El pasado 12 de enero, las consejeras y los consejeros que integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral entregaron formalmente sus propuestas institucionales en materia electoral a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presidida por Pablo Gómez.
Con ello, el Instituto puso a disposición de dicha Comisión un documento que sistematiza diagnósticos, evaluaciones y propuestas normativas construidas a partir de la experiencia acumulada en los procesos electorales federales, locales y extraordinarios más recientes.
El enfoque del INE es deliberadamente técnico. No plantea una refundación del modelo electoral ni una ruptura con los equilibrios constitucionales vigentes. Parte, más bien, de un reconocimiento institucional: el sistema electoral mexicano ha garantizado elecciones competitivas y alternancia política, pero enfrenta tensiones normativas relevantes ante escenarios de creciente complejidad, particularmente por la concurrencia de elecciones de distinta naturaleza —incluida, por primera vez, la elección de personas juzgadoras— y por la sofisticación de las estrategias partidistas.
Uno de los ejes que mayor atención ha generado es el relativo a la representación política y la sobrerrepresentación legislativa. El INE propone preservar el principio de representación proporcional, pero sugiere analizar el límite constitucional de sobrerrepresentación y formalizar criterios legales que eviten simulaciones derivadas de coaliciones, con el objetivo de fortalecer la correspondencia entre votos obtenidos y escaños asignados. Esta propuesta no es menor: reconoce que, aun actuando conforme a la literalidad de la norma vigente, se han producido resultados que tensionan el principio de igualdad del voto.
Este planteamiento se inserta en un debate académico vigente. Desde una postura crítica, la obras coordinada por María Marván Laborde, José de Jesús Orozco Henríquez y Diego Valadés han sostenido que ciertos escenarios de sobrerrepresentación excesiva pueden resultar incompatibles con el diseño constitucional del artículo 54, al desdibujar la función correctiva de la representación proporcional y generar mayorías legislativas que no reflejan fielmente la voluntad ciudadana. Bajo esta óptica, el problema no es únicamente legal, sino constitucional y democrático.
En contraste, el libro Entre la Constitución y la campaña mediática, coordinado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo la coordinación del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y la Dra. Tello Mendoza, Martha Alejandra Tello Mendoza, ofrece una defensa detallada de la sentencia SUP-REC-3505/2024, que resolvió la asignación de diputaciones de representación proporcional en 2024. Desde esta perspectiva, la sobrerrepresentación observada no sería producto de una violación constitucional, sino de la aplicación estricta del marco normativo vigente, frente a un debate público marcado —según esta obra— por simplificaciones y falacias mediáticas.
Cabe señalar que la relevancia política de esta discusión se reavivó recientemente con la polémica pública entre el diputado Sergio Gutiérrez Luna y el exconsejero presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello. Mientras el legislador defendió la constitucionalidad de la integración actual de la Cámara de Diputados, acusando una lectura política del tema de la sobrerrepresentación, Córdova Vianello sostuvo que el fenómeno plantea un problema estructural del sistema electoral que amerita una revisión normativa para evitar mayorías artificiales.
En este contexto, la propuesta del INE , no toma partido explícito en el debate doctrinal, pero reconoce que la persistencia de interpretaciones encontradas revela la necesidad de mayor claridad constitucional y legal. Analizar el límite de sobrerrepresentación y regular con mayor precisión los efectos de las coaliciones busca, precisamente, reducir la discrecionalidad interpretativa y dotar de mayor previsibilidad al sistema.
Más allá de este punto, el documento del INE aborda otros ejes sustantivos. En materia de acciones afirmativas, propone consolidarlas como mecanismos permanentes, irreductibles y regulados de manera uniforme, con el fin de garantizar una representación efectiva —y no solo formal— de grupos históricamente discriminados, conforme al principio de progresividad constitucional.
En el ámbito de financiamiento y fiscalización, el Instituto desplaza el debate del monto del gasto hacia la calidad del control. Propone un sistema nacional de fiscalización con coordinación interinstitucional real, regulación expresa del gasto digital y eliminación de obstáculos normativos como la indebida invocación del secreto ministerial, que ha limitado el acceso oportuno a información relevante.
Un aspecto menos visible, pero de gran calado estructural, es la propuesta de reformar la Constitución para fortalecer la educación cívica, reconociendo de manera expresa la obligación del Estado de garantizar una formación democrática permanente vinculada al ejercicio informado de los derechos político-electorales, a través de un Plan Nacional de Educación Cívica y Democrática. Con ello, el INE sitúa la participación ciudadana no solo como un acto procedimental, sino como un proceso formativo continuo.
Finalmente, el documento dedica un apartado específico a la elección de personas juzgadoras, reconociendo que el diseño normativo vigente generó inequidades materiales, restricciones comunicativas y vacíos sancionatorios. De ahí la propuesta de revisar reglas de financiamiento, gastos permitidos, topes de campaña y causales de nulidad, así como de fortalecer las capacidades institucionales del propio INE mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas. En particular, éste órgano propone que la elección del Poder Judicial no sea concurrente con la de los poderes Ejecutivo o Legislativo, ajustando el calendario del proceso electoral judicial para que el inicio del proceso tenga lugar en enero del año de la elección; que las campañas electorales se desarrollen durante los meses de agosto y septiembre, con una duración de sesenta días; y que la jornada electoral se celebre el último domingo de octubre del mismo año.
En suma, las propuestas del INE frente a la reforma electoral de 2026 conforman un marco técnico que pone de relieve los puntos de fricción del diseño normativo vigente, aportando elementos objetivos para la discusión legislativa, identificar áreas de ajuste y contribuir a una deliberación más informada sobre las reglas que estructuran el sistema electoral mexicano.
