En su conferencia matutina del 13 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador avivó nuevamente una álgida discusión en torno a la conducción de la política exterior de México, haciendo referencia particular al caso de la crisis política en el Perú. En palabras del presidente de la República, en referencia al presidente Castillo “se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir”. Asimismo, en respuesta a preguntas de la prensa, afirmó que, para su gobierno, el presidente Castillo sigue siendo presidente del Perú, en tanto la situación no “se resuelva en términos de legalidad”.
Naturalmente, las declaraciones del presidente mexicano generaron extrañeza en nuestro país y en el exterior, debido a su aparente contradicción con el principio de no intervención, contenido en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de México.
Es preciso anotar que no existe referencia constitucional o legal para interpretar dicho principio y ha adquirido distintos significados en la historia diplomática de nuestro país. En su interpretación más general —y favorecida por destacadas figuras del derecho y la diplomacia, como el excanciller Bernardo Sepúlveda Amor, la no intervención significa evitar injerencias en los asuntos internos de un Estado, a través del uso de la fuerza o la imposición.
En repetidas ocasiones, el gobierno del presidente López Obrador ha citado, explícita o implícitamente, la Doctrina Estada, un documento de 1930 cuya argumentación sirvió como base para conducir la política exterior de México durante gran parte del siglo XX.
De acuerdo con dicha doctrina, “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante” e indica que nuestro gobierno debe limitarse a mantener o retirar a nuestros agentes diplomáticos y continuar aceptando, si así se considera prudente, a los diplomáticos de otros países.
El gobierno actual de México usó la Doctrina Estrada como base de su no reconocimiento inmediato a la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. A finales de 2019, la SRE también citó dicho documento para explicar su no reconocimiento al gobierno de Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia, a la postre de lo que en ese entonces se consideró un golpe de Estado.
Unos meses antes, de cara a la crisis constitucional en Venezuela y el ascenso de Juan Guaidó como presidente interino, México reiteró su apego a la no intervención e incluso afirmó, en un comunicado fechado al 23 de enero de 2019, que “no participará en el desconocimiento del gobierno de un país con el que tiene relaciones diplomáticas.
En breve, los casos de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela muestran que el principio de no intervención ha sido utilizado para evitar al gobierno la necesidad de pronunciarse sobre el reconocimiento a gobiernos que enfrentan cuestionamientos —bien o mal fundamentados— a su legitimidad. Como lo hizo el día de ayer, la cabeza del Poder Ejecutivo frecuentemente ha emitido calificativos explícitos a los procesos internos de cada país para resolver conflictos postelectorales o dirimir asuntos relativos a la relación entre poderes. Esto contraviene el espíritu de la Doctrina Estrada y empaña la intención, estratégica para un país como México, de proyectar neutralidad y respeto a la soberanía de los pueblos.