Gas Bienestar

Ricardo Monreal Ávila

No es apoyar monopolios públicos, sino velar por la estabilidad de las finanzas familiares. Es una respuesta táctica para cumplir las metas de la nueva estrategia energética

El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de la creación de una empresa estatal denominada Gas Bienestar, con el fin de proveer a las familias mexicanas de gas licuado de petróleo (gas LP) a un precio justo, ha generado un amplio debate público entre quienes respaldan la decisión y quienes la consideran un desacierto.

Las críticas en contra del proyecto se basan, mayoritariamente, en argumentos sobre posibles efectos negativos en la competencia del mercado y la eficiencia en su operatividad, restando importancia a la necesidad de enfrentar el incremento estrepitoso de los precios de combustible en tiempos recientes.

No obstante, la creación de Gas Bienestar responde a una causa justa. El proyecto no pretende acaparar la industria del gas, sino poner fin a la falta de competencia en el sector, que se ha traducido en elevados precios de un energético fundamental para el día a día de todas las familias y los negocios en nuestro país, ya que 8 de cada 10 hogares mexicanos dependen del gas LP para cocinar y contar con agua caliente. 

Debido a ello, el incremento del precio del gas LP es preocupante:  de un 35 por ciento durante los últimos 15 meses, una tendencia contraria a la del mercado internacional de hidrocarburos, que experimentó una franca depresión por la pandemia de Covid-19 en 2020. Tal alza es la consecuencia de acciones que se tomaron en el pasado, desde las políticas permisivas que favorecieron la formación de monopolios en el sector, hasta el intento privatizador de la reforma energética.  

A raíz del Pacto por México, Pemex perdió casi la mitad de su presencia en la producción nacional de gas LP en apenas cuatro años, pasando de vender el 50 por ciento del volumen total del energético consumido en territorio nacional en 2016 a tan sólo, aproximadamente, el 30 por ciento en 2020. Además, la reforma energética priorizó la importación del producto, favoreciendo con ello a un grupo reducido de empresas gaseras. En la actualidad, entre el 65 por ciento y 70 por ciento del gas LP que se consume en el país es importado. En su conjunto, estas acciones se han traducido en el encarecimiento de la vida diaria de las familias mexicanas, un patrón que necesita ser revertido.

Asimismo, las diferencias regulatorias entre las disposiciones que rigen el precio de venta de primera mano —precio a pagar por las empresas al adquirir gas LP importado o producido por Pemex— y el que paga el público consumidor favorece el surgimiento de grupos privados que inflan el costo del combustible en detrimento de las familias mexicanas.

En este contexto, la propuesta del presidente López Obrador cobra relevancia. De manera contraria a lo que voces detractoras y de intereses creados argumentan, la creación de Gas Bienestar no es un viraje hacia el pasado. Por el contrario, el proyecto da fe de un gobierno que tiene la firmeza suficiente para tomar las medidas necesarias que atiendan las deficiencias en el mercado de gas, que ponen en riesgo las finanzas familiares, al exponerlas a incrementos ríspidos en el costo de combustibles. 

Gas Bienestar comenzará como un proyecto regional en la Ciudad de México, debido a los altos precios que la distinguen de otras entidades, y eventualmente expandirá operaciones a otras zonas del país. Será comandado por Pemex, en conjunto con uno de sus brazos de comercio internacional. Este esquema permitirá a la empresa productiva del Estado tomar ventaja de su experiencia y posición en el mercado internacional, así como de producción propia, para habilitar un modelo integral de adquisición, almacenamiento y distribución de gas LP.

En consecuencia, mediante la participación de Pemex en la comercialización y venta de gas, el gobierno garantizará que se ofrezcan precios competitivos de gas LP para los hogares mexicanos, impulsando en paralelo una verdadera competencia dentro de un mercado que se ha señalado constantemente por su falta de dinamismo y malas prácticas.  

Ante el gran pendiente de una verdadera reforma que permita disminuir el precio de los energéticos, la administración del actual presidente de México está decidida a dejar atrás la política de sumisión ante los intereses privados y a poner delante los del pueblo. Defender Gas Bienestar no es apoyar monopolios públicos, sino velar por la estabilidad de las finanzas familiares. Es una respuesta táctica para cumplir las metas de la nueva estrategia energética.

A mitad del sexenio, ya se ha cumplido casi la totalidad de los 100 compromisos que el presidente contrajo con el pueblo de México en el histórico 2018. Para concretar el número 28, que es evitar el aumento del precio de los combustibles en términos reales, es indispensable considerar que la gran complejidad técnica, la relevancia económica y el impacto en el mercado internacional del sector energético usualmente generan resistencias a sus modificaciones, lo que deberá ser afrontado con apertura al diálogo, para generar acuerdos.

 

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