Por Jocelyn Flores y Athenea Ruiz
El sistema de educación superior, desde la administración pasada, se enfrenta a una contradicción en derechos laborales. Por un lado, los discursos oficiales exigen calidad, innovación, inclusión y pertinencia social. Pero, para que ello se logre, se requiere de acciones institucionales que fortalezcan la docencia, como formación pedagógica y didáctica, competencias digitales, y un mínimo de condiciones laborales decentes. En los hechos aún existen espacios en las Instituciones de Educación Superior (IES) donde los docentes quedan a su suerte. Paradójico pues, el discurso oficial desde el pasado sexenio mantuvo en su retórica la "transformación de la educación superior", pero el ingreso, la permanencia y la formación docente siguen siendo el eslabón más endeble del sistema, pues requieren de mayor presupuesto y de engrosar la plantilla del personal docente y de apoyo a la docencia para el gobierno federal.
Se han inaugurado nuevas universidades, como la Universidad Nacional Rosario Castellanos y las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, pero sin esquemas de estabilidad y crecimiento laboral definitivos ni formación docente actualizada y de carácter obligatorio. Tal ausencia impacta directamente lo que sucede en el aula. No basta con reformar planes de estudio, incorporar tecnologías digitales, o crear nuevas universidades para ampliar la matrícula y lograr la universalidad en educación superior. Es necesario reconocer que la calidad educativa pasa por las manos de quienes trabajan frente al grupo, y que ello requiere algo más que conocimientos disciplinares. Implica una política integral de condiciones laborales decentes, estabilidad laboral, capacitación e implementos mínimos para el trabajo en aula, entre otros.
Si bien, se asume que las IES son las que deben de atender la formación docente, al ingreso y permanencia del profesorado, la realidad es que se requiere destinar mayor presupuesto a las IES que permita resolver estas problemáticas; además de la necesaria autorización por parte de la SHCP para ampliar la plantilla de las universidades.
Las diferencias en las condiciones laborales de las IES son enormes, las universidades autónomas públicas estatales y federales aún pueden sostener condiciones laborales estables, pero con mayor dificultad para ingresar, mientras que las nuevas universidades producen esquemas de inestabilidad laboral.
Para ocupar una plaza de docente a nivel superior se requiere de perfiles altamente calificados, preferentemente con doctorados, amplia experiencia en docencia, un cúmulo de investigaciones y, preferiblemente que pertenezcan al SNII, particularmente en las IES de investigación. Aun con todos esos requisitos, las IES no garantizan estabilidad laboral, lo que sigue llevando a que los profesores contratados por tiempo determinado combinen varias plazas en diferentes instituciones.
Por otro lado, el profesorado de nivel superior está rezagado frente a los retos actuales. Las acciones de capacitación han sido dispersas, desarticuladas y, en muchos casos, voluntaristas, generalmente se queda en talleres aislados y de corto plazo, desvinculados de la práctica. El estudio de Flores y Pimentel (2022) evidencia que una política dirigida a la formación docente debería estar diseñada para reconocer las experiencias de aprendizaje, evaluar formativamente, acompañar procesos complejos en ambientes híbridos y cuidar la dimensión socioemocional del estudiantado.
En este panorama, hablar de inclusión se ha vuelto políticamente correcto, pero esta no se agota solo en el acceso, se concreta día a día en decisiones de carácter pedagógico dentro de las aulas que son cada día más diversas con estilos de aprendizaje diferentes, barreras lingüísticas, culturales, socioemocionales, alumnos con capacidades diferentes, rezagos acumulados y contextos con alta vulnerabilidad. En este sentido, incluir significa re-pensar las estrategias de enseñanza-aprendizaje, lo cual implica diversificar acciones, adaptar materiales, evaluar con criterios formativos, gestionar la convivencia, todo ello exige una formación específica y un apoyo permanente al profesorado. Sin presupuesto, planeación y apoyo institucional que proporcionen herramientas pedagógicas, articular una educación inclusiva, de calidad y equitativa será aún más complicado.
La profesionalización docente necesita una política de Estado y de las propias instituciones de educación superior: transitar de la lógica de cursos aislados y constancias acumuladas a una política de desarrollo profesional integral, articulada y de carácter obligatoria. La capacitación pedagógica permanente debiera ser una condición para ejercer la docencia a nivel superior, vinculada a las trayectorias académicas del profesorado.
Las instituciones de educación superior deben desarrollar comunidades de práctica y acompañamiento a largo plazo, donde los profesores puedan conversar sobre su quehacer docente, compartir estrategias, analizar evidencias y no sólo asistir a conferencias magistrales. Todo esto requiere inversión continua, más allá de los ciclos políticos, para colocar la docencia en el centro, y no en la periferia.
Si queremos una transformación educativa, habrá que formar profesionales competentes, ciudadanos críticos capaces de transformar el país. Se debe invertir en la formación docente y en condiciones laborales pertinentes. En tanto eso no suceda, seguiremos discutiendo papeles y reformas, pero el aula, el lugar donde la educación se hace realidad, seguirá siendo el espacio en el que se manifiesta con crudeza una de las grandes omisiones de la educación superior en México.
Referencias
Flores Buendía, J. y Pimentel Linares, G. (2023). Cambio organizacional en educación básica: impacto de las tecnologías durante la pandemia. Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, (60), e1484. https://doi.org/10.31391/S2007-7033(2023)0060-006