Más y no menos es lo que requiere la población más vulnerable del país. Más y no menos transferencias, más solidaridad, más apoyo, más gobierno, más izquierda.
El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón cuando centra la acción de su gobierno en proteger a las familias que padecen mayor precariedad, el problema es que las medidas anunciadas hasta el día de ayer atienden a un número insuficiente de hogares, cuando se compara con la cifra real de familias que sufrirán afectaciones dramáticas, debido a las consecuencias de la pandemia.
El decreto del 21 de abril anunciado por el presidente se compromete a sostener los mismos programas sociales anunciados por él desde su toma de posesión. Pase lo que pase se mantendrán los programas de pensión para adultos mayores, los apoyos a hijas e hijos de madres solteras, las becas Benito Juárez, el programa de jóvenes construyendo futuro, los recursos para las personas con discapacidad, Sembrando Vida, las tandas para el bienestar, etcétera.
Los recursos destinados a estos rubros estaban asignados previamente a la pandemia y los padrones de beneficiarios se levantaron mucho antes de que el Coronavirus comenzara a hacer estragos en China.
Ciertamente el decreto del 21 de abril no crece los programas ni tampoco el padrón de sus beneficiarios.
Podría decirse que la medicina se concibió antes de la enfermedad. Se trata de un conjunto de medidas destinadas a un problema que, aunque parecería similar, es en realidad muy distinto. El programa social del presidente quería combatir la pobreza de un país cuyo número de personas en situación de carencia era estable.
Lo que va a cambiar con la pandemia es que ese número crecerá enormemente. Por tanto, los apoyos y sobre todo el padrón de beneficiarios tendrían también que ampliarse.
Guillermo Cejudo, integrante del Coneval, y la investigadora Natalia Torres, publicaron recientemente una estimación aproximada del número de personas que se verán afectadas por la crisis económica derivada del Covid-19 (Animal Político, 15/04/20).
Ahí advierten que alrededor de 69 millones de mexicanos caerán en pobreza, o pobreza extrema, debido a la recesión que apenas comienza; más de la mitad de la población.
Este cálculo se deriva de contabilizar a las personas trabajadoras que viven al día, y que por su actividad están dejando de percibir ingresos (trabajadores por cuenta propia, empleados de sectores vulnerables y/o informales, pequeños comerciantes, entre otros).
Los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador apostaron con sinceridad por los más pobres, y en esto el presidente tuvo gran tino, el problema es que el Covid-19 va a ampliar la dimensión de la pobreza nacional.
En números precisos, tales programas fueron concebidos para apoyar a un tercio de la población, no a la mitad de las personas que habitan el país.
Tales programas van a beneficiar, de algún modo, a 40 millones de mexicanos, pero quedarán fuera de su derrama otros treinta millones de personas. Esto querría decir que los programas sociales de esta administración dejarán sin cobija solidaria aproximadamente a un cuarto de la población que requiere apoyo del gobierno para sobrevivir.
La discusión no puede ser ideológica sino práctica. El conjunto nacional está moralmente obligado a ver por los 69 millones de compatriotas que la van a pasar terrible durante los próximos meses. Y el presidente tiene la obligación constitucional de ver por todos y no solo por una parte de los afectados.
La administración lopezobradorista cuenta con la opción de crecer el padrón de beneficiarios de sus programas sociales. Sería sin duda una opción congruente. Más jóvenes construyendo futuro, más niños y niñas, más personas con discapacidad, más sembrando vidas, más adultos mayores, en fin.
Esto obligaría a la Secretaría del Bienestar a trabajar de nuevo en el padrón de las personas atendidas por el gobierno federal.
Otra opción, pensando fuera de la caja, sería aprovechar la circunstancia para dar el giro final que le hace falta a la política social mexicana. La ocasión lo amerita y legitima.
La alternativa es crear un seguro universal de desempleo, como se ha echado a andar en la mayoría de los países, para que quienes pierdan su salario cuenten con al menos un 80% del ingreso que tenían antes de que la crisis tocara a las puertas de su casa.
Un seguro que, al menos durante seis meses, permita a las madres y padres de familia paliar la situación de sus hijos y familiares.
Una medida complementaria a también sería instaurar el ingreso universal básico para que todos los habitantes de nuestro país, sin distinción ni discriminación, cuenten con una entrada similar de ingreso, un piso económico indispensable para satisfacer las necesidades principales.
Zoom:
El seguro de desempleo y el ingreso universal básico implicarían revisar el pacto fiscal de la sociedad mexicana. La crisis nos obliga a la solidaridad. Pocas voces se opondrían a una iniciativa de esta envergadura. Ni los más conservadores o reaccionarios podrían negar lo obvio: México necesita más y no menos Estado, más y no menos seguridad social, más y no menos generosidad.
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