El derecho de los presos para contar su propia versión

Ricardo Raphael

Por tercera vez ayer se frustró una entrevista pactada con Israel Vallarta. Pocas cosas son más difíciles en México para un periodista que conversar con una persona recluida en prisión. No hay nada en la ley que lo impida y sin embargo una vez enclaustradas se les retira el derecho a la palabra.

No hay diferencia si pesa una sentencia que les declare culpables o, como en el caso de Vallarta, si se benefician de la presunción de inocencia.

En México las personas encerradas no pueden hablar con su propia voz. A este hombre se le acusó en cadena nacional de ser un secuestrador de la peor calaña y, sin embargo, 15 años después no ha habido juez que se anime a declararlo culpable porque las pruebas que pesan en su contra no se sostienen.

Tanto es así que su supuesta cómplice, Florence Cassez, obtuvo libertad gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo su caso.

A Vallarta logré entrevistarlo para La Octava hace un par de semanas, ya que su esposa me cedió los diez minutos a los que tiene derecho cada semana para comunicarse con el exterior. Pero la autoridad no ha vuelto a facilitar la comunicación y mucho menos me ha permitido visitarlo en la cárcel.

Este caso no es una excepción. Igual de difícil ha sido conversar personalmente con los presuntos secuestradores del caso Wallace o del caso Martí. Por ejemplo, a César Freyre que está encerrado en el Altiplano, he intentado visitarle por todos los medios y sin embargo a los periodistas nos está vedado ingresar a los penales de alta seguridad, peor aún si queremos hacerlo con grabadora,  libreta y pluma en la mano.

Lo mismo me ha sucedido con Albert Castillo y Jacobo Tagle Dobin. Aún en estos tiempos de supuesto cambio, cada vez que se aproxima la cita solicitada ocurre un pretexto súbito que hace imposible ingresar a la prisión.

A diferencia de lo que sucede en otros países, en México es prácticamente imposible que la prensa se aproxime a las personas recluidas. Se trata de un castigo no previsto por las leyes que les arrebata a ellas el derecho a la libre expresión y al resto de la sociedad el derecho a estar bien informada.

Vallarta, Freyre, Dobin y los hermanos Castillo, así como Juana Hilda González Lomelí o Brenda Quevedo, entre miles de personas, han sido juzgadas por la opinión pública sin derecho de réplica.

A Vallarta lo presentaron y sentenciaron en cadena nacional sin que haya podido, a la fecha, ofrecer en extenso su punto de vista. El castigo es desproporcionado y contrario a la ley. No fue un juez quien lo sentenció sino un programa de televisión y, sin embargo, no ha tenido personalmente oportunidad para compartir públicamente su realidad.

En el caso de los presuntos secuestradores de Hugo Alberto León Miranda (alias Wallace Miranda), todos fueron exhibidos en inmensos espectaculares colocados en la Ciudad de México y entidades vecinas; ahí se les presentó como responsables de haber cometido los peores delitos y se ofrecieron recompensas inmensas, antes siquiera de que las autoridades de la Procuraduría General de la República terminaran de integrar las carpetas de investigación.

Este es el caso de Brenda Quevedo y Jacobo Tagle quienes además continúan sin sentencia en primera instancia y sin embargo la autoridad carcelaria les ha negado la posibilidad para que, con su propia voz, refuten los argumentos expuestos hace ya 14 años por Isabel Miranda de Wallace en los muros de los edificios más vistosos.

La injusticia es evidente: el poder de algunos para acusar en público no se asemeja en nada al de otros para defenderse en igual lugar y proporción.

El dinero lo define todo. Si se cuenta con riqueza para hacer propaganda las personas son sentenciadas públicamente y el sistema judicial cómplice se encarga de amputar el derecho de los acusados para contrarrestar la avalancha de rocas arrojadas en su contra.

Esta realidad no ha cambiado con la Cuarta Transformación. Por más que como periodista he hecho intentos recientes por ingresar a las celdas de estos y otros procesados, las puertas continúan cerradas.

Las autoridades no niegan pero tampoco conceden el acceso. Son parte de un sistema que permite a los poderosos hacer propaganda punitiva —prevarican, pues, con la justicia— sin que los presuntos delincuentes puedan ofrecer la versión propia de los hechos.

La injusticia se vuelve monumental cuando en muchos de estos casos existió ánimo deliberado para fabricar culpables. Acaso es precisamente por esta razón que a los periodistas no nos dejan ingresar a la cárcel. Para que no denunciemos, con el testimonio de las víctimas, las intolerables fabricaciones.

ZOOM

El nuevo sistema penal acusatorio requiere de un nuevo periodismo que, sobre el principio de presunción de inocencia, tenga libertad plena para interrogar a las personas procesadas. Igual libertad debería también haber para que las personas sentenciadas cuenten su propia versión de los hechos. Esto ayudaría, entre otras cosas, para comprender los resortes de la violencia que recorre al país impunemente.

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