El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU ha preparado un informe donde define que en México este delito ha alcanzado tal magnitud que puede considerarse un crimen de lesa humanidad y pretende llevar esta denuncia ante la Asamblea General de este organismo.
Sin embargo, nuestro gobierno no acepta este estudio y se victimiza considerándolo “tendencioso, sesgado y carente de rigor”.
Evidentemente este gobierno culpa de este problema a la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y no acepta que el problema no sólo se ha recrudecido durante estos últimos años, sino que ha habido una política intolerable de minimización del problema y una ofensiva actitud de indiferencia.
Este régimen se ha caracterizado por voltear hacia otro lado frente a los problemas que debiese resolver. Su prioridad es retener el poder y lograr tener el mayor control posible.
Al activar la ONU el Artículo 34, más que sancionar al país, la ONU ofrece a México apoyo para solucionar este problema. Sin embargo, esto lleva implícito el reconocimiento de que este problema ha rebasado la capacidad del Estado Mexicano, lo cual ofende a nuestro gobierno.
No podemos olvidar el conflicto generado cuando Karla Quintana, -en esa época comisionada nacional de búsqueda-, fue presionada por el presidente López Obrador para manipular el censo de desaparecidos, -a fin de minimizar el número-, lo cual le orilló a ella a presentar su renuncia. Sin embargo, hoy ella trabaja para la ONU como especialista en este tema.
Tampoco podemos olvidar las veces en que López Obrador acusó a los grupos de madres buscadoras que pedían ser recibidas por él, de estar orquestando una campaña en contra de su gobierno. Y qué decir de la estrategia “abrazos y no balazos”, que significó dejar el país en manos de la delincuencia organizada, lo cual aumentó el número de desaparecidos.
Durante el sexenio pasado, -que marca el inicio de este régimen-, las madres buscadoras y familiares de desaparecidos corrieron riesgos para realizar su labor, lo cual ha significado que varias de ellas hayan sido asesinadas.
Desde 2010 hasta marzo del 2026, han sido asesinadas o desaparecidas 43 personas buscadoras y en el último año 07 de ellas han sido ejecutadas y 4 son consideradas desaparecidas.
Lo que queda evidente es que este régimen ha privilegiado los intereses políticos por encima de los temas vinculados con la violencia, a costa del dolor de las familias que han perdido a un familiar. Esta omisión ha distraído al estado mexicano de su responsabilidad para resolver el problema … ignorándolo.
Que el Estado Mexicano no ejecute de forma directa las desapariciones de ciudadanos no lo exime de responsabilidades.
Solamente con no cumplir la obligación fundamental de cualquier gobierno, -en cualquier parte del mundo-, de proteger la integridad de sus ciudadanos, adquiere la responsabilidad de lo sucedido.
La habilidad retórica de este régimen, -iniciado desde López Obrador-, de desviar las responsabilidades transfiriéndolas hacia quienes les antecedieron y no asumir las responsabilidades propias, es una traición a las promesas de campaña del 2018.
Las 130 mil personas desaparecidas en México representan una herida sangrante que exige justicia.
Los esfuerzos realizados por este gobierno en contra del crimen organizado se orientan al combate en contra del tráfico de drogas, lo cual responde a las presiones del gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, poco se hace para resolver los problemas derivados de la violencia que afecta a los mexicanos.
Retórica estilo 4T
Cada vez que surge un tema incómodo para el gobierno como un guion previamente aprendido surge la respuesta reactiva … ¿Y tú dónde estabas cuando García Luna … ? y ¿cuando Calderón… ?... ¿Y cuando la estafa maestra…? … ¿Y cuando explotó Chernobyl …? Todos los funcionarios de filiación morenista responden igual.
¿Dónde está la política de rendición cuentas claras a la ciudadanía?
Definitivamente es más cómodo ser oposición contestataria como lo fue López Obrador, que asumir las responsabilidades de gobernar.
Se les olvida que la gente votó para que se solucionara lo que hicieron mal sus antecesores.
Democracia estilo Tabasco
El día 21 de marzo se preparaba la asamblea estatal extraordinaria de la Unión Democrática por Tabasco, para atender observaciones realizadas por el instituto electoral de ese Estado, con el objetivo de formar un partido político local.
Sin embargo, este día, -programado para la realización de la asamblea-, sucedieron intervenciones de autoridades policiacas locales que impidieron a los convocados llegar a participar en esta reunión, por lo que ésta no pudo llevarse a cabo.
Los convocantes piden una investigación seria que deslinde responsabilidades.
¿A usted qué le parece?
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