Hace algunas semanas Jesús Silva-Herzog escribió “al país le urgen equilibrios”. Estamos a unos días de que el T-MEC entre en vigor. A partir del 1 de julio México deberá cumplir cabalmente con un amplio entramado de obligaciones repartidas a lo largo de 34 capítulos de este instrumento. Prácticamente cualquier acción del gobierno (federal/estatal/municipal) o poder (ejecutivo/legislativo/judicial/órganos autónomos) que tenga un impacto en un aspecto económico pudiese impactar o trastocar alguna obligación del T-MEC. Destaca que el aspecto económico debe entenderse de la forma más amplia, ya que este instrumento aborda no sólo aspectos comerciales, sino también otras materias como la ambiental, laboral o anticorrupción. De hecho, como se ha explicado en esta columna, son tan estrictos los estándares ambientales y laborales a los que México estará sujeto, que este instrumento pareciera alejarse cada más vez del aspecto netamente comercial.
Todavía no ha entrado en vigor y ya aparecieron las primeras señales de alerta. En primer lugar, sorprende que a menos de 10 días se siga debatiendo el listado de leyes que requieren implementación. También preocupa, por dar algunos ejemplos, que no se tengan contempladas reformas para implementar el capítulo anticorrupción o los mecanismos para atender demandas laborales tanto de empresas estadounidenses como de empresas mexicanas. Por otro lado, a nivel gobierno, altos funcionarios estadounidenses han señalado el posible inicio de casos en relación con productos desarrollados utilizando biotecnología agrícola y con respecto a algunas obligaciones laborales. Por su parte, inversionistas canadienses y estadounidenses han expresado serias preocupaciones por las acciones adoptadas por el gobierno en materia energética. Por último, tampoco nos debe sorprender que la inopia sobre el tema ambiental o la política de compras estatales sean objeto de un minucioso escrutinio.
No olvidemos que, en caso de no llegar a una solución negociada, en las controversias serán los tribunales o paneles arbitrales internacionales los que determinarán si existe una violación de los compromisos. En caso de demandas sin sustento, dichos tribunales le darán la razón al gobierno (como sucedió hace algunos días en el que un tribunal no sólo falló a favor de México, sino que además ordenó el inversionista extranjero pagar los costos de litigio). Pero de igual forma, cuando se violenten las disposiciones del T-MEC dichas instancias emitirán fallos que incluso podrían obligarlo a desistirse de realizar acciones contrarias a dicho instrumento o incluso condenarlo a pagar importantes sumas de dinero.
El T-MEC es un tratado que la presente administración apoyó y negoció, en su fase final. La actual administración no puede repudiarlo ni desconocerlo. Incluso existen referencias explícitas en el T-MEC: “el gobierno mexicano entrante en diciembre de 2018 ha confirmado… cada una de estas disposiciones”. Las obligaciones adquiridas son de gran alcance. El T-MEC es un contrato obligatorio, no una entelequia o decálogo de principios. Un contrato que, por ser ley suprema mexicana conforme al artículo 133 de nuestra Constitución, está por encima de cualquier decreto del ejecutivo o norma secundaria. El T-MEC es el único instrumento que pudiera garantizar el Estado de derecho no sólo en la parte comercial, sino también asegurar, por ejemplo, que en México se adopten altos estándares laborales, se proteja a ultranza al ambiente y se combatan decididamente actos de corrupción. Por ello, celebremos que a partir del 1 de julio habrá un nuevo contrapeso al ejercicio ilegal, caprichoso o arbitrario del poder.
