El pasado 22 de febrero se cumplieron 108 años del infame asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, a manos de los golpistas encabezados por el usurpador Victoriano Huerta. En ese contexto, el 23 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una misiva a la gobernadora de Sonora, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a los gobernadores del resto de las entidades federativas del país, para establecer un acuerdo nacional en favor de la democracia, concretamente, exhortándolos a no intervenir en apoyo de candidaturas de partido político alguno, a no permitir el uso de recursos públicos con fines electorales y, en suma, a cuidar la legalidad de los próximos comicios del 6 de junio.
Este llamado, inspirado en las cartas que el presidente Madero enviaba a funcionarios de la época con el mismo propósito, es especialmente importante, tomando en cuenta que en México los fraudes electorales llegaron a ser una tradición impuesta desde el propio Poder Ejecutivo federal, mediante el famoso destape y el dedazo con que un presidente designaba a quien lo sucedería, en una especie de dinastía política que impedía a la ciudadanía ejercer su derecho a elegir a sus representantes y decidir el rumbo de la nación.
Al momento de escribir estas líneas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de Baja California, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas ya hicieron pública su decisión de adherirse al acuerdo propuesto por el titular del Ejecutivo federal, sin embargo, los mandatarios de Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, Durango y Tamaulipas, que conforman el bloque opositor al presidente, condicionaron su adhesión al acuerdo por la democracia a que las y los servidores de la nación dejen de participar en las brigadas que implementan la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México, así como a que el documento sea firmado bajo la autoridad del Instituto Nacional Electoral. Además, manifestaron su absoluto respaldo al gobernador de Tamaulipas, con excepción de los gobernantes de Jalisco y Chihuahua, que tomaron distancia del particular.
Cabe recordar que el gobernador de Tamaulipas enfrenta acusaciones ante la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada, por lo que ya comenzó en la Cámara de Diputados un proceso de desafuero en su contra, lo que algunos gobernadores de oposición interpretan como uso de instituciones del Estado para someter a adversarios políticos, sin tomar en cuenta la autonomía de que goza la Fiscalía desde el comienzo de la Cuarta Transformación, en 2018.
La respuesta de estos integrantes del bloque opositor al Gobierno federal refleja una serie de contradicciones ideológicas que se traducen en ambigüedades. Por una parte, anuncian la aceptación del acuerdo, pero, por otra, anteponen condiciones para ello. Siguiendo las reglas que rigen la creación de convenios, cuando una propuesta no se acepta de manera lisa y llana, sino que la respuesta implica modificaciones, se entiende como una nueva proposición y por lo tanto no tiene efectos de aceptación. Es decir, aunque no se permitieron rechazar públicamente una propuesta tan sensata y necesaria como la formulada por el presidente de la República, su incompatibilidad ideológica los llevó a incorporar más elementos de fricción, al desviar la atención con nuevos intentos para desprestigiar el esfuerzo de la aplicación democrática de las vacunas anti-Covid-19.
Asimismo, en su comunicado, estos gobernadores del bloque opositor al Gobierno federal expresan su confianza en las instituciones de justicia, pero acusan a la FGR de ser instrumento de persecuciones políticas. Prejuzgando sobre una investigación en curso, afirmaron que defenderán y respaldarán al gobernador de Tamaulipas de una supuesta embestida política desde Palacio Nacional, utilizando todos los instrumentos a su alcance, sin llegar a precisarlos y sin considerar los límites de sus competencias en la investigación de delitos y la procuración de justicia, lo que de hecho se puede interpretar como un intento de alterar el orden legal: precisamente aquello de lo que el presidente les solicitó abstenerse.
Demandar la eliminación de las y los 30 mil servidores de la nación que conforman las brigadas de vacunación, con escasos 12 integrantes cada una, para hacer frente a la crisis sanitaria más grave de la historia reciente de la humanidad, sólo se puede entender desde el desconocimiento del enorme reto logístico que implica la aplicación de la vacuna en todo el territorio nacional —especialmente en las comunidades más apartadas—, así como de la colaboración y corresponsabilidad que existe entre el personal de las diversas instituciones del sector salud, Sedena, Marina y voluntariado que las integran. O, peor aún, se puede comprender como un acto de mezquindad.
¿Cómo enfrentarían estos retos los gobernantes de oposición? El futuro nos lo dirá. Desde el pasado 22 de enero, el Ejecutivo federal giró instrucciones para permitirles la compra de vacunas. Transcurrido un mes, la gobernadora Claudia Pavlovich y ocho gobernadores anunciaron la adquisición de 20 millones de dosis para aplicar en abril, sin que hasta ahora exista mayor información sobre los planes locales de vacunación.
En estos tiempos de crisis, las y los servidores públicos tenemos la obligación de colaborar incondicionalmente en favor del bienestar popular, de la defensa de nuestra democracia y del pacto federal, anteponiendo el interés público a los intereses políticos, partidistas y electorales. En palabras del Apóstol de la Democracia: el poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional.
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