Todo indica que la aprobación del T-MEC en Estados Unidos está llegando a su fase crítica a poco más de un año de su firma.

Ha trascendido que ya se cuenta con propuestas concretas de modificación al texto. Una vez que se hagan públicas podrá haber oportunidad de opinar sustantivamente sobre las mismas. Mientras tanto, preocupan algunos aspectos sobre las formas que se han seguido.

En primer lugar, no se puede dejar pasar que el “negociador” designado por el Presidente, está actuando fuera del ámbito de su competencia, i.e. ultra vires. La Ley de Comercio Exterior y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal son claras que la dependencia encargada de la coordinación de las negociaciones comerciales internacionales es la Secretaría de Economía.

Sin embargo, pareciera que dicha Secretaría abdicó a participar en las mismas o no ha sido tomada en cuenta. Esto no es meramente una cuestión de forma. El gobierno de México cuenta con un grupo experimentado de negociadores comerciales internacionales en todas las áreas.

Según información pública, los temas que son objeto de esta renegociación son: aspectos laborales, ambientales, propiedad intelectual y solución de controversias. Toda negociación comercial es un proceso.

Un proceso de toma de decisiones en el que interactúan los especialistas del tema respectivo, abogados y sus superiores, así como el sector privado. Al final de toda negociación comercial hay un balance entre lo que se concede y lo que se gana. En este proceso se analiza el aspecto técnico, el lenguaje jurídico y las consecuencias políticas. Esto no sucedió. Resulta desconcertante que, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, un solo hombre se haya reunido varias veces con sus contrapartes, haya analizado los aspectos técnicos, revisado el lenguaje y, en principio, acordado lo que era “mejor para el país”.

El otro aspecto que preocupa se refiere a la forma en que se negoció. Pareciera que México fue un mero espectador de las discusiones entre la administración republicana y los congresistas demócratas. Según se desprende de las declaraciones del “negociador”, México no pidió nada a cambio de aceptar las propuestas estadounidenses.

Es muy entendible el gran interés por la aprobación de este instrumento, pero hasta ahora desconocemos si se pusieron en la mesa temas del interés de nuestro país aprovechando que el texto había sido reabierto por Estados Unidos. Por otro lado, habría que preguntarse ¿qué margen de maniobra se reservó México para analizar, comentar e incluso modificar, si es contrario a los intereses de la Nación, lo acordado entre la administración republicana y los congresistas demócratas?

No es posible hacer una evaluación integral de los resultados de la negociación cuando no se cuenta con los textos. Sin embargo, la forma como se hizo es muy preocupante. Se negoció sin facultades y sin acompañamiento técnico y legal. Ojalá que con la honestidad nos alcance.

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