Las pensiones son un grave pasivo laboral que debiese preocuparnos pues mientras el índice de longevidad aumenta, -y con ello el tiempo en que las pensiones deben estar disponibles-, disminuye el número de personas que están en activo laboralmente, y que con su pago de cuotas y retenciones se reparten el costo de lo que en el presente recibe cada pensionado.
Sin embargo, si analizamos las pensiones VIP que la presidenta pretende ajustar, vemos que las más escandalosas son las de la compañía Luz y Fuerza del Centro, una compañía pública que desapareció en 2009 y fue absorbida por CFE durante el gobierno del presidente Calderón. Sus trabajadores fueron liquidados conforme a la ley y una pequeña parte se mantuvo en pie de lucha. Era la compañía proveedora de electricidad que operaba en la Ciudad de México, así como en 80 municipios del Estado de México, dos de Morelos, dos de Puebla y cinco de Hidalgo.
Sus problemas financieros originados por su baja eficiencia hicieron insostenible su existencia. Era incapaz de generar la energía eléctrica necesaria para cubrir las necesidades de sus consumidores, llegando durante sus últimos años de existencia a comprar electricidad a la CFE para surtirla a sus clientes.
Por tanto, se convirtió en una simple revendedora de energía eléctrica, que en su rol de simple intermediario debía mantener a una plantilla de 44 mil trabajadores y 22 mil jubilados, por lo cual el presidente Calderón decidió romper este círculo vicioso y liquidar a este organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Sin embargo, el sindicato de LyFC, -al mando de su líder Martín Esparza Flores-, siguió en activo manteniéndose con el cuantioso patrimonio de esta organización gremial, inconformándose contra la extinción de esta empresa pública durante varios sexenios.
Ellos y su grupo cercano se mantuvieron en batalla, participando en cuanto movimiento social surgía en nuestro país, manteniéndose con el capital del sindicato, o sea las cuotas que aportaron sus trabajadores en activo durante los años que esta empresa estatal dio servicio.
Seguramente su participación fue muy importante en el movimiento político de López Obrador cuando éste fue oposición y quizá de ahí vino el compromiso con este grupo sindical que ya no tenía empresa ni institución, pero sí dinero. De este modo, cuando López Obrador llegó a la presidencia les reconoció supuestos derechos laborales y los pensionó generosamente en el año 2023.
Este sindicato, -sin empresa ni institución que los mantenga-, tiene a 3,504 jubilados con una pensión mensual superior al sueldo de nuestra presidenta, además de los otros 10,500 jubilados también de LyFC, que reciben generosas pensiones, la mayoría de ellas superiores a los 100 mil pesos mensuales.
En contraste los de CFE que ganan más que nuestra presidenta son 2,199 jubilados; seguidos de 544 de PEMEX. Le sigue Bancomext con 22, Banobras con 19 y NAFIN con 9.
La misma presidenta reconoció en la mañanera que hay un pensionado de LyFC que recibe mensualmente un millón de pesos, o sea doce millones al año por no hacer nada.
Esto es escandaloso pues nos refiere a corrupción absoluta. Seguramente el dinero de estas pensiones VIP de Luz y Fuerza del Centro se pagan directamente desde la Secretaría de Hacienda con el dinero de todos los mexicanos.
Mientras tanto la mayor parte de los pensionados mexicanos, después de una larga y productiva vida laboral en la iniciativa privada, obtienen sólo lo necesario para sobrellevar su vejez, pero el estado recompensa generosamente a sus propios trabajadores.
En la encrucijada
México se encuentra en una encrucijada en el ámbito de la competitividad. La violencia ejercida por la delincuencia a través de la extorsión en contra de empresas ya empezó a rebasar el ámbito de la micro y pequeña empresa y empieza a presionar a las trasnacionales, antiguamente intocables por los delincuentes.
El asesinato de los mineros que laboraban en la empresa minera canadiense Viszla Silver Corp, -que opera una mina en el municipio de La Concordia, Sinaloa-, pone en evidencia la vulnerabilidad de las empresas frente al crimen organizado.
Este es el mensaje que reciben desde México los inversionistas alrededor del mundo.
Los mineros fueron secuestrados y asesinados en represalia a la negativa de la empresa a pagar la extorsión exigida como “derecho de piso”.
Abusos laborales
El caso del despido de Marx Arriaga ha evidenciado también desaseo en el manejo de los derechos laborales en la infraestructura de gobierno. Lo despidieron e intentaron sacarlo de su oficina por la fuerza, sin haberle enviado el documento de su destitución.
La forma en que en la 4T se despide a los funcionarios públicos no respeta la dignidad de los trabajadores.
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