Hace poco inicié la lectura de Soberanía y extorsión, un estudio realizado por Claudio Lomnitz, académico crítico de la estrategia de seguridad transexenal en México.
Una de las cuestiones centrales que se plantea es saber si, al momento de que la guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006 por el entonces presidente, el país contaba con los recursos necesarios para combatir a un sistema históricamente contagiado de los efectos de la ilegalidad.
¿Contaba México con los recursos financieros, con las instituciones de seguridad y de investigación, con juezas y jueces, con el sistema penitenciario y con todas las condiciones necesarias para llevar a cabo esa estrategia? Lomnitz responde que no.
Y aunque es crítico de la estrategia de seguridad iniciada en 2018, lo cierto es que los resultados que se han logrado durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demuestran que las condiciones están cambiando.
En efecto, la violencia en México tiene raíces antiguas que se profundizaron a partir de 2006. Cuando esa estrategia fallida inició, se generó un binomio que incluso hasta hoy sigue mostrando sus consecuencias funestas, y se manifestó en la corrupción institucional, que no intentó erradicar la influencia criminal en las instituciones y que, además, en muchas ocasiones, la profundizó. La mejor muestra la tenemos en la detención del exsecretario de Seguridad Pública federal por nexos con el narcotráfico.
Haber iniciado una “guerra contra el narcotráfico” en un país sin política de igualdad, sin instituciones robustas y plagado de corrupción facilitó que los grupos delincuenciales extendieran sus influencias a otras esferas, especialmente las instancias más frágiles, como los Gobiernos municipales, donde, durante años, se toleró la impunidad, teniendo como resultado la descomposición institucional.
Pero hoy, con la Cuarta Transformación, el Estado mexicano decidió terminar con esa lógica torcida, generando las condiciones para implementar una estrategia de seguridad con sentido: se creó la Guardia Nacional, que sustituyó a una instancia viciada; se ha insistido en la reconstrucción del tejido social y la atención a las causas como un dique de contención que evite que las y los jóvenes se incorporen a la delincuencia; se reformó el Poder Judicial y, quizá lo más importante, se ha combatido la corrupción desde la raíz.
Por eso, la detención del presidente municipal de Tequila, en el estado de Jalisco, no es un hecho aislado ni anecdótico. Es una clara señal de que la política de no impunidad que impulsa la presidenta no solo continúa, sino que se sigue fortaleciendo. También es un recordatorio de la fragilidad que viven muchos municipios frente a la presión del crimen organizado.
Esta detención obedece a señalamientos por presuntos vínculos con un grupo delincuencial y representa un paso firme en la dirección correcta. Sin embargo, sería ingenuo pensar que con un alcalde tras las rejas el problema está resuelto.
Recuperar la paz duradera en un pueblo como Tequila, cuyo atractivo turístico genera millones de pesos, implica enfrentar intereses criminales profundamente arraigados. Desde la comodidad de las capitales, a veces se olvida lo que significa gobernar bajo una amenaza constante.
Desde 2018, al menos 25 alcaldes o exalcaldes han sido detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, secuestro o incluso homicidio. Los casos se concentran en entidades como Estado de México, Puebla, Chiapas y Jalisco.
La lista incluye militantes de prácticamente todos los partidos. Esto confirma que el problema no es partidista, sino estructural. El crimen organizado apunta a los Gobiernos municipales porque ahí encuentra la puerta más vulnerable: autoridades con recursos limitados, policías mal pagadas y economías locales fácilmente capturables.
Blindar los municipios exige una estrategia integral que ya se está llevando a cabo: fortalecer policías locales, garantizar recursos suficientes, establecer mecanismos de supervisión estrictos y, sobre todo, reconstruir la comunidad.
En este contexto, es fundamental respaldar a la presidenta y su Estrategia Nacional de Seguridad. La detención de autoridades vinculadas al crimen no debe verse como un golpe político, sino como un acto de justicia. Y, al mismo tiempo, el pueblo de Tequila debe recibir acompañamiento, ya que hoy enfrenta el desafío de recuperar su tranquilidad en medio de una amenaza real.
La paz duradera no se construye de la noche a la mañana. Requiere coordinación entre órdenes de gobierno, perseverancia y voluntad política. El Gobierno de México ha demostrado que esa voluntad existe. La detención llevada a cabo en Tequila es, sin duda, un paso importante, pero falta mucho: desmantelar redes, fortalecer instituciones locales y ofrecer alternativas reales.
La historia nos enseña que el crimen organizado no se retira por buena voluntad. Solo se le enfrenta con instituciones fuertes, justicia sin privilegios y un pueblo consciente. La presidenta ha marcado el rumbo: cero impunidad, cero complicidad y cero tolerancia. Tequila es prueba de ello y, también, un llamado a redoblar esfuerzos, porque la paz sigue construyéndose todos los días.
Coordinador de los diputados de Morena
X: @RicardoMonrealA