México es un país que vive en la desconfianza crónica. El ciudadano desconfía de las autoridades y las autoridades desconfían del ciudadano.
Es el único país que conozco, -del primer mundo-, donde un contrato debe firmarse hoja por hoja para evitar que alguna de las partes sustituya alguna de las cláusulas.
En los demás países desarrollados sólo se firma la última hoja avalando su conformidad con todo el contenido.
En el ámbito de la impartición de justicia la desconfianza es un grave problema que nos impide lograr la legitima aspiración de sentirnos protegidos por el Estado de Derecho.
La autoridad continuamente nos miente y por tanto, -cuando nos da una resolución-, desconfiamos de ella.
Hoy nos dice el Gobierno de la República que después de muchos estudios para deslindar responsabilidades por el accidente del Tren Interoceánico, los únicos responsables fueron los operadores del tren… por imprudentes.
Sin embargo, ¿quién nos garantiza que no son chivos expiatorios para proteger a los verdaderos culpables? … sobre todo cuando éstos son muy poderosos, pues inicialmente hubo sospechas de la mala calidad del balastro utilizado en las vías y los proveedores de este insumo fueron personas vinculadas familiarmente con funcionarios del más alto nivel político del país.
¿Quién, -o quiénes-, realizaron la investigación? ¿qué tanta autonomía tuvieron?
Hay testimonios que dejan claro que el tren accidentado no llevaba velocímetro y las cámaras no funcionaban. Ello refleja las responsabilidades de quienes administran este sistema ferroviario. Sin embargo, fue más fácil para la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, responsabilizar a los operadores del tren y exonerar a quienes lo administran.
La opacidad en la construcción de las obras icónicas del presente régimen es protegida con cinismo, ocultando la información judicialmente, calificándola como reservada durante varios años, para que si hubiese delitos éstos ya hayan prescrito cuando la información pueda ser consultada.
Antes … -en la era del neoliberalismo-, las obras públicas se sometían a concurso, -y aun así seguramente había corrupción y simulación-, pero en este régimen son de asignación directa en un entorno de opacidad.
Al eliminar los organismos como el INAI, -que garantizaban la transparencia-, el gobierno se convierte en juez y parte, pues desde la sociedad no hay forma de investigar.
Este régimen ha cooptado todo y nos pone en posición vulnerable como sociedad.
Somos uno de los pocos países donde el ciudadano es culpable de lo que le acuse el Estado Mexicano, hasta que no pruebe su propia inocencia. Por ello la SCJN definió legal que la UIF congele cuentas bancarias cuando sospeche la posibilidad de un delito, sin que un juez haya valorado las pruebas. También que se otorgue la prisión preventiva oficiosa cuando el Poder Judicial sospeche que el indiciado pueda escapar, sin importar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que esta práctica común y cotidiana en México contraviene lo definido en la Convención Americana de Derechos Humanos, -realizada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969-, de la que nuestro país formó parte y en la cual se comprometió a respetar sus postulados.
Por tanto, la desconfianza gubernamental genera acciones violatorias de los derechos humanos básicos.
Hay una crisis de credibilidad ciudadana respecto a todo lo que diga cualquier autoridad gubernamental y este régimen ha destruido todos los esfuerzos encaminados a construir ese andamiaje institucional que un día nos hubiese podido llevar a edificar un país donde la confianza fuese la norma y para desconfiar hubiese que desenmascarar la mentira.
López Obrador pretendió en sus mañaneras hacer de su propia palabra una garantía de certeza pública. Sin embargo, pretendió sustentar esa confianza en una retórica sin bases, en la cual los hechos desacreditaban sus palabras.
La actual crisis de confianza es un cáncer social y político que está dinamitando el Estado de Derecho y la certeza jurídica, en un mundo globalizado que exige garantías para proteger la inversión de capital en un país.
Más de desapariciones
Hay más preocupación en la presidenta Sheinbaum por deslegitimar la resolución del Comité de Desapariciones de la ONU, que por resolver el problema.
El gobierno mexicano podrá defenderse y confundir a los organismos internacionales, pero no puede engañar a los mexicanos.
Visceral y sin sustento la respuesta, con una agresividad desmedida que pone en evidencia el alto impacto que ha tenido que se haya evidenciado internacionalmente un delito tan cotidiano y grave a la vez.
Las desapariciones ponen en evidencia la inseguridad que prevalece en nuestro país y ello puede impactar la inversión extranjera y el turismo.
Sin embargo, la improvisación manifestada en el lenguaje y los argumentos, seguramente magnifica en el extranjero la percepción de veracidad de este reporte. En la medida de lo que se pretende descalificar, transmite la percepción de gravedad el problema y de falta de control.
La CNDH
La hija de la primera madre buscadora de México es precisamente la cabeza del organismo que protege al gobierno de las acusaciones ciudadanas.
Lamentable la posición de la CNDH respecto al diferendo entre el Gobierno de México y el Comité de Desapariciones de la ONU.
En contraste, la actitud positiva de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México frente a este documento proyecta una visión madura y congruente con su misión.
Manipulación del padrón de militantes
Guadalupe Acosta Naranjo, -vocero del partido en proceso de registro Somos México-, ha denunciado que MORENA ha realizado acciones de desestabilización en su contra, registrando ante el INE como militantes suyos a muchos votantes que ya habían sido empadronados como miembros de Somos México.
De este modo la duplicidad nulifica el registro de estas personas y pone en riesgo el objetivo de alcanzar el número mínimo de militantes empadronados para lograr el registro de este nuevo partido.
Confusión en el Olimpo
“No es absoluto el derecho de propiedad desde hace tiempo…” dijo la ministra de la SCJN Estela Ríos.
Cuando se quiere defender lo indefendible se corren estos riesgos. Quizá ella no se de cuenta, pero con declaraciones como ésta se deteriora la imagen pública de un funcionario público, -y tratándose de tan alta jerarquía en el Poder Judicial-, se pone en duda la justicia de futuras resoluciones de tan alto tribunal.
Es inevitable la comparación entre el nivel intelectual de varios ministros de esta Corte y los que ocuparon este honroso cargo con anterioridad, mismos que fueron defenestados injustamente por un capricho presidencial.
¿A usted qué le parece?
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