Maquiavelo afirmaba, en El Príncipe, que ningún gobernante podía depender solo de la fortuna, ya que quien confía en ella termina a merced de los vaivenes del destino. Por eso subrayaba la necesidad de la virtù: energía, valor, inteligencia estratégica y capacidad de acción.
Únicamente con esa combinación sería posible dominar las circunstancias y convertir los imprevistos en oportunidades. El liderazgo sólido se construye sobre esa base, no sobre la esperanza de que la fortuna sea benévola.
Al mismo tiempo, advertía que el poder exige una combinación delicada entre prudencia y audacia. El arte de gobernar consiste —según el pensador florentino— en saber, precisamente, cuándo arriesgar y cuándo contenerse, equilibrando así decisión con inteligencia.
Finalmente, sostenía que el líder debe adaptarse a la necesidad y leer los tiempos. Ningún gobernante puede actuar siempre de la misma manera: lo que en un contexto fue virtud, en otro puede convertirse en error.
Esta lección resulta especialmente útil para comprender el momento político que vive México con la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cuya llegada a la más alta magistratura del país representa un parteaguas histórico.
Además de ser la primera vez que una mujer ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo, el mandato de la presidenta Sheinbaum coincide con una etapa decisiva: la consolidación y el ajuste de un proyecto de transformación iniciado en 2018, que ahora entra en una fase más compleja, menos fundacional y más orientada a redefinir instituciones, reglas y alcances del Estado mexicano.
Durante décadas, México fue conducido con un modelo económico que redujo la capacidad rectora del Estado. Desde la década de 1980, la lógica neoliberal trasladó funciones estratégicas al mercado, privatizó activos públicos y disminuyó el peso de la inversión social. Aquella ruta prometió crecimiento, pero dejó profundas desigualdades.
Lo que hoy ocurre es una reconfiguración de ese paradigma. El Estado ha recuperado presencia en sectores estratégicos, particularmente en energía, infraestructura y política social. Se trata de una redefinición del papel gubernamental.
Uno de los cambios más significativos está en la política social. La elevación de programas al rango constitucional modifica de fondo la relación entre pueblo y Gobierno. Lo que antes dependía de decisiones sexenales o discrecionales ahora es un derecho exigible. Esto ha dado como resultado, entre otros efectos, la reducción de la pobreza extrema en el país. Además, personas adultas mayores, estudiantes, personas con discapacidad y las y los campesinos y trabajadores históricamente relegados hoy forman parte de una red de protección social más robusta.
Otro rasgo definitorio del actual gobierno es su legitimidad social sostenida. En un entorno de crítica constante, polarización digital y escrutinio inédito, mantener altos niveles de aprobación constituye un fenómeno político singular.
La presidenta gobierna bajo una lupa permanente: redes sociales, medios tradicionales, plataformas digitales y la oposición examinan cada paso que da. Sin embargo, ese desgaste natural del poder no ha erosionado significativamente el respaldo ciudadano, que sigue manteniéndose cerca del 70 por ciento, lo cual se explica porque existe una percepción extendida de resultados tangibles. La legitimidad no descansa solo en narrativa política, sino en obras, estabilidad económica y contacto permanente con la gente.
Un elemento más que también debe reconocerse es el pragmatismo. En temas como energía, el gobierno de la presidenta ha mostrado disposición a revisar posturas frente a nuevas exigencias técnicas y económicas. La discusión sobre tecnologías para aprovechar recursos gasíferos revela una administración menos rígida de lo que algunas voces suponen. Aquí aparece una característica central del liderazgo contemporáneo: sostener principios, pero ajustar instrumentos cuando cambian las circunstancias.
Ese equilibrio entre convicción y adaptación recuerda la idea de Max Weber acerca de que “la política se hace con la cabeza, pero también con el carácter”, afirmación que resulta pertinente para comprender el momento actual: un ejercicio del poder que combina convicciones, adaptación y capacidad de decisión.
Por otra parte, la próxima participación de la Jefa del Estado mexicano en la cumbre de gobiernos progresistas en Barcelona, junto con los mandatarios de Colombia, Brasil, España y Uruguay, marca también un viraje significativo.
La relación con España entra en una etapa distinta: la memoria histórica no desaparece, pero convive ahora con una visión estratégica de cooperación. México busca reposicionarse globalmente con voz propia, sin subordinaciones, pero con vocación de interlocución.
El país vive una etapa de transformación que puede compararse, en términos históricos, con los procesos de reconfiguración posteriores a la Revolución mexicana. Por eso la palabra clave de este tiempo es redefinición.
Redefinir no significa destruir lo existente, significa ajustar estructuras para responder a nuevas exigencias. Y en ese proceso, el liderazgo de nuestra presidenta está delineando un nuevo margen de acción para el Estado mexicano en el siglo XXI, uno más social, más activo, más observado.
La historia juzgará el alcance de la transformación que vive la nación, pero su desenlace dependerá de seguir comprendiendo el momento y continuar actuando con inteligencia ante este, no de la fortuna.
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