Luis Montaño Hirose
Cada cierto tiempo, la universidad pública mexicana reaparece en la escena pública asociada a la palabra “crisis”. Crisis presupuestal, de gobernabilidad, académica, de sentido. El término funciona como un diagnóstico inmediato y, a la vez, como un atajo explicativo: algo dejó de funcionar y hay que corregirlo. Sin embargo, la propia recurrencia del discurso de la crisis debería hacernos reflexionar. ¿Puede una institución permanecer en crisis durante décadas sin colapsar? ¿Y si aquello que llamamos crisis fuera, en realidad, una forma estable —aunque desgastante— de funcionamiento?
Plantear esta pregunta no es un ejercicio retórico. Implica desplazar la mirada desde los síntomas visibles -conflictos laborales, fragmentación política, carencias materiales, burocracia excesiva- hacia las condiciones estructurales que producen y reproducen esos problemas. Tal vez la universidad pública mexicana no esté atravesando una crisis, sin negar su probabilidad de ocurrencia, sino operando bajo un régimen de tensiones estructurales que nunca se resuelven del todo y que, paradójicamente, forman parte de su cotidianeidad.
La narrativa de la crisis tiene varias ventajas. Permite identificar responsables inmediatos, justificar intervenciones administrativas de corto plazo y alimentar la idea de que, con voluntad política o buena gestión, el problema podría superarse. Pero también tiene un costo analítico alto: supone que existe una normalidad institucional sana a la que habría que regresar. En el caso de la universidad pública mexicana, esa normalidad resulta difícil de ubicar históricamente. La escasez presupuestal, la negociación política constante, la precarización del trabajo académico y los conflictos internos no son anomalías recientes; han sido rasgos persistentes de su experiencia institucional.
Más que una institución en crisis, la universidad pública mexicana puede entenderse como una organización atravesada por tensiones permanentes entre lógicas distintas y, en muchos casos, contradictorias. Por un lado, la lógica académica, que privilegia la autonomía, el rigor teórico-metodológico y que reconoce en el tiempo largo la construcción del conocimiento y en el inmediato la complejidad del acto educativo cotidiano. Por otro, la lógica política y administrativa del Estado, que controla presupuestos, demanda rendición de cuentas y opera con horizontes sexenales. A ello se suma una lógica social que espera de la universidad movilidad social, inclusión y solución a problemas nacionales complejos, interconectados y persistentes. Finalmente, una lógica gerencial que introduce métricas abstractas, evaluaciones administrativas y discursos de eficiencia.
El problema no es que estas lógicas coexistan, sino la ausencia de mecanismos institucionales sólidos para traducirlas entre sí y vincularlas. Cada decisión relevante -presupuestal, curricular, laboral- se convierte así en un campo de disputa donde ninguna lógica logra imponerse plenamente y ninguna desaparece. La universidad no se paraliza, pero tampoco avanza con claridad. En este contexto, aprender a administrar el conflicto como forma de gobierno no significa normalizar la politización facciosa ni la subordinación de la vida académica a intereses externos, sino construir mecanismos institucionales capaces de traducir y articular lógicas antagónicas sin permitir que la económica, la política o la administrativa desplacen a la académica de su lugar central. Ello es radicalmente distinto del conflicto intrínseco a la lógica académica, donde la diversidad constituye potencialmente una fuente de desarrollo. El verdadero riesgo reside en la proliferación de conflictos que, al interior de la comunidad universitaria, enfrentan intereses políticos y económicos, generando desgaste, desencanto institucional y la erosión del ambiente laboral.
Las universidades creadas recientemente, como las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y la Universidad Rosario Castellanos, emergen en contextos económicos y académicos particularmente adversos. Sin embargo, su carácter incipiente impide calificarlas propiamente como instituciones en crisis o como proyectos fallidos. Más bien, se trata de organizaciones en proceso de institucionalización, cuyas lógicas internas aún no se han estabilizado lo suficiente como para evaluar los conflictos relacionados con ellas. Desde esta perspectiva, cualquier diagnóstico normativo resulta prematuro.
El subfinanciamiento crónico es quizá la expresión más visible de este régimen de tensiones, que afecta por igual a las universidades de reciente creación. No se trata únicamente de que los recursos sean insuficientes, sino de que la incertidumbre presupuestal se ha convertido en una condición estructural. La planeación de largo plazo se vuelve impracticable cuando cada año se negocia la supervivencia. En este contexto, la estabilidad institucional deja de ser un medio para cumplir la misión universitaria y se transforma en un fin en sí mismo. La universidad aprende más a resistir que a transformarse.
Esta escasez permanente tiene efectos organizacionales profundos. Favorece el conservadurismo institucional, desalienta la innovación que implica riesgos y refuerza una lógica defensiva: no perder lo que se tiene se vuelve más importante que imaginar lo que podría construirse. La universidad se vuelve experta en gestionar carencias, pero esa pericia tiene como contraparte la erosión del proyecto académico.
Uno de los costos más altos de este modelo recae en el trabajo académico. La universidad pública mexicana se sostiene crecientemente sobre formas de empleo precarizadas: profesores por asignatura, contratos temporales, trayectorias laborales prolongadas sin estabilidad. A ello se suman sistemas de evaluación y estímulos que individualizan el desempeño, intensifican el trabajo y fragmentan a las comunidades académicas. La paradoja es evidente: instituciones con una fuerte misión social descansan en condiciones laborales que minan la vocación, el trabajo colegiado y la renovación generacional.
Este desgaste no siempre se traduce en conflicto abierto. Con frecuencia adopta formas más silenciosas: desánimo, cinismo, repliegue individual, vaciamiento simbólico y pérdida de sentido. La universidad sigue funcionando, pero lo hace con una energía institucional cada vez más limitada. La reproducción del sistema se garantiza, pero a costa de su potencia crítica.
La gobernanza universitaria agrega otra capa de complejidad. La autonomía, uno de los pilares históricos de la universidad pública mexicana, cumple una función ambivalente. Protege a la institución de injerencias externas directas, pero no garantiza, por sí misma, una conducción académica clara ni procesos adecuados de toma de decisiones. En muchos casos, los conflictos estructurales se desplazan hacia el interior de la universidad y se procesan mediante arreglos políticos, negociaciones corporativas y equilibrios frágiles entre actores.
Los órganos colegiados, concebidos como espacios de deliberación democrática, se ven sobrecargados por decisiones que desbordan su capacidad operativa. El consenso, elevado a principio normativo, se vuelve costoso y, en ocasiones, paralizante. La política universitaria ocupa cada vez más el lugar de la política académica, y la gestión del conflicto sustituye gradualmente a la construcción del proyecto.
A todo ello se suma una brecha persistente entre la universidad y la sociedad. Aunque el discurso del compromiso social es omnipresente, la incidencia efectiva de la universidad en los grandes problemas nacionales —violencia, desigualdad, crisis ambiental, debilitamiento democrático— sigue siendo limitada. No por falta de conocimiento, sino por estructuras rígidas, incentivos mal alineados y una evaluación centrada en dinámicas endógenas. La universidad sabe mucho, pero influye poco.
Volvamos entonces a la pregunta inicial: ¿crisis o tensión estructural? Llamar crisis a lo que ocurre en la universidad pública mexicana puede ser tranquilizador, porque sugiere que el problema es transitorio y corregible. Hablar de tensiones estructurales, en cambio, obliga a reconocer que no se trata de reparar algo roto, sino de repensar un modelo que funciona precisamente porque enfrenta sus contradicciones sin solventarlas, sin mediaciones.
La universidad pública mexicana no está, en términos generales, al borde del colapso, pero tampoco se encuentra en condiciones de desplegar plenamente su potencial transformador. Sobrevive en un equilibrio precario entre estabilidad y desgaste, entre legitimidad histórica y desafección contemporánea. El desafío no es “salvarla de la crisis”, sino abrir una discusión pública honesta sobre qué universidad queremos, para qué sociedad y bajo qué criterios estamos dispuestos a sostenerla.
Tal vez la pregunta más incómoda, y pertinente, no sea la de saber si la universidad está en crisis, sino si estamos dispuestos a asumir el riesgo político, institucional y simbólico que implica redefinir su proyecto más allá de la nostalgia y del tecnocratismo. Porque lo verdaderamente peligroso no es una universidad en crisis, sino una universidad que se acostumbra a vivir indefinidamente en tensión sin preguntarse verdaderamente hacia dónde quiere ir.