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La estafa galáctica

Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto perdonaron el pago de impuestos por un monto indignante: 1.7 billones de pesos, equivalente a un tercio del total presupuestado para la Federación este año
15/08/2019
04:18
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Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto perdonaron el pago de impuestos por un monto indignante: 1.7 billones de pesos.

Esta semana informó la Auditoría Superior de la Federación que durante la administración anterior se desviaron 9 mil millones de pesos correspondientes al gasto social. Esta cantidad es ridícula cuando se compara con la cifra de las contribuciones que se condonaron o cancelaron arbitrariamente durante los últimos doce años.

1.7 billones significa un tercio del total presupuestado para la Federación este año, 2.8 veces el presupuesto anual de salud, 5 veces el presupuesto educativo, 9 veces el presupuesto de la Secretaría de la Defensa, 17 veces los recursos destinados a las pensiones para las personas adultas mayores, 242 veces el presupuesto de apoyo a las personas con discapacidad.

Si robarse 9 mil millones es imperdonable, ¿cómo calificar un acto que, por su monto, es 200 veces peor de monstruoso? ¿Quiénes fueron las personas o las empresas contribuyentes perdonadas por el fisco? ¿Cuáles fueron los motivos del perdón? ¿Qué montos, en concreto, les fueron condonados o cancelados a cada beneficiario?

Hoy todavía es imposible conocer esta información porque, a pesar de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Margarita Ríos, se empeñó en mantener el secreto. Durante las administraciones anteriores el SAT y la Secretaría de Hacienda negaron entregar esta información con el argumento de que, de acuerdo con las leyes mexicanas, violarían el secreto fiscal de los contribuyentes. Consideraban más importante proteger a los perdonados que dar a conocer las razones y las cifras del perdón.

Fundar —acaso la organización de la sociedad más necia que tiene México— recurrió al Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) para exigir que los datos relativos a las condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales se hicieran públicos.

Esa otra institución del Estado concedió razón e instruyó al SAT para que dejara atrás su negativa. Y, sin embargo, nada sucedió: el desacato fue peor de necio. Vino entonces un pleito en tribunales que recientemente encontró remanso porque el presidente López Obrador se comprometió a combatir lo que él mismo llamó huachicoleo de cuello blanco —el perdón, pues, a los contribuyentes más poderosos del país.

A partir de este sexenio la autoridad se comprometió a no perdonar a nadie más. Buen avance, pero esta decisión no debería obviar la entrega de la información solicitada por Fundar, a propósito de lo sucedido entre 2007 y 2018.

El pasado 24 de abril de 2019, Margarita Ríos, cabeza del SAT, entregó a un juez algunos datos de los contribuyentes perdonados. Sin embargo, junto con el USB que contenía esta información anexó un oficio donde pide al juzgador que no vuelva público nada hasta asegurarse de que todos y cada uno de los beneficiados, que hayan recurrido al amparo para proteger sus datos personales, obtengan solución judicial.

La trampa es insoportable: el SAT le pidió al juez que se guardara el USB en un cajón en tanto se resuelve el amparo de los perdonados. Para ser más preciso, Hacienda envió mensaje a los beneficiados para que recurrieran al amparo y luego reclamó al juez que los nombres de esos amparados se mantengan en secreto.

El juzgador que tiene esta papa caliente en las manos se llama Martín Adolfo Santos Pérez y desde abril retiene una información que deberíamos conocer todos los mexicanos. Él ya sabe quién se benefició por la corrupción de la Secretaría de Hacienda durante los mandatos de Calderón y Peña Nieto.

Sorprende que el SAT de hoy se parezca en esto al SAT de ayer. Sorprende que la Hacienda de hoy no sea distinta de la Hacienda de ayer. Sorprende que los funcionarios no actúen conforme a las instrucciones del presidente de la República. Enoja que algunos jueces continúen al servicio del Poder Ejecutivo y sus cómplices, los privilegiados de siempre.

ZOOM: Ayer el presidente propuso subir a la Constitución la prohibición de perdonar a los contribuyentes. Es una formidable solución para terminar con el huachicol de cuello blanco. Sin embargo, porque la estafa es de proporciones galácticas no debe permitirse que lo sucedido entre 2007 y 2018 quede impune.

www.ricardoraphael.com

Ricardo Raphael
Periodista, académico y escritor. Director General del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (UNAM), profesor de asignaturas en el CIDE y conductor de los programas Espiral y #Calle11 de Canal 11...