Por Diego Ángeles
Para el México actual, las universidades públicas representan no solo aulas o espacios de socialización juvenil; son cunas de pensamiento crítico y motores de movilidad social. Sin embargo, al iniciar este 2026, la realidad financiera que enfrentan estas instituciones nos obliga a una reflexión profunda sobre nuestras prioridades como nación. Más allá de la aritmética presupuestal, están los trabajadores que con su labor diaria sostienen el futuro de la educación.
Vacas flacas, la realidad de 2026
Recientemente, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha emitido una señal de alerta que no podemos ignorar. El presupuesto asignado para este año refleja una desconexión preocupante con sus necesidades económicas. Mientras la inflación proyectada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se sitúa en un 3.5%, los incrementos aprobados del 1.79% para universidades estatales y del 3% para las federales resultan, en términos reales, una red flag.
Esta erosión financiera no es reciente. En la última década, hemos sido testigos de una caída sistemática del gasto federal en educación superior, que pasó de representar el 4.05% del PIB en 2015 a un estimado de apenas 2.70% para este 2026. Esta tendencia compromete la investigación y las actividades culturales que realizan las universidades, y pone en jaque el compromiso del llamado segundo piso de la 4T de alcanzar una cobertura educativa del 55% hacia el final del sexenio.
El rostro humano del problema
Detrás de los números, existe una preocupación humana latente: la estabilidad de académicos y personal administrativo. La falta de una política salarial sólida ha provocado que, año tras año, quienes educan a las y los jóvenes, limpian la aulas y gestionan el quehacer diario de las universidades vean sus salarios perder poder de compra.
No es posible hablar de excelencia académica cuando los trabajadores enfrentan la incertidumbre de no recibir su salario o su aguinaldo, como estuvo a punto de ocurrir penosamente en siete universidades estatales el pasado diciembre.
Los sindicatos universitarios han denunciado que los ajustes promedio del 4% son insuficientes frente a la inflación acumulada. En respuesta, algunas universidades comprometidas con su labor social y con sus trabajadores buscan un equilibrio justo y responsable para continuar sus labores sin comprometer su viabilidad económica a futuro.
La inversión en becas del gobierno federal es loable, pero no debe hacerse a costa del sustento de quienes hacen posible la educación.
Apuestas de largo plazo
La solución a este problema crónico no puede ser temporal ni basarse en recursos extraordinarios. Como bien ha señalado recientemente el rector de la UNAM, el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, es momento de discutir mecanismos de financiamiento de largo plazo.
Una reforma fiscal orientada a la educación superior podría ser el camino para resolver muchos de los retos que enfrentan las instituciones universitarias del país, particularmente las estatales. Al mismo tiempo que podría ser la punta de lanza para garantizar una política salarial que honre la entrega de los trabajadores. Apostar por la universidad es apostar por el desarrollo económico y el bienestar social de todo México.
Tic toc, tic toc…
Hace unos días la Universidad Autónoma Metropolitana UAM entregó su propuesta económica al Sindicato de trabajadores de esta casa de estudios, SITUAM, que contempla un incremento del 4 por ciento para todo su personal, un 2 por ciento ponderado para los administrativos de base y un 0.7 por ciento por mejora salarial para los mismos. Los representantes de la Metropolitana señalan que este aumento beneficiará a ocho de cada diez de las y los agremiados con un incremento que va del 6 al 8 por ciento. El sindicato tiene pocos días para consultar a su base y dar una respuesta. El emplazamiento de huelga es el primero de febrero.