las grandes comercializadoras a participar en este programa de corresponsabilidad productiva para detonar la actividad económica en las regiones del país. Actualmente, el mercado adolece de distorsiones que no promueven la producción agrícola de las comunidades e incrementan los precios al consumidor. Debemos evitar el actual «turisteo» de los productos. Lo que acontece en la realidad es un contrasentido y una aberración comercial.
La Meseta Comiteca en Chiapas, por ejemplo, tiene potencial para producir tomate, pepino, aguacate, limón persa, cebolla, chayote, maíz, frijol, chile y muchos otros productos. De hecho, lo hace, sorteando muchas dificultades por falta de compradores. En tanto, las comercializadoras Chedraui, Aurrerá y Walmart de Comitán, Chis., se abastecen de Sinaloa, Sonora, Michoacán, Puebla y del centro del país.
Es hora de corregir y reenfocar el esfuerzo y el fomento de las regiones, fortalecer nuestro mercado interno y crear mercados satélites comerciales. Todos ganan: los productores, las comercializadoras, el consumidor, los trabajadores y el gobierno. Ocupación e ingresos y paz social.
