Incongruencia política

Ricardo Monreal Ávila

Sería más congruente impulsar este mecanismo y promover un debate público entre la población para medir el apoyo con el que cuentan

Contradictorio, absurdo e incongruente resulta el hecho de que un grupo de legisladoras y legisladores de oposición haya promovido una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Revocación de Mandato, la cual se fundamenta en la reforma constitucional de 2019, y que el mes pasado fue publicada en el Diario Oficial de la Federación luego de un extenso debate que en el Senado de la República dio lugar a un consenso entre todos los grupos parlamentarios, logrando su aprobación con 101 votos a favor y dos en contra.

La acción es contradictoria respecto a los discursos pronunciados en la tribuna del Senado, desde la cual se celebró el acuerdo alcanzado precisamente para evitar la judicialización de la norma aprobada, para lo cual se reformuló la redacción de la pregunta que se pondrá a consideración de la ciudadanía. Es absurda, entendiendo que este adjetivo designa la falta de lógica, porque se trata de una ley aprobada por las mismas personas que ahora la acusan de inconstitucional. Y es incongruente porque obstaculiza la aplicación y el acceso de la ciudadanía a un derecho constitucional.

¿Las legisladoras y los legisladores habrán cambiado de opinión en el último momento o siempre habrá sido su intención oculta? En cualquier caso, tal conducta mina la credibilidad de las posturas parlamentarias que se difunden entre la población mediante los debates en las cámaras legislativas, pues parecieran responder más a una necesidad de corrección política que a un auténtico ejercicio democrático para la construcción de leyes. Si en las palabras se enarbola la ciudadanización de la toma de decisiones, pero en los hechos se recurre al Poder Judicial para evitar que una norma de esta envergadura entre en vigor, se envía un mensaje de incertidumbre a la población.

Esta lamentable decisión sugiere que el motivo de fondo es evitar a toda costa que el presidente Andrés Manuel López Obrador someta la continuidad de su mandato a la voluntad popular el próximo año, a lo cual se comprometió desde el periodo de campaña. ¿Por qué la oposición querría impedirlo? Sería más congruente impulsar este mecanismo de participación ciudadana y promover un debate público entre la población para medir el apoyo con el que cuentan, en contraste con la aprobación de que goza el titular del Poder Ejecutivo federal.

Parece que el miedo a la democracia sigue impulsando las decisiones del bloque opositor, especialmente considerando que la aprobación del presidente se encuentra en niveles impensables para las administraciones del viejo régimen, que se mantenían en su puesto por la falta de mecanismos adecuados para permitir a la población revocar el mandato de aquellos presidentes que con sus acciones vulneraron los derechos ciudadanos y el patrimonio nacional, aun cuando existieran manifestaciones multitudinarias contra sus gobiernos.

Antes de que se promoviera la acción de inconstitucionalidad, pero durante la misma semana, en la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta se generó un acuerdo unánime entre las bancadas para la interpretación de los artículos 11 y 12 de la referida ley, a fin de dar a conocer al Instituto Nacional Electoral el espíritu del Poder Legislativo, a propósito de los medios para la recolección de firmas, para garantizar el derecho de la ciudadanía a optar por opciones digitales o impresas, de manera indistinta, para expresar su apoyo a la solicitud de revocación de mandato, y no la de generar un régimen de excepción para el formato impreso, tal como se establece en los anexos de los lineamientos emitidos por el Instituto, lo que excluiría a gran parte de la población de este histórico ejercicio de democracia directa que se prevé para el próximo año.

Revivir el debate sobre la constitucionalidad de la ley federal que se creía superado no responde sino a intereses partidistas y forma parte de las tácticas dilatorias que en el pasado ya se han combatido y vencido tanto en el debate parlamentario como en el máximo tribunal constitucional; tal fue el caso de la consulta popular para esclarecer las decisiones políticas del viejo régimen, en el cual ganó un contundente sí, que lamentablemente no contó con la participación necesaria para hacer vinculantes los resultados.

Desde 2018 comenzó una nueva época en que la voluntad popular es el principal motor de nuestra democracia, dejando proscrito el autoritarismo presidencialista en el que descansaban la solidez y la disciplina política del viejo régimen. Esta táctica no logrará detener este desarrollo, sino simplemente revelar las verdaderas intenciones del conservadurismo, que pretende postergar lo inevitable: la democratización de la vida pública nacional y el empoderamiento ciudadano.

El Grupo Parlamentario de Morena será respetuoso de la división de poderes, y seguirá firme en su compromiso de crear las bases jurídicas para el porvenir de nuestra nación y la continuidad de la Cuarta Transformación.
 

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