En un discurso pronunciado en Filadelfia el 1º de septiembre, el presidente Joe Biden señaló a ciertos segmentos del conservadurismo que se han aglutinado bajo el lema Make America Great Again (MAGA, por sus siglas en inglés), como “una amenaza para los derechos de los ciudadanos, la justicia, el Estado de Derecho y el alma misma” de los Estados Unidos. Si bien las palabras de Biden marcaron el inicio de su participación en las campañas electorales, también apuntan a una preocupación real sobre el impacto nocivo que podría tener la violencia política en la democracia estadounidense. Para muchos, la toma del Capitolio en enero de 2021 demostró que ciertos grupos estaban dispuestos a usar medios violentos a fin de detener la transferencia pacífica del poder político.
De cara a las elecciones intermedias, la confrontación entre candidatos y partidos podría generar cierta volatilidad en un país marcado por la polarización. Una encuesta reciente de la Universidad de California Davis arroja datos reveladores al respecto: 67% de los encuestados percibe que existe una seria amenaza a la democracia estadounidense y uno de cada cinco considera que el uso de la violencia política es “un tanto justificable en lo general”. En su declaración ante el Comité Judicial del Senado el pasado 5 de agosto, el director del FBI Christopher Wray, expresó preocupación sobre la creciente violencia relacionada con asuntos políticamente divisivos, como el derecho a portar armas, la eliminación de protecciones legales al aborto y los derechos de la diversidad sexual.
En particular, las investigaciones que distintas autoridades han abierto en contra del expresidente Donald Trump desde 2021 han generado incertidumbre sobre el comportamiento de ciertos segmentos del electorado de derecha. Tres días después de la redada del FBI a la residencia de Trump en Mar-A-Lago, un hombre armado irrumpió en las oficinas de enlace del Buró en Cincinnati, Ohio, y posteriormente murió en un intercambio de fuego con policías estatales. En agosto, el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsay Graham, declaró en un programa de televisión que, de llevarse a cabo, un juicio en forma contra el expresidente Trump por el mal manejo de información clasificada llevaría a “disturbios en las calles”.
Si bien no todo el electorado conservador está necesariamente relacionado con expresiones extremistas, hay evidencia que sugiere que existe una estrecha vinculación de grupos radicales de derecha –frecuentemente inspirados en la ideología del supremacismo blanco– con actos violentos o con amenazas del uso de la violencia en contra de minorías raciales, personas de la diversidad sexual e incluso inmigrantes, a quienes perciben como amenazas a su existencia. El racismo fue una de las motivaciones del autor de la masacre del 15 de mayo en Búfalo, Nueva York, dirigido hacia personas afroamericanas y con un saldo de 10 muertes. En el mes de junio, 31 miembros del grupo Patriot Front, equipados con aditamentos antidisturbios, fueron arrestados en el estado de Idaho por fuerzas estatales y federales, después de que intentaran irrumpir en un evento para conmemorar el Orgullo LGBTIQ+. También hay antecedentes de ataques en contra de ciudadanos de origen latino: en agosto de 2020, un joven quitó la vida a 23 personas en una comunidad mexicana de El Paso, Texas, motivado por ideas antiinmigrantes.
Análisis de expertos como Dan Byman, de The Brookings Institution, sugieren que la extrema derecha estadounidense podría comenzar a tener un alcance global. En este sentido, desde 2014, ciudadanos estadounidenses de ideologías extremas habrían viajado a Ucrania para ganar experiencia como combatientes en ambos lados del conflicto entre dicho país y Rusia. Esto representaría, potencialmente, un reto adicional para Estados Unidos, que actualmente provee de armamento a las fuerzas ucranianas para resistir a la invasión rusa desde febrero de 2022. De hecho, medios como Politico y The Washington Post ya han reportado que el Departamento de Seguridad Interior investiga los perfiles de combatientes estadounidenses que han viajado desde Estados Unidos hacia Ucrania en meses pasados.
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