Gildardo López Astudillo está libre por la ineptitud de la Fiscalía General de la República. El juez Samuel Ventura Ramos absolvió a este sujeto, uno de los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, porque la Fiscalía olvidó presentar una prueba acusatoria principal, que no estaba en modo alguno contaminada por la tortura, la fabricación, el dolo o la impericia del ministerio público de la administración anterior.
¡De no creerse! Una serie de escuchas entregadas por la DEA al gobierno mexicano era evidencia clave para que el juez mantuviera a López Astudillo, alias El cabo Gil, tras las rejas, pero a la Fiscalía se le pasó el término dejándola fuera del expediente juzgado.
Entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre de 2014 la DEA espió a un grupo de sujetos que, desde la ciudad de Chicago, dirigían la organización Guerreros Unidos. Gracias a esta operación, autorizada por un juez, se produjo evidencia muy valiosa para el caso Ayotzinapa.
El caudal de mensajes y llamadas obtenido confirmó que, en efecto, los Guerreros Unidos estaban dedicados al trasiego de amapola y heroína que partía del sur de México con rumbo al estado de Illinois. También que los normalistas habrían secuestrado camiones utilizados por esa organización para sus negocios ilegales.
Aún más importante, ese material confirmó los nombres, las jerarquías y la responsabilidad de cada uno de los principales mandos criminales involucrados en la desaparición y, eventualmente, en el asesinato de los normalistas.
Pablo Vega Cuevas es personaje principal de esta trama y su comunicación, desde Chicago, con Sidronio Casarrubias, cabeza de Los Guerreros Unidos, resulta pieza valiosísima para comprender la tragedia ocurrida durante la madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala.
En una de esas comunicaciones se habla de más de 43 víctimas: 60 paquetes “ya guardados” —en relación a los estudiantes asegurados por los Guerreros Unidos— y otros “con San Pedro” –probable referencia a quienes ya habían sido asesinados.
Esa comunicación vincula directamente a Sidronio Casarrubias con el operativo desplegado en contra de los normalistas, y ligaría también a Gildardo López Astudillo, lugarteniente de Casarrubias en la ciudad de Iguala.
Hay información bastante sólida que da prueba del sitio que Gildardo López ocupaba dentro de su organización criminal: era el jefe de plaza en Iguala, controlaba los mandos policiales de ese municipio y también tenía complicidad con la procuraduría de Guerrero.
Las escuchas de la DEA en Chicago son prueba contundente de esta relación criminal, permiten establecer conexiones causales y precisar el grado de involucramiento que este sujeto habría tenido en aquellos hechos trágicos de septiembre de 2014.
Suponiendo que el resto del abultado caudal probatorio en contra de López Astudillo estuviese echado a perder —por el trabajo desastroso de la Procuraduría encabezada antes por Jesús Murillo, Arely Gómez o Raúl Cervantes—, lo cierto es que con esta evidencia proveniente de Chicago, el juez habría estado obligado a mantener al cabo Gil tras las rejas.
Si la tortura invalidó las declaraciones en contra de López Astudillo, así como su propia confesión, las escuchas de la DEA no tenían ningún vicio para ser desestimadas.
Pero la Fiscalía General, cuyo titular desde diciembre del año pasado es Alejandro Gertz Manero, cometió el imperdonable error de dejar esta última pieza de evidencia fuera del juicio porque olvidó presentarla antes de que se venciera el término, a finales de febrero de este año.
Es responsabilidad de la actual administración que El cabo Gil haya quedado libre, y no del juez Ventura Ramos. En breve podrían ser también liberados el propio Sidronio Casarrubias, Francisco Valladares Salgado, subsecretario de seguridad en Iguala, Cesar Naca Cuevas, jefe de la policía de Cocula, y otros cincuenta presuntos delincuentes más. Antes de que todos los plazos se cumplan, ojalá y la Fiscalía de Gertz se ponga a trabajar.
ZOOM: El reloj político continúa avanzando para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y cada día será más difícil echarle la culpa de lo que ocurre a la administración anterior. Si El cabo Gil está libre es por un grave acto de negligencia imputable a los gobernantes del presente.
