Este sábado se cumplieron seis años desde la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Guerrero, lo que representa una de las violaciones más graves a los derechos humanos que han sucedido en el país, con la participación de cuerpos de seguridad presuntamente coludidos con el crimen organizado.
Las investigaciones estuvieron a cargo de la extinta Procuraduría General de la República, la cual determinó que los estudiantes fueron entregados a un grupo del crimen organizado que los habría asesinado y posteriormente incinerado en el basurero de Cocula, lo que fue conocido como la verdad histórica, la cual, lejos de brindar justicia y certidumbre a las madres, a los padres y a todo el país sobre el paradero de los jóvenes, dejó abierta una herida que hasta hoy causa dolor.
El caso Ayotzinapa es el ejemplo más claro de cómo en el pasado se utilizaban las instituciones no para beneficio de las y los mexicanos, sino como cortinas detrás de las cuales se escondían quienes integraban la administración pública, para evitar rendir cuentas y para fabricar escenarios que los protegieran de cualquier acto u omisión, pero no para encontrar la verdad o para procurar justicia. Terminar con la lógica de las instituciones como barrera entre las autoridades y la sociedad, y sustituirlas por puentes que permitan tener una relación adecuada es fundamental para poder reparar el tejido social que por tanto tiempo se fue desgarrando en México.
Por ello, en diciembre de 2018, en cuanto Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente de la República, emitió un decreto para crear la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, un mecanismo de coordinación política creado con el objetivo de que todas las dependencias y entidades destinen y apliquen los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran, a fin de fortalecer el ejercicio del derecho a conocer la verdad que tienen las y los familiares de las víctimas del caso.
En consonancia con ese compromiso, en el marco de los seis años desde aquellos lamentables hechos, el presidente de México recibió a familiares de los estudiantes desaparecidos, y se presentó un informe sobre el caso, así como las investigaciones realizadas en el nuevo gobierno. Algo que resalta en el documento es que han iniciado procesos penales contra elementos del batallón militar destacamentado en Iguala; además, se ha detenido a integrantes del cártel Guerreros Unidos, de fuerzas armadas y de seguridad, a policías municipales y diversas personas servidoras públicas.
Uno de los avances más importantes es que la Fiscalía General de la República atrajo la investigación, y ha recabado pruebas de cómo las autoridades anteriores quisieron esconder los hechos. Además, ya se judicializan órdenes de aprehensión contra funcionarios federales implicados en el montaje de recolección de restos en el río San Juan, lo que representa la ruptura del pacto de silencio que había en el viejo régimen.
El presidente López Obrador se solidarizó una vez más con la digna búsqueda de las y los familiares de los estudiantes, y reafirmó su compromiso de encontrarlos, sin ceder a presiones de ningún tipo: “no estoy aquí por la delincuencia organizada o la delincuencia de cuello blanco, yo estoy aquí por el pueblo, por eso soy libre; no soy un títere, un pelele de ningún grupo”.
En tal sentido, en el Senado de la República recientemente se aprobó por unanimidad el reconocimiento de la competencia del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, creado en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, para establecer comunicaciones con quienes hayan sufrido de la privación de su libertad por elementos del Estado o en nombre de éste.
El procedimiento para que la Convención se volviera vinculante ya había iniciado en febrero de 2007, cuando en el Diario Oficial de la Federación fue publicado el decreto por el que se aprobaba la Convención, que fue ratificada a inicios de 2008, y a mediados de 2011 se publicó el decreto de su promulgación, pero tuvieron que pasar casi diez años para que en el Senado existiera la voluntad de cumplir con esta exigencia de familiares y de la comunidad internacional.
Después de seis años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y de décadas de abusos por parte del viejo orden que imperaba en México, hoy aún se siente la indignación, pero también hay esperanza. En el cambio de régimen impulsado por el Gobierno federal, las instituciones están finalmente al servicio de la sociedad y no en su contra. Ahora el derecho a la verdad y a la justicia de las y los mexicanos es un objetivo principal que persigue el Estado mexicano, lo cual es un reflejo de la honestidad con la cual se están conduciendo los asuntos públicos.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
