La operación militar en la que perdió la vida el Mencho fue impecable. Además, el impacto mediático logrado sentó un gran precedente que elimina la percepción de vulnerabilidad que perseguía al Estado Mexicano.
Sin embargo, descabezar a una organización criminal no significa su aniquilamiento, sino una restructuración interna donde los espacios vuelven a ser ocupados por quienes estaban esperando entrar al relevo generacional.
La estructura organizacional de tipo corporativo que hoy tienen los grandes cárteles evita que la sobrevivencia del grupo criminal dependa de un líder o caudillo. Si no fuese así no hubiesen logrado la expansión internacional que han alcanzado.
No hay universidad que sea capaz de formar empresarios tan efectivos, como nos lo ha demostrado el talento emprendedor existente en estas organizaciones delictivas autodidactas.
Sin embargo, la renovación de cuadros en una actividad sumamente peligrosa como lo es el ámbito delincuencial, se resuelve violentamente.
Es de reconocerse el mérito del gobierno mexicano derivado de este operativo. Sin embargo, ¿ahora qué sigue?
Es evidente que el crecimiento de las estructuras delictivas no sería posible sin la protección de funcionarios públicos de alto nivel. En la era de la transparencia y el control que ofrece la tecnología informática, la pasividad de la UIF es preocupante.
Seguir la ruta del dinero es determinante para combatir a las estructuras delictivas.
Además, la forma en que este gobierno ha arropado y protegido a funcionarios de muy alto nivel que han sido cuestionados, -y hasta acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada-, genera sospechas respecto a si existe una genuina voluntad política de acabar con la violencia y el crimen organizado.
Ni los gobiernos priístas fueron tan complacientes como lo es este régimen morenista, que aplica la justicia con rigor sólo en contra de los de fuera de sus colores partidistas, pero es omiso respecto a los que están dentro de sus filas.
No olvidemos a los tres gobernadores priístas encarcelados por corrupción y delincuencia organizada durante el gobierno de Peña Nieto. En cambio, ni uno de las filas morenistas ha sido sometido a juicio.
La respuesta de la presidenta respecto a este cuestionamiento estuvo fuera de lugar cuando pidió mejor seguir hablando de García Luna, lo cual significa echar el balón hacia dos sexenios completos atrás, o sea, remontarnos casi quince años. Respuesta que evade las responsabilidades de este régimen.
La ciudadanía está esperando ver a los primeros grandes capos de la “narcopolítica” en la cárcel y no sólo a funcionarios de mediano nivel, -así como a policías y alcaldes-, que sin duda también deben ser castigados.
La ciudadanía tiene su lista con nombres de narcopolíticos claramente identificados y muy definidos, los cuales han sido arropados una y otra vez desde lo más alto del poder político nacional apenas sus nombres salen mencionados en el ámbito mediático.
Éste es el gran pendiente.
Morena eterna
Ahora que está en discusión la reforma electoral ha quedado claro el interés de eternizar a MORENA en el poder, pues los argumentos de ahorro presupuestal en el ámbito electoral se neutralizan con el derroche evidente en este régimen.
Verdades narradas a medias
Cuando aparecieron los nombres de los pensionados con cantidades exorbitantes descubrimos que quien recibe más de medio millón de pesos mensuales es un ex líder electricista seguido de otros jubilados de CFE y de PEMEX con altas cantidades, y en los últimos lugares, -con poco más cien mil pesos-, directores generales de NAFIN y Bancomext.
Sin embargo, la presidenta a quien ha exhibido como beneficiario de jugosas pensiones es a José Ángel Gurría, ex director general de NAFIN, así como de Bancomext, quien percibe mensualmente 120 mil pesos… ¿Por qué no menciona a los otros que realmente cuadruplican la pensión de Gurría y con menos méritos profesionales?
¿A usted qué le parece?
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